El Ministerio de Consumo investigará a las empresas que ofrecen servicios en territorios palestinos ocupados

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a investigar a aquellas empresas que publiciten en España bienes o servicios procedentes de los territorios palestinos ocupados por el Estado de Israel. La iniciativa, avanzan desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, se enmarca en el real decreto aprobado la semana pasada por el Gobierno de coalición, que declara ilícita la publicidad tanto de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales como de los servicios prestados en ellos. El real decreto, publicado el 23 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado, considera esta práctica como publicidad ilícita, prohíbe además la importación de productos procedentes de dichos asentamientos, veta las transferencias de material de defensa o de doble uso a Israel y obliga a especificar el código postal de origen en las mercancías israelíes para garantizar la trazabilidad de su procedencia.

La Dirección General de Consumo será la encargada de investigar si existen empresas que, aprovechando la ocupación, han llevado a cabo actividades de comercialización en España. El ministro Bustinduy ya había adelantado en julio, durante la presentación del acto Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina, que su departamento pondría “todos los recursos que sean necesarios” para asegurar que ninguna compañía que opere en España tenga sus cuentas de resultados “manchadas con la sangre del pueblo palestino”.

Desde el departamento que dirige Bustinduy se considera que mantener esta oferta de servicios en el mercado español “contribuye a perpetuar los esfuerzos coloniales de Israel en los territorios palestinos y el genocidio cometido en la Franja de Gaza, lo que constituye una actividad ilícita según el derecho internacional”, explican en el ministerio.

Consumo, por lo tanto, investigará a las empresas que estarían aprovechándose de esta ocupación. Para ello, se nutrirá de la información disponible en el informe publicado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio. En ese documento, la representante de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados señaló con nombre y apellidos a varias compañías que se estarían beneficiando económicamente de la ocupación de estos territorios.

La relatora incluyó, entre otras, a la empresa española Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles (CAF), a la que acusaba de participar en la ampliación del Tren Ligero de Jerusalén, con nuevas líneas y estaciones que conectan colonias ilegales con Jerusalén Occidental, la parte de la ciudad reconocida internacionalmente como israelí. Mientras otras compañías se habían retirado por la presión internacional, CAF continuó vinculada al proyecto.

El informe también denunciaba que más de 371 colonias y asentamientos ilegales han sido levantados con excavadoras y maquinaria pesada de empresas como Caterpillar (EE UU), Hyundai (Corea del Sur) y Volvo (Suecia), usadas también para demoler las viviendas de los palestinos en los mismos territorios. Hanson, la filial israelí de la alemana Heidelberg, habría suministrado millones de toneladas de piedra para construir casas para los colonos.

El documento subrayaba la colaboración de entidades estadounidenses como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) para dotar a los drones israelíes de la capacidad de atacar en enjambre, de IBM para crear una base de datos biométricos de la población palestina, y de Palantir para aplicar inteligencia artificial a los bombardeos sobre Gaza mediante programas de selección de objetivos como Lavender. También se mencionaba a Microsoft y Alphabet en la parte tecnológica y, en la financiera, a entidades como BNP Paribas y Barclays, junto a Blackrock, Vanguard y PIMCO, filial de Allianz, en el apartado de los fondos de inversión y de pensiones.

El Ministerio de Consumo recuerda que iniciativas similares ya están en marcha en otros vecinos europeos, como en Países Bajos, donde la fiscalía ha abierto investigaciones por presunto blanqueo de capitales vinculado a estas actividades. El objetivo, explican desde el ministerio, es avanzar para garantizar que “cualquier empresa con actividad en España abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente”.

La iniciativa de Consumo coincide con la publicación, esta vez la semana pasada, de un nuevo informe por parte de la ONU que señala a 158 empresas que desarrollan actividades en la Cisjordania ocupada por Israel. De ellas, 138 son israelíes y 20 son extranjeras, repartidas entre 10 países. España figura como el segundo país no israelí con mayor presencia en la lista, con cuatro compañías: por un lado están la ingeniería Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, y ACS, el gigante de las infraestructuras. Las dos han rechazado las acusaciones. Por otro están la firma de montaje industrial SEMI (filial de ACS anterior hasta 2021) y, de nuevo, la vasca CAF.