La pública Ineco y ACS rechazan tener actividad en la Cisjordania ocupada por Israel tras aparecer en una lista negra de la ONU

Una de las mayores referencias del sector público empresarial español, la ingeniería Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, ha aparecido en la lista de compañías que operan en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada. Los nombres son recopilados y denunciados por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En total son 158 empresas, de las que cuatro tienen origen español y 138 son de Israel. Además de Ineco, la ONU señala al mayor grupo español de infraestructuras, ACS, a la firma de montaje industrial SEMI, que fue propiedad de ACS hasta 2021, y al fabricante vasco de trenes CAF.

La organización sostiene que las cuatro españolas han participado de algún modo en proyectos ferroviarios en Israel, en especial en la red de tranvía de Jerusalén, que enlaza esa ciudad con distintos puntos de territorios palestinos ocupados. El listado atiende a actividades entre el 2 de agosto de 2019 y el 30 de abril de 2025.

De Ineco resalta “la prestación de servicios que apoyan el mantenimiento y la existencia de los asentamientos, incluido el transporte”. Desde el Ministerio de Óscar Puente se ha explicado que Ineco únicamente tiene actividad en la zona para concluir tres contratos pendientes, y se justifica que hace tiempo que no tantea nuevas oportunidades de negocio. En todo caso, poner fin a esa relación contractual, que es por lo que se empieza a abogar desde el Gobierno, podría acarrear una sanción millonaria por parte de Israel. Se baraja la petición de informes jurídicos, incluso externos, para zanjar esta situación.

Ineco ha sido concreta al argumentar que la presencia en Israel se remonta a 2005, haciéndose en 2017 con trabajos en la línea ferroviaria Blue Line (participa en el diseño de un túnel de 2,5 kilómetros), pero “en territorio internacionalmente reconocido, no en territorios ocupados”, se matiza desde la afectada en un argumento que no termina de convencer aguas arriba porque la relación es con el Gobierno israelí

La ingeniería de Transportes también asevera que está rechazando encargos en Israel desde 2023. “Tras la escalada de violencia ejercida por el Estado de Israel en la franja de Gaza a partir de los atentados de octubre de 2023, la compañía revisó en profundidad su estrategia en el país e inició un proceso de desvinculación”, subraya la fuente oficial de Ineco, “este proceso se ha concretado en la renuncia expresa a participar en todas las nuevas oportunidades y pedidos de la administración y empresas israelís, así como al cumplimiento estricto de los acuerdos contractuales de desarrollo y terminación de los proyectos en curso”.

Al grupo ACS se le achaca desde Naciones Unidas “el uso de los recursos naturales, en particular el agua y la tierra, con fines comerciales”. Pero el conglomerado que preside Florentino Pérez también niega la mayor y se desvincula de cualquier actividad en el área de Israel. “Vamos a exigir que se nos saque inmediatamente de esa lista”, apunta una fuente interna de ACS. CAF, por su parte, dice haber constatado que no ha habido “ninguna vulneración de los derechos humanos” en el proyecto del tranvía de Jerusalén en el que participa. De hecho, la firma ferroviaria opina que “genera impactos positivos en la población, como han corroborado informes de expertos independientes”.

CAF defiende su contrato para la ampliación de una red de tranvía y la construcción de otra nueva en Jerusalén, integrados en el proyecto que enlaza la ciudad israelí con territorios ocupados por los colonos hebreos con el apoyo del ejército. El grupo de Gipuzkoa ya comunicó ayer que ha llevado a cabo “una evaluación inicial de los riesgos” sin identificar vulneraciones de los derechos humanos.

El grupo vasco ganó el proyecto de Jerusalén en 2019, a través de una sociedad conjunta al 50% con la constructora israelí Saphir. Una adjudicación por un importe de 1.800 millones para la construcción de una línea de tranvía y de la ampliación de otra en operación.

Otras referencias extranjeras con su nombre en la lista son las plataformas estadounidenses de reserva de viajes y alojamiento Expedia, TripAdvisor, Airbnb y Booking, la también norteamericana Motorola, las constructoras británicas JCB y Greenkote, y la ingeniería francesa Egis y su filial EgisRail.

La mayor parte de las novedades en la nómina de empresas que denuncia la ONU tienen relación con el mundo de las infraestructuras, el negocio inmobiliario y la minería. Estar presente en el listado no conlleva sanción alguna, debido a que ese trabajo de la Oficina para los Derechos Humanos es de carácter informativo. En todo caso, se ha reclamado a las empresas inmersas en esta polémica que “tomen medidas adecuadas para abordar el impacto adverso en los derechos humanos” de sus actividades.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió en 2024 información sobre casi 600 compañías presuntamente involucradas en negocios en la Cisjordania ocupada, pero hasta ahora sólo ha podido analizar una tercera parte de los casos. La elaboración del expediente se apoya en las resoluciones 31/36 y 53/25 del Consejo de Derechos Humanos, en las que se pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que confeccionara y actualizara una base de datos con la identidad de las empresas que repercuten con su actividad en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental. Este trabajo, publicado por primera vez en 2020, fue actualizado por primera vez en 2023 y sale ahora a la luz un nuevo avance del mismo.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha intervenido este viernes ante la Asamblea General de la ONU, para sentenciar que su ejército acabará con Hamás en Gaza y que su país no permitirá la creación de un Estado palestino.