¿Perjudicará el gasto en Defensa a la inversión en bienestar?

La UE se propone multiplicar su inversión en Defensa. Para seguir apoyando a Ucrania y reemplazar el paraguas de seguridad que prestaba EEUU. Nada que objetar, si no incurre en retóricas de rearme militarista que alimenten el gastar por gastar, por mera sensación de que se está a la altura.

Al contrario, la inversión europea debe cumplir cuatro criterios: invertir mejor antes que gastar más, aunque esto último sea seguramente ineludible; gastar en productos europeos; revertir la investigación militar a usos y patentes civiles; y no recortar el estado del bienestar.

Invertir mejor significa evitar duplicidades en la producción y lograr la interoperabilidad de los Ejércitos europeos. Mario Draghi recordó el martes en una conferencia que lo primero es “definir una cadena de mando de alto nivel que coordine los distintos Ejércitos”; y “concentrar la contratación para defensa, de 110.000 millones de euros en 2023, en pocas plataformas”.

Sin planificación unitaria previa, los riesgos de ineficiencia y dilapidación de recursos son inmensos. El informe Letta subrayó que “el coste asociado a la fragmentación de los mercados de defensa” en Europa supera “los 100.000 millones de euros anuales”. ¿Invertiremos 150.000 millones, como propone la Comisión en su borrador de reglamento Rearm, en armamento paneuropeo, mientras tiramos a la papelera 100.000 millones por gastos nacionales no comunitarizados? Claro que el ritmo de esa planificación global y la extrema urgencia ucraniana tienen difícil encaje.

Invertir en equipos europeos resulta esencial. Si un mínimo del 60% de las compras de material se contratan hoy con EEUU, y si Washington empieza a dejar de ser un aliado fiable, ¿de qué servirán esas adquisiciones? Solo hay un remedio: liberarlas del permiso automático que su uso requiere, casi siempre, del Pentágono, espinosa cuestión.

La tercera incógnita es el fomento de la investigación y desarrollo en defensa, y su eventual uso civil. El Libro Blanco de Bruselas se ufana de los 8.000 millones del Fondo Europeo de Defensa. Pero el Informe Draghi revela su ridículo tamaño. Entre todos los 27 dedicaron a estos efectos, en 2022, 9.500 millones: contra 140.000 millones de dólares del presupuesto de los EE UU.

Y al cabo, la incógnita más existencial para los europeos. ¿Detraerá la imprescindible inversión defensiva común, fondos europeos de cohesión o de ciencia, agenda verde, o digital? Los últimos papeles sobre la mesa en principio lo descartan, porque serán recursos de un crédito común a larguísimo plazo que se represtamizará a los Estados miembros: no dinero del presupuesto de la Unión, ni sobrantes del plan Next Generation, como se insinuó al inicio.

La amenaza es más bien de los 650.000 millones estimados –a voleo; hace poco eran solo 500.000 millones– que los 27 Gobiernos dedicarán a “sus” defensas nacionales, amparados por la suspensión parcial del Pacto de Estabilidad. Pero que queden libres de las sanciones (jamás aplicadas) del mismo no equivale a que sean sufragables por cada presupuesto nacional sin mermar el gasto social o la inversión pública productiva. Este encaje requiere explicaciones oficiales. Y datos.