Expertos proponen reducir los impuestos a la vivienda que encarecen su precio hasta un 25%

En medio de la creciente crisis de vivienda en la que hace falta más de medio millón de casas para equilibrar el mercado, el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han puesto sobre la mesa este miércoles un decálogo de medidas para paliar la falta de oferta y el incremento desmesurado de los precios en venta y alquiler. Entre las propuestas presentadas destaca la reducción de la carga fiscal que soporta la compra de una casa, que según los economistas puede encarecer el precio hasta en un 25%. En la cifra contemplan el IVA, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y las tasas municipales. Esta presión impositiva, advierten los expertos, dificulta que las familias puedan permitirse un piso en propiedad y desincentiva la inversión en promoción inmobiliaria, dificultando que se pueda aumentar la oferta de forma suficiente para aliviar el déficit habitacional. Por ello, insisten en que reducir estos tributos facilitaría la compra y dinamizaría el mercado, permitiendo una mayor oferta que contribuiría a moderar los precios.

Junto a la fiscalidad, los expertos inciden en la necesidad de modificar el marco normativo que regula el suelo en el país. “La mayoría de los planeamientos llevan incorporada la obligación de realizar entre un 30% y un 50% de las viviendas de protección oficial, y varios de ellos están paralizados por defectos menores subsanables”, ha insistido Xavier Vilajoana, presidente de los promotores y constructores de España, durante su intervención en la presentación de las medidas, donde también ha criticado la falta de agilidad administrativa. Moncloa lleva más de dos años intentando cambiar sin éxito la actual Ley del Suelo debido a la falta de apoyo de sus principales socios. El objetivo de la reforma planteada es evitar que los planes urbanísticos se anulen por errores de forma subsanables, lo que actualmente genera largos retrasos en la ejecución de proyectos esenciales, incluyendo nuevas viviendas. Sin embargo, la propuesta no ha prosperado debido a la oposición de ERC, EH Bildu o Podemos, que temen que la flexibilización de estos requisitos facilite abusos urbanísticos.

Durante la presentación, que ha estado a cargo del presidente del CGE, Valentín Pich, y del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, los expertos han insistido en que la intervención en el mercado del alquiler, con medidas como la regulación de precios en zonas tensionadas, han generado en su opinión efectos adversos, reducido la oferta de alquiler en muchas ciudades. Insisten en que los propietarios, ante la menor rentabilidad y el aumento del riesgo, han optado por retirar sus inmuebles del mercado o endurecer los criterios para seleccionar inquilinos. Esto ha impactado especialmente a las familias con menos recursos, que encuentran mayores dificultades para acceder a una casa en régimen de arrendamiento. Los expertos se han remitido al caso de Cataluña, donde el control de precios ha generado un descenso en el coste del alquiler de entre el 4% y 5%, a cambio de una caída “abismal” de la oferta del 20%. A tenor de estas cifras, han asegurado que las limitaciones de precios distorsionan el mercado en lugar de solucionarlo y han insistido en que, aunque la vivienda turística ha sido criticada en algunos sectores, su impacto en el mercado es limitado, representando una pequeña parte sobre el total de la oferta nacional.

Para ampliar la oferta ya existente y acelerar la construcción de nuevas casas, los economistas piden a la Administración evitar los cambios constantes en la legislación y reorientar la política de vivienda hacia un “menor intervencionismo”. Además, han insistido en la necesidad de que PSOE y PP alcancen un acuerdo político para reformar la normativa de vivienda y suelo. Según ellos, un pacto entre las principales fuerzas políticas permitiría evitar cambios bruscos en la regulación y asegurar una planificación a largo plazo que fomente la construcción de vivienda asequible. Tanto Vilajoana como el coordinador del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, han coincidido en que las leyes del suelo propuestas por los principales partidos son prácticamente iguales, por lo que han pedido responsabilidad política para aprobar una reforma que solucione problemas técnicos y administrativos.

La colaboración público-privada también se presenta como una herramienta clave para afrontar la crisis. Desde el sector económico se aboga por movilizar suelo público para la promoción de vivienda asequible, con fórmulas que permitan la cooperación entre administraciones y promotores privados. En este sentido, se ha insistido en que las empresas no pueden asumir todo el peso de la construcción de viviendas sin un marco estable y un mayor respaldo financiero por parte de las administraciones, por lo que se debe multiplicar por cuatro o cinco la inversión en políticas de vivienda si se quiere conseguir un mercado más equilibrado.

La otra pata de esta reforma es modernizar el sector de la construcción mediante la industrialización y la incorporación de nuevas tecnologías. El objetivo es reducir los plazos de ejecución, optimizar los costes y hacer más atractivo el sector para los jóvenes, fomentando el relevo generacional. Actualmente, la falta de mano de obra cualificada es un problema acuciante en la industria, y la modernización del sector ayudaría a generar empleo cualificado y mejorar su competitividad. Además, esta transformación permitiría, en su opinión, construir viviendas de manera más sostenible, reduciendo el impacto medioambiental y aumentando la eficiencia energética de los nuevos desarrollos. Para mitigar este déficit, Vilajoana ha propuesto recuperar la figura del aprendiz.