Las comunidades necesitarían al menos una década de ajustes para bajar su deuda al objetivo

La deuda de las comunidades ha subido como la espuma desde la crisis financiera. A partir de 2008 se ha disparado en unos 15 puntos porcentuales para el conjunto de las autonomías, hasta situarse en el 21% del PIB, muy por encima del objetivo del 13% fijado para el sector territorial en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Rebajarla hasta ese nivel supondría un viaje muy largo marcado por severos ajustes. Según los cálculos del centro de estudios Fedea, las autonomías deberían conseguir durante los próximos 10 o 20 años un superávit primario de entre el 0,5% y el 0,1% del PIB cada ejercicio, un horizonte nada realista vista la evolución presupuestaria histórica de las comunidades, sobre todo las más endeudadas. Entre ellas está Cataluña, que acumula el mayor lastre en términos absolutos y para la cual los independentistas de ERC han acordado con el PSOE una quita parcial, extensible a los demás territorios. No todos los barones regionales, sin embargo, ven con buenos ojos la medida, que será la previsible protagonista de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el 26 de febrero entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos de la rama.

“El objetivo es que las comunidades autónomas se financien de manera ortodoxa en los mercados y no con el Estado como banquero”, señala el artículo de Fedea, elaborado por el catedrático de Economía Diego Martínez López. “Y para ello, los actuales volúmenes de deuda de muchas de ellas son un obstáculo insalvable”, añade el docente de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, que tras hacer una radiografía de la situación propone alternativas a la quita que está sobre la mesa.

Para entender la situación hay que dar un paso atrás y volver a 2012, en plena crisis de la deuda, cuando el Tesoro puso en marcha unos préstamos baratos, los llamados mecanismos extraordinarios de liquidez, para ayudar a los territorios que no lograban financiarse en los mercados. A través de estas líneas de crédito, que siguen funcionando, es el Estado quien capta dinero para las autonomías a un precio más barato. Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha son algunos de los territorios que más se han beneficiado de los mecanismos y que hoy en día más dinero deben al Estado. Otras autonomías, como Madrid, tienen la cuenta a cero y se oponen a la propuesta de condonación pactada entre el Gobierno y Cataluña.

De hecho, la condonación pactada entre ERC y PSOE prevé el perdón de un 20% del pasivo que Cataluña ha acumulado con el Estado, unos 15.000 millones. Para el resto de territorios, en cambio, no se conocen aún ni porcentajes ni cuantías. Martínez López considera necesario eliminar los mecanismos extraordinarios, pues supone una anomalía porque el Estado “no es un prestamista eficiente a medio y largo plazo de otras administraciones”, aunque reconoce que retirar de repente esta muleta sería inviable para los territorios con las cuentas más maltrechas. “Este proceso de salida a mercados debe ser gradual”, zanja. Todo ello, poniendo unos condicionantes, por ejemplo atar la reestructuración o condonación a determinados ajustes fiscales para minimizar el riesgo moral de cualquier medida que se termine adoptando, y a la vez abordar la reforma del sistema de financiación, pendiente desde hace una década, del que podrían beneficiarse todos los territorios.

El camino hacia la normalidad, considera el autor, podría pasar por otras alternativas distintas a la condonación: una reestructuración basada en el alargamiento del plazo de amortización o en la reducción de tipos de interés, junto también a una extensión de plazos. La tercera opción que propone es fijar una amplio periodo de carencia en el que solo se abonen los intereses, y después de un tiempo “lo suficientemente amplio” pensar en una condonación. En último lugar, analiza la quita de parte de la deuda en manos del Estado a través de una transferencia de capital condicionada a su utilización en la amortización de los préstamos objeto de condonación, la opción que tendría mayor coste para el Estado. En cambio, el investigador descarta tocar la deuda de las comunidades que no tienen cuentas pendientes con el Estado, como Madrid, pues exigiría un cambio en la ley orgánica e introduciría una “innecesaria interferencia en las relaciones financieras” de las autonomías con los mercados.