La Airef cifra en seis décimas del PIB el impacto de la dana en la economía, casi 9.500 millones de euros

España se alejó por tres décimas del PIB del objetivo de déficit público que tenía previsto para el año 2024. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), actualizadas este jueves, el país cerró el pasado año con un desequilibrio fiscal del 3,3% del PIB, un desvío de 0,3 puntos que se explica exclusivamente por el duro golpe que ocasionó a finales de octubre la dana que sacudió la Comunidad Valenciana, y que dejó un balance de más de 200 fallecidos. “Excluyendo dicho impacto, la previsión del déficit de 2024 se mantendría en el entorno del 3% del PIB”, recalca la Airef, en línea con el propósito inicial del Gobierno. En su análisis, la Autoridad Fiscal calcula que las medidas anunciadas hasta la fecha para paliar los efectos de la catástrofe natural tendrán un impacto fiscal conjunto del 0,6% del PIB en todas las Administraciones públicas en 2024 y 2025. Este, que asciende a cerca de 9.500 millones de euros, se repartirá en el tiempo a partes iguales, con tres décimas en cada ejercicio.

A nivel central, explica el organismo que preside Cristina Herrero, el Gobierno ha aprobado medidas para contrarrestar los efectos de la dana por un importe valorado en cerca de 16.650 millones de euros a través de tres reales decretos leyes, mientras que la Comunidad Valenciana ha adoptado medidas de gasto por un valor aproximado de 1.300 millones y ha anunciado medidas de ingresos con un impacto limitado. También las corporaciones locales afectadas han adoptado iniciativas adicionales a las establecidas por el Estado. Pese a ello, el impacto de esta batería de medidas “es asumido mayoritariamente por la Administración central”. Y aunque se incluyen algunas medidas tributarias, como el aplazamiento del pago de impuestos, la mayoría implican gasto.

Sin embargo, la abultada diferencia entre los más de 18.000 millones de euros en ayudas anunciados por los diferentes niveles de la Administración y el impacto final en el déficit, de 9.500 millones, se explica por varios motivos. De entrada, calcula la Airef, unos 4.700 millones de los recursos movilizados corresponden a la línea de avales ICO, cuyo impacto en el desequilibrio público será de apenas 300 millones, atribuibles al coste de las garantías estandarizadas. Además, el aplazamiento de pagos tributarios, como el segundo plazo del IRPF y los impuestos de pymes y autónomos, no tendrían impacto en la Contabilidad Nacional.

A todo ello se le añade que el coste estimado para determinadas medidas se ha suavizado tras ajustarse a los datos disponibles y actualizados, tras una primera estimación de las personas y bienes realmente afectados. Por ejemplo, finalmente se han acogido a los ERTE casi 32.000 trabajadores —12.850 afiliados en noviembre y unos 10.400 en diciembre— frente a un número mayor de potenciales beneficiarios incluidos en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo de la norma, y que ascendía a 400.000 afectados. De igual forma, se ha ajustado el coste de otras medidas relacionadas con la Seguridad Social y la compensación del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y el impuesto sobre actividades económicas (IAE).

Entre las medidas de gasto, la asistencia a los hogares supondrían un coste de unos 4.000 millones de euros, focalizados principalmente en el Consorcio de Compensación de Seguros (3.500 millones). Por su parte, las ayudas a empresas por parte de la Administración central alcanzarían los 1.967 millones, con 930 millones en líneas directas para empresas y profesionales y 309 millones en avales del ICO. A ellas se le suman añaden otros 503 millones para hogares y otros 305 millones en ayudas a las empresas desplegados por el Gobierno regional. La prestación de ERTE por fuerza mayor, por su parte, se cifra en 204 millones.

Por subsectores, la Airef aumenta una décima la previsión de déficit de la Administración central para 2024, hasta el 2,5% del PIB y rebaja en otra el desequilibrio de los fondos de la Seguridad Social. Las comunidades autónomas alcanzarán un déficit del 0,4% del PIB en 2024 y las entidades locales registrarán un superávit de una décima.

La Autoridad Fiscal también ha actualizado este jueves sus previsiones macroeconómicas para España, elevando las estimaciones de crecimiento del PIB tanto para 2024 como 2025. Según el organismo, se espera que la economía crezca un 3,1% el primer año analizado y un 2,5% a lo largo de este ejercicio, lo que supone sendas mejoras de 0,2 y 0,21 puntos respecto a las proyecciones publicadas el pasado octubre. Un mayor dinamismo de la demanda nacional y la revisión al alza del consumo, tanto público como privado, explicarían la mejora. La autoridad fiscal también confirma la estabilización de los precios que ya se había observado hace meses y apunta a un IPC que cerrará en 2025 en el 2,1%, después de haber terminado el año 2024 con un avance del 2,8%.