La Seguridad Social abre otro pulso con Trabajo a cuenta de la contratación de extranjeros en origen

La ministra de de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presentó este jueves las prioridades de su departamento en 2025. Quiere que el número de trabajadores siga creciendo, desarrollar un plan de integración y convivencia intercultural y mejorar la protección social del sistema público. Entre esos objetivos prioritarios el ministerio también apuesta por “ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura”. Es el listado de puestos de trabajo para los que el Ejecutivo autoriza a las empresas la contratación en el extranjero por escasez de mano de obra. Es un planteamiento distinto al que defiende el Ministerio de Trabajo, que mediante el Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) publica el catálogo. El departamento de Yolanda Díaz viene mostrando resistencia a la inclusión de más profesiones, cree que España no sufre un problema de vacantes y subraya que este documento es su competencia. Seguridad Social matiza, subraya que algunos sectores sufren escasez de mano de obra y reivindica su protagonismo en la confección del listado. Esta diferencia de opiniones coincide con la que mantienen Economía y Trabajo a cuenta de la reducción de jornada. De momento es un desencuentro leve, pero es un motivo más de discusión en el seno del Ejecutivo, instalado en la trifulca.

Hasta 2023 el catálogo era una herramienta predecible, compuesta de ocupaciones muy minoritarias, como maquinista naval o piloto de buques mercantes. Cuando tenía el cargo que ahora ostenta Saiz, José Luis Escrivá insistió muchísimo para que el catálogo cambiara, que incorporase a fontaneros, soldadores o camioneros. Tras mucha presión, también de la patronal, el Ministerio de Trabajo accedió a incluir profesiones técnicas de la construcción, como montadores de carpintería metálica, aluminio y pvc; instaladores electricistas de edificios y viviendas; o conductores-operadores de grúa móvil.

Saiz quiere ir más allá. Dijo este jueves que busca una “mejor inclusión de las personas extranjeras” en el mercado laboral. “Es un asunto prioritario que abordaremos a través de dos líneas de trabajo íntimamente conectadas: una, la ampliación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, una tarea que asumiré personalmente identificando sectores de mano de obra de forma objetiva y otra, la estrategia de movilidad laboral”, comentó Saiz. Ha rechazado especificar qué profesiones incorporaría al catálogo y ha asegurado que aquellas que entrasen se elegirían con criterios objetivables.

El debate de las vacantes

La disputa entre Migraciones y Trabajo por este tema era (y es) de fondo, con visiones distintas sobre unos de los debates más espinosos de la conversación laboral española: las vacantes de empleo sin cubrir. La Seguridad Social, en línea con el resto de las áreas económicas que controla el PSOE, defiende que este problema está restando capacidad de crecimiento a la economía española y que hay que intentar enmendarlo. Creen, como también defienden muchas patronales sectoriales, que hay un grave problema de escasez de mano de obra en muchas actividades y que reforzar la contratación en origen puede ayudar a paliarlo. Uno de los estudios que sustentan esta posición es la Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad, del Banco de España. En el tercer trimestre de 2024 el 42,8% de las empresas consultadas dicen que la disponibilidad de mano de obra condiciona negativamente su actividad, más del doble que hace solo tres años.

Frente a esta posición están el Ministerio de Trabajo y los sindicatos: insisten en que la escasez de mano de obra se limita a puestos concretos en sectores muy específicos, que en absoluto es un mal generalizado, por lo que se resisten a abrir de más el catálogo. Las estadísticas oficiales de vacantes sostienen esta interpretación: en España hay 150.541 puestos sin cubrir, más que en el periodo previo a la pandemia, pero en relación con el total del empleo son poquísimos. Con ese cálculo, la tasa de vacantes española queda en un 0,9%, casi la menor de Europa, lejísimos del promedio de los Veintisiete (2,3%) y de los países que más sufren este problema, como Alemania (3%). Con todo, el parón de la economía en Europa central está atenuando el fenómeno incluso en estos países. El INE ha reconocido que su estadística tiene margen de mejora y por ello estudia utilizar datos de los portales de empleo.

UGT rechazó el cambio en el catálogo en 2023, aludiendo a la altísima tasa de paro española (11,2%, el doble que la media europea). “Mientras que los servicios públicos de empleo no ofrezcan estas vacantes a estas personas desempleadas, entendemos que no hay razones para importar trabajadores de otros sitios”, interpretó entonces UGT. Es una visión parecida a la de CC OO, pero este sindicato sí respaldó el cambio por “lealtad institucional” y porque la autoridad laboral, el SEPE, les indicó que era conveniente explorar esas nuevas profesiones de la construcción en el catálogo.

Un primer análisis de este periódico, tras los cuatro primeros meses de los puestos de la construcción en el catálogo, mostró escaso éxito: solo se firmaron 29 contratos para esas nuevas profesiones. “Sigue yendo mal, muy mal. Las compañías no están recurriendo al catálogo para contratar en el extranjero. Siguen esperando que los trabajadores lleguen con un cartel en el escaparate”, critica el responsable confederal de Migraciones de CC OO, José Antonio Moreno, que forma parte de estos debates desde que se puso en marcha este catálogo en 2005. El ministerio de Elma Saiz dice que no cuentan con datos actualizados al respecto.

Moreno manifiesta “perplejidad” y “descontento” por cómo ha comunicado Saiz su intención de ampliar el catálogo y también por su trayectoria al frente de Migraciones. “Este tipo de propuestas se deben dar en los foros adecuados. Es una salida de tono que nos deja atónitos, hay contextos de participación institucional en los que discutir esto. No nos negamos a discutirlo”. Defiende que cualquier cambio en el catálogo conecte con el análisis del SEPE a nivel territorial, yendo al detalle de las necesidades de mano de obra en cada provincia. Cree, como el Ministerio de Trabajo, que buena parte de la presunta escasez de mano de obra se debe a las malas condiciones laborales que ofrecen los empleadores. “Es un mantra que no nos creemos, en sectores como la hostelería. Las condiciones son terribles”. Pide, además, que los criterios para incluir nuevas profesiones sean muy objetivos, “que no sea simplemente lo que dicen las patronales sectoriales”.

Choque de competencias

El ministerio de Saiz cree que el nuevo reglamento de extranjería refuerza su rol en la confección del catálogo: “El papel del ministerio como impulsor de los cambios en el catálogo ha quedado normativamente establecido y se ha reforzado. El cambio principal es que debe determinarse en una metodología científica basada en indicadores oficiales, y esos indicadores son nuestros”. Fuentes de Trabajo contraponen: “Según la normativa vigente, el SEPE es el encargado de elaborar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. España no tiene un problema estructural de vacantes, de hecho se sitúa a la cola los países de nuestro entorno europeo y, por tanto, ampliar el catálogo debe servir para dar respuesta quirúrgica a necesidades concretas en determinados territorios o ámbitos profesionales en el cauce de diálogo social”.

El artículo en el que se reparten tareas sobre la elaboración del catálogo indica que “el SEPE elaborará, con periodicidad trimestral, de acuerdo con la información suministrada por los servicios públicos de empleo autonómicos y previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para cada provincia o demarcación territorial”. Es decir, la competencia formal de la elaboración está en manos de Trabajo, pero la Seguridad Social defiende su protagonismo en la confección.

Más allá de lo que analice el SEPE, el reglamento da potestad a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) para incorporar al catálogo “a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y previa consulta a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración (en la que también está Trabajo) aquellos sectores u ocupaciones cuya insuficiencia de cobertura se determine de acuerdo con una metodología objetiva basada en indicadores estadísticos oficiales”. Es decir, la CDGAE, que controla Economía (socialista, como Seguridad Social), puede incorporar ocupaciones al catálogo, pero no es automático (como en el redactado de 2011) y Trabajo tiene voz al respecto.

“La incorporación excepcional de nuevas actividades al catálogo por acuerdo de la CDGAE, en la que participa el Ministerio de Trabajo, debe tener también en cuenta la realidad del mercado de trabajo sin que pueda dar lugar a una apertura indiscriminada de oficios en los que no exista problema de vacantes”, agrega el departamento que dirige Díaz.