La España de los trabajadores y la de los jubilados: 30 provincias tienen menos de dos cotizantes por pensionista

Yaiza es una localidad turística en el sur de Lanzarote con casi 17.000 habitantes, de los que 10.500 están trabajando y dados de alta en la Seguridad Social, mayoritariamente en el sector hotelero. Entre sus residentes viven alrededor de 1.100 pensionistas y, según estos datos, esta localidad canaria puede presumir de una excelente salud financiera en materia de pensiones, ya que cuenta con nueve cotizantes al sistema por cada pensión que se abona en su territorio: la ratio más alta de los ayuntamientos con más de 10.000 vecinos.

En un sistema de pensiones de reparto como el español —en el que los trabajadores en activo en cada momento pagan todos los meses con sus cotizaciones a la Seguridad Social las pensiones de los que ya están jubilados— esta proporción es uno de los indicadores que mejor ilustran si el sistema público es o no viable financieramente. Así, cuantos más cotizantes haya por pensionista o pensión abonada, más garantías de sostenibilidad presente y futura hay. Pero además de ser contributivo y de reparto, la tercera característica del modelo es que es solidario, tanto entre generaciones como entre territorios.

“Gracias a los complementos de mínimos [que permiten completar con impuestos las peores carreras de cotización para que estos trabajadores lleguen a cobrar la pensión mínima] y a los topes de la pensión máxima [que impiden que quienes más aportan se lleven todo lo cotizado], el sistema español de pensiones contributivas practica este tipo de solidaridad”, recuerda el doctor en Economía experto en pensiones y socio fundador de la consultora de previsión social LoRIS, José Antonio Herce.

La ratio media de afiliados (los que pagan) por pensionista (los que cobran) en el conjunto de España está situada en 2,4, lo que significa que hay algo más de dos cotizantes por cada pensionista (incluidos todos los tipos de pensión pública). El dato supone una remontada desde la media del 2,3 registrada entre 2011-2020, que el Gobierno atribuye a la creación de empleo. “Gracias a la mejoría del mercado laboral, con más de 21,3 millones de afiliados, la relación entre cotizante y pensionista se ha incrementado en los últimos años y está en los niveles más elevados de la última década”, explican en la Seguridad Social, donde señalan que los análisis territorializados “ponen de relieve lo importante que es que el sistema funcione como una caja única”. Esto significa que el Estado es el titular de todas las obligaciones de recaudación y de pago de prestaciones, independientemente de dónde residan los cotizantes y los beneficiarios de las pensiones. La mayoría de los expertos coinciden en que con menos de dos cotizantes por pensionista el sistema sería insostenible, y algunos, como Herce, incluso advierten que superar esa ratio podría no ser suficiente.

Es más, se da la circunstancia de que muchos pensionistas no residen en la misma localidad donde cotizaron durante su vida laboral. En ese escenario, las luces que arrojan el municipio de Yaiza y otros muchos de la costa mediterránea, Andalucía y el resto de las islas se ven fuertemente contrarrestadas por las sombras de numerosos municipios en prácticamente toda Galicia, la cornisa cantábrica y buena parte de Castilla y León, donde la ratio de afiliados por pensionista está incluso por debajo de uno. De hecho, en 30 provincias españolas, más de la mitad del total, hay menos de dos cotizantes por cada pensión abonada en ese territorio. Las cinco provincias que en teoría tendrían más problemas para financiar sus pensiones, si el sistema se territorializase, serían Ourense, donde solo hay un afiliado para pagar cada pensión; Lugo (1,1 cotizantes por pensión); León (1,2); Zamora (1,2) y Asturias (1,3). En esta última provincia se da además la circunstancia de que, junto con el País Vasco, es donde se pagan las pensiones más altas por el efecto de la minería.

Si se toma el grupo de los cerca de 800 municipios españoles de más de 10.000 habitantes —ya que por debajo de ese volumen los datos concretos de las localidades pequeñas se pueden ver tergiversados al tener muestras muy pequeñas de población—, la localidad menos saneada en materia de financiación de las pensiones sería Badia del Vallès (Barcelona). Se trata de una zona de viviendas de extrarradio en las poblaciones de Barberá del Vallés y Cerdanyola creada a principios de los años setenta y que se convirtió en municipio en 1994. Cuenta con poco más de 13.000 habitantes, de los cuales solo unos 1.000 están afiliados a la Seguridad Social y unos 3.500 reciben pensiones del sistema. Esto muestra que la mayoría de sus residentes con empleo trabajan fuera del municipio y, por tanto, la ratio de cotizantes por pensionista es la más baja de este grupo, con apenas 0,3 personas que cotizan por cada una que cobra una prestación.

Grandes concentraciones de trabajadores

Si se amplía la lupa y se analiza la totalidad de los 8.000 municipios que existen en España, aunque las cifras pueden resultar más distorsionantes en las localidades con muy pocos habitantes, surge todo un abanico de casuísticas. Una de las más ilustrativas de estas diferencias territoriales se produce en muchos pueblos con muy poca población pero que, por la presencia de grandes factorías o fuertes núcleos industriales o logísticos, cuentan con elevadas ratios de cotizantes por pensionista.

Es el caso, por ejemplo, de la localidad aragonesa de Figueruelas (Zaragoza), con apenas 1.200 habitantes, de los cuales 275 son pensionistas, pero con más de 6.300 cotizantes. Esto se debe a que en este municipio se ubica la fábrica del gigante automovilístico Stellantis, con casi 5.000 trabajadores directos y numerosos indirectos. Un fenómeno que provoca que Figueruelas tenga una de las ratios más elevadas de España, con 23 afiliados al sistema por cada pensión que se abona en el municipio.

Un impacto parecido en esta ratio tiene el Parque Tecnológico de Zamudio, un municipio que dista apenas 11 kilómetros de Bilbao y que cuenta con una pequeña población residente de poco más de 3.200 habitantes, entre ellos 900 pensionistas, pero donde cotizan más de 15.500 trabajadores. Con ello la ratio del sistema de pensiones es de 17 cotizantes por pensión. Si bien es Quer, en Guadalajara, la localidad de toda España con una ratio más elevada: 25,7 trabajadores afiliados por pensionista, en una zona de fuerte expansión económica del sector logístico entre otros. El lado opuesto lo representa el pueblo coruñés de Oza-Cesura, donde se ubica un solo cotizante, según las estadística de la Seguridad Social, pero residen más de 1.833 pensionistas.

Todo esto demuestra que la gente se mueve y, en numerosas ocasiones, no cobra la pensión en el mismo sitio donde ha cotizado para generarla. Esto explica, según Herce, porqué sería una “aberración” transferir la Seguridad Social a las comunidades autónomas. Según argumenta este economista en su estudio Las pensiones de Seguridad Social en las Comunidades Autónomas españolas, “la solidaridad que verdaderamente practica nuestro sistema es genuinamente territorial, debida a la demografía particular que cada territorio alberga”. Más concretamente, se refiere a la ratio afiliados-pensiones que se observa en cada comunidad autónoma. “Es una solidaridad basada en la redistribución de cotizaciones según la cual las regiones rejuvenecidas financian a las envejecidas —independientemente si la región es más rica o más pobre—. En realidad, añade, “este tipo de solidaridad es solo aparente porque la Seguridad Social española es un sistema de caja única en todas sus contingencias y aplica los recursos con criterios no territoriales”.

Un claro ejemplo de la clásica movilidad entre trabajadores y pensionistas es el matrimonio formado por Alfonso, de 83 años, y Pilar, de 76, ambos originarios del municipio segoviano de La Losa. Se marcharon a Madrid a vivir y trabajar desde el comienzo de sus vidas laborales y en la capital han cotizado a la Seguridad Social en el régimen general y en el de autónomos en el sector de la hostelería durante más de 40 años. El primero en jubilarse, a los 65 años, fue Alfonso en 2006, y después Pilar, a la misma edad, en 2013. Fue entonces cuando decidieron que los dos volverían a vivir a su pueblo. “Regresamos a La Losa porque somos de aquí y aunque en Madrid hemos vivido muy a gusto, cuando nos jubilamos nuestros dos hijos ya eran mayores [residen en la capital] y, además, teníamos casa en el pueblo y tenemos alquilada la de Madrid”. Ahora, cuenta este matrimonio, solo regresa a Madrid en “momentos puntuales” para ir al médico o cuidar de los nietos. Como ellos, aseguran que conocen por lo menos a una decena de matrimonios en circunstancias muy parecidas a los de ellos en su localidad. Este panorama se refleja en la ratio de afiliados-pensionista del municipio de La Losa (0,86) donde no llega a haber ni siquiera un cotizante por cada pensión, ya que en la localidad residen 86 cotizantes y se abonan 102 pensiones.

El lado contrario lo representa Liza González, asturiana de 37 años, que lleva más de una década trabajando en el sector hotelero en Canarias. Ahora, es camarera de restaurante en un hotel en Lanzarote y lo tiene claro: “Para mí este es un sitio de paso. Vine porque aquí hay mejores condiciones laborales que en la península. Pero cuando me jubile me volveré a Asturias. La vivienda es totalmente inasequible y para comer bien, a diferencia de mi comunidad de origen, hay que pagar mucho dinero”. Actualmente, Liza trabaja en un hotel en Puerto del Carmen, una localidad turística del pequeño municipio de Tias, donde hay más de 12.000 trabajadores ocupados para pagar unas 2.155 pensiones, lo que eleva la ratio de afiliados por pensionista al 5,6, más del doble de la media nacional.

En definitiva, la casuística es muy variada, pero a grandes rasgos, pese a que la mitad de las comunidades supera la ratio de dos afiliados por pensionista, “si el sistema de pensiones estuviese íntegramente transferido, con sus recursos y sus gastos, a las comunidades autónomas, todas ellas estarían en situación deficitaria, con las cuatro regiones del cuarto noroccidental sufriendo desequilibrios severos que les impedirían, seguramente, cumplir sus compromisos de pensiones o los de otros programas autonómicos del Estado del bienestar como la educación o la salud adecuadamente”, advierte el estudio de Herce.

Blindaje en la Constitución

Por todas estas circunstancias la Constitución blinda la caja única de la Seguridad Social, en un claro intento de que nunca se territorialice la gestión de las pensiones. Lo hace en su artículo 41: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

Es más, en el análisis que hace la propia Seguridad Social de los “principios y directrices del sistema” hace referencia a “la titularidad estatal de los recursos y de las obligaciones de la Seguridad Social en virtud al mandato constitucional que, en otro momento del texto, atribuye al Estado “la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas”. Del citado precepto, continúan los responsables del sistema, “se deriva la igualdad de derechos de los asegurados cualquiera que sea el lugar donde residan y por su sola condición de tal, puesto que tales derechos, se ejercen frente a un único titular, el Estado, obligado a aplicar el principio de solidaridad financiera, no discriminando por razón del territorio”.

Pero eso no ha sido óbice para que desde hace tiempo el País Vasco y más recientemente Cataluña hayan reclamado, al menos, parte de estas competencias. De hecho, en el acuerdo de investidura entre el PSOE y el PNV que se pactó en noviembre de 2023 para la actual legislatura, se recoge el compromiso del Ejecutivo para transferir en el “plazo improrrogable” de dos años todas las competencias pendientes, entre las que figura el régimen económico de la Seguridad Social. El alcance de esta transferencia está por verse y al actual Gobierno le quedaría un año para completarlo si quiere cumplir con el pacto con los nacionalistas vascos.

En el caso del País Vasco, además, una transferencia completa de la Seguridad Social —que no contempla el Ejecutivo— sería especialmente deficitaria, porque la región, que gracias a su régimen del cupo se queda con todos sus ingresos, cuenta con unos números rojos en el saldo del componente contributivo de pensiones que ronda los 4.300 millones, uno de los más altos de España, según ha calculado con las cifras oficiales de 2022 el profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García.

Dicho esto y teniendo en cuenta que a tenor del blindaje de la caja única este análisis se correspondería con un mero ejercicio teórico, con el que se respalda el diseño estatal del sistema de pensiones, sus resultados sí ofrecen otras derivadas fundamentalmente sociológicas y políticas, según advierte la profesora de Sociología de la UNED e investigadora de Funcas, Elisa Chuliá. Entre las primeras están las de carácter puramente demográficos: “Las poblaciones con ratios más bajas no se reproducen, la renovación de su población no está garantizada. Y lo más preocupante es que esta es una dinámica difícil de cambiar y la tendencia es a que esta problemática se agudice”, explica esta experta en demografía.

El impacto político de este efecto de la ratio entre cotizantes y pensionistas viene marcado por el hecho de que “la población vota en favor de aquellos partidos que mantengan el nivel de las pensiones o las mejoren, en lugar de apostar los incentivos a la actividad, por lo que en muchos de estos lugares tiende a perpetuarse la economía no productiva”, añade Chuliá.