El riesgo sobre la sostenibilidad de las pensiones se reduce, pero se mantiene como la mayor preocupación del sistema

La viabilidad del sistema de pensiones es una preocupación compartida por administraciones y beneficiarios. Visualizar el retiro laboral con la perspectiva de recibir una prestación suficiente para vivir con dignidad inquieta a los futuros pensionistas, y presiona a los Gobiernos de todo el mundo, que tratan de adecuar sus sistemas de acuerdo al comportamiento de variables en permanente evolución como la demografía o el aumento de la esperanza de vida.

De acuerdo con la última edición del Mercer CFA Institute Global Pension Index, elaborado por la consultora Mercer, el Centro de Estudios Financieros Monash (MCFS) y el CFA Institute, y que compara los sistemas de pensiones de 48 países (en esta ocasión incluye a Vietnam) bajo tres parámetros (suficiencia, 40%; sostenibilidad, 35%; e integridad, 25%), el español se sitúa en el rango intermedio de la tabla: el puesto 26; con una puntuación total (sumando la de los tres apartados) de 63,3 (sobre 100), superior a la obtenida el año anterior (61,6). Pese a que el estudio considera que las pensiones en España están razonablemente bien reguladas, advierte del riesgo que supondrá para su estabilidad en el futuro el progresivo envejecimiento de la población y la baja presencia de planes privados y ocupacionales.

El informe de Mercer evalúa por separado los resultados de cada país en cada uno de los tres conceptos anteriores, y en dos de ellos España obtiene una puntuación algo más alta. En el subíndice de suficiencia—que valora el nivel de base (o red de seguridad) de los ingresos proporcionados por cada sistema—, la nota es de 82,9 puntos, aunque el estudio sugiere que podría mejorarse aumentando “el nivel mínimo de apoyo proporcionado a las personas mayores con menos recursos”, y “ampliando la cobertura de los planes de pensiones ocupacionales mediante afiliación automática”.

En lo referente a la integridad —entendida como la capacidad de los proveedores de pensiones del sector privado para ofrecer prestaciones de jubilación durante muchos años—, la nota de España ha bajado, de 79,2 a 77,6, aunque el texto reconoce que “la transparencia y la buena gobernanza son aspectos en los que el sistema se desempeña bien comparación con otros países”. Sin embargo, lo que rebaja la nota global española, pese a que ha experimentado una mejoría en el último año, es el resultado que obtiene en el apartado de sostenibilidad, donde ha pasado a sumar 30,7 puntos (antes 28,5).

Para corregir esta baja cualificación, el informe sugiere que el país debe seguir aumentando la tasa de participación de trabajadores con más edad, “a medida que aumenta la esperanza de vida”. Para lograrlo, propone que la edad legal de jubilación —que en 2024 es de 65 años para quienes hayan cotizado 38 años o más, y 66 años y 6 meses para quienes lo hayan hecho durante menos tiempo—, se adapte “a la creciente esperanza de vida”. Actualmente, esta es de 84 años, una de las más altas de la Unión Europea.

Impacto a largo plazo

Junto con la perspectiva demográfica, el informe hace hincapié, en varias ocasiones, en la necesidad de que aumente el peso y la expansión tanto de los planes de pensiones privados como de los públicos y ocupacionales. En 2022, se introdujo mediante un real decreto un cambio en la legislación española para el fomento de estas herramientas, y, en particular, para los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) diseñados por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y con los que se buscaba la incorporación de los nuevos trabajadores en plantilla al plan de pensiones de la empresa de forma casi inmediata.

Sin embargo, esta adecuación todavía no se ha desplegado de la forma deseada, y sigue sin ganar un tamaño suficiente para que, estudios como el de Mercer, lo consideren un pilar de apoyo suficiente para los futuros pensionistas. En España los fondos de pensiones se introdujeron en 1984 y no despegaron en los primeros años. De hecho, el volumen de activos, en términos de PIB, ha sido uno de los que menos ha avanzado desde entonces.

A pesar de reconocer el buen propósito de esta reforma, el informe señala que, a pesar de que represente un paso importante hacia la mejora del sistema, “su impacto a largo plazo aún está por determinarse”; por lo que será “fundamental evaluar la efectividad de estas medidas en el tiempo y ajustarlas según sea necesario”.