Asturias y Galicia registran el peor balance entre cotizaciones y gasto en pensiones

La teoría dice que las pensiones y otras prestaciones contributivas se deberían pagar con las cotizaciones de los trabajadores. En teoría, el poder público debe buscar el equilibrio entre ingresos (principalmente, una parte del salario de los empleados) y gastos (prestaciones de los jubilados, periodos de incapacidad, coste de las mutas...), que aseguraría la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, como en tantas facetas de la economía, la teoría no siempre se cumple: España gasta en pensiones y otras prestaciones del sistema de Seguridad Social más de lo que recibe en cotizaciones, con un desfase de 33.374 millones de euros, según el investigador de Fedea Miguel Ángel García. Esto obliga a captar fondos de otras partidas para financiar los gastos contributivos de la Seguridad Social. El estudio de García indica que este desfase varía en función de la comunidad autónoma: las que ofrecen un balance más negativo son Asturias y Galicia, dos regiones muy envejecidas; el mejor se da en Baleares y la Comunidad de Madrid, con un mayor dinamismo económico.

El cálculo de este economista toma como referencia las cuentas de 2021. “Los resultados muestran un riesgo de deterioro del saldo del componente contributivo de la Seguridad Social derivado del envejecimiento de la población y del reducido crecimiento de la productividad”, comenta en las conclusiones del estudio Componente contributivo del Sistema de Seguridad Social: saldo por comunidades autónomas y desglose de los factores de influencia del saldo de las pensiones, publicado este lunes. Según los cálculos de García, el sistema percibió entonces 132.540 millones de euros en cuotas sociales y otros ingresos propios de la Seguridad Social. A la vez, se gastó en prestaciones contributivas 165.914 millones de euros, lo que arroja el mencionado desfase de 33.374 millones de euros (2,8 puntos de PIB).

Es el “saldo contributivo”, que cruza ingresos y gastos contributivos. García arroja otras comparaciones, con resultados negativos menos abultados: si se incluyen los gastos por las transferencias del Estado para pagar los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, el agujero es de 26.096 millones de euros; si además se incorpora la transferencia adicional por recomendación del Pacto de Toledo se estrecha hasta 12.167 millones de euros.

De vuelta al saldo contributivo y con el foco en las diferencias por regiones, el peor balance absoluto es el de Andalucía (5.673 millones de euros más de gasto que ingresos), seguida de Cataluña (4.903 millones) y Galicia (4.096 millones), y los mejores los de Baleares (265 millones más de ingresos contributivos que de gastos), la Comunidad de Madrid (126 millones más de gastos) y La Rioja (190 millones). Respecto a las que terminan en negativo, García indica que “no dispusieron de ingresos suficientes para asumir sus obligaciones de gasto, de forma que en la hipótesis de no formar parte de un Estado, España, deberían reducir el nivel de gasto, dedicar una parte de sus impuestos propios a este fin, subir las cotizaciones sociales o emitir deuda pública si le fuera posible”.

Con todo, estas cifras no explican con exactitud el balance por autonomías, ya que no contextualizan respecto a la población de cada comunidad, entre otros factores. “Es útil, por tanto, buscar alguna forma de relativizar ese saldo para realizar comparaciones entre ellas más ajustadas a la realidad”, apunta García, que propone calcular la tasa de cobertura entre los ingresos y gastos del componente contributivo de pensiones. Esto es una relación entre ambos conceptos, de manera que cuanto más se acerque la tasa a 1, mayor equilibrio en el sistema. Por debajo de 1 ganan los gastos y por encima, los ingresos. Con este termómetro la mejor situación es la de Baleares (1,1) y la de la Comunidad de Madrid (0,99, casi en equilibrio); y la peor es la de Asturias (0,42) y la de Galicia (0,57).

García indica que hay tres factores que influyen en la situación de cada comunidad: la demografía, el mercado laboral y la productividad. “La mayor parte de los ingresos de la Seguridad Social están condicionados por las cotizaciones sociales, y estas a su vez están determinadas por el número de cotizantes, la base por la que cotizan y el tipo de cotización. Trasladando este razonamiento a nivel territorial, se puede colegir que el nivel de empleo y la renta del territorio de la comunidad inciden en la capacidad de generar ingresos por el canal de las cotizaciones sociales. Así, el PIB por habitante puede considerarse un indicador aproximado de la capacidad de recaudación de las comunidades autónomas por esa vía”, dice el investigador de Fedea.

La tasa de cobertura promedio en España de los ingresos sobre el gasto contributivo de la Seguridad Social fue de 0,77. Además de Asturias y Galicia, también quedan por debajo de la media Cantabria (0,60), País Vasco (0,60), Castilla y León (0,61), Extremadura (0,62), Aragón (0,73) y Andalucía (0,73). “Todas ellas, con excepción del País Vasco, presentan una renta por habitante inferior a la media estatal. Así, el componente contributivo de la Seguridad Social permite un intenso proceso de redistribución territorial de la renta en España, si bien no siempre se realiza a favor de las comunidades autónomas con menos renta”, dice el estudio.

“El funcionamiento de la Seguridad Social bajo el criterio de caja única”, finaliza García, “ha permitido mutualizar las diferencias territoriales de renta, empleo y envejecimiento de la población, gracias a las transferencias realizadas por la Administración General del Estado sustentadas en los impuestos generales de los territorios de Régimen Común y la emisión de deuda pública”.

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