El Tribunal de Cuentas Europeo advierte de los trucos fiscales de los países y pide más coordinación contra el fraude

La lucha contra la elusión tributaria de las grandes empresas en la Unión Europea (UE) enfrenta desafíos críticos por la falta de un marco común y adecuado que analice las políticas implementadas para combatir los regímenes fiscales perniciosos. Según un reciente informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo, Bruselas no ha definido metas específicas ni indicadores de rendimiento que permitan evaluar el impacto de los instrumentos utilizados para enfrentar estas prácticas. Esto no solo limita la capacidad de supervisión, sino que impide asignar recursos eficientemente hacia las áreas más problemáticas. Por ello, el órgano de control administrativo comunitario pide a la Comisión y a los socios más ambición en el intercambio de información y en las medidas desplegadas para hacer frente a esta situación.

Desde hace años, la elusión fiscal supone un quebradero de cabeza para la mayor parte de Estados miembros. Sobre todo, porque muchas grandes corporaciones diseñan estructuras tributarias complejas que aprovechan las lagunas normativas que existen en la UE. Estos esquemas, conocidos como regímenes fiscales perniciosos, permiten trasladar beneficios a jurisdicciones de baja tributación, lo que erosiona las bases imponibles y reduce drásticamente la carga fiscal efectiva de las empresas. Según los datos que ofrece el Tribunal de Cuentas, Europea podría perder más de 68.000 millones de euros anuales en ingresos por este tipo de estrategias, que suelen estar vinculadas a socios como Países Bajos o Malta.

El marco legislativo europeo ha intentado responder a este desafío a través de varias iniciativas desplegadas en los últimos años. Una de ellas es la directiva contra la elusión fiscal, que introdujo medidas para limitar prácticas como los precios de transferencia abusivos y la deducción de intereses excesivos. También hay otras iniciativas pensadas para incentivar el intercambio de información entre jurisdicciones o para agilizar la resolución de litigios fiscales.

Sin embargo, uno de los problemas centrales identificados por el Tribunal de Cuentas es la falta de objetivos cuantitativos. La ausencia de indicadores claros, explica el informe, hace que no sea posible medir el impacto real de las políticas ni realizar ajustes que las hagan más efectivas. La falta de datos dificulta, además, la rendición de cuentas tanto por parte de los Estados miembros como de la Comisión. Esto perpetúa un sistema donde las brechas fiscales no solo persisten, sino que son explotadas de manera activa por empresas con acceso a asesoramiento especializado.

El documento también resalta la falta de transparencia en la cooperación entre Estados miembros. A pesar de que la UE ha establecido sistemas de intercambio de información, muchos países aún se resisten a compartir datos que podrían perjudicar sus estrategias de atracción de inversión. Además de dificultar la identificación de regímenes dañinos, esta opacidad también impide el desarrollo de políticas coordinadas que aborden el problema de manera integral. Una gran barrera, que a priori sería fácil de solucionar, es que existen “determinadas definiciones y términos de la legislación” que plantean problemas de interpretación en cada jurisdicción, lo que da lugar a distintas lecturas entre ellas.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas concluye que Bruselas y los socios “hacen muy poco” por medir los resultados de los instrumentos utilizados para luchar contra los regímenes fiscales perniciosos y la elusión de las empresas. La Comisión, de hecho, “no ha establecido metas ni objetivos cuantitativos ni supervisa su eficacia”. En ausencia de un marco de rendimiento adecuado, es imposible evaluar las políticas puestas en marcha y desplegar los recursos en las áreas más críticas.

Entre las recomendaciones que pone sobre la mesa, el Tribunal de Cuentas Europeo insta a establecer metas específicas y medibles que sirvan como base para evaluar el progreso en la lucha contra la elusión. Asimismo, sugiere un fortalecimiento de la transparencia, mediante la adopción de normas más estrictas para el intercambio de información fiscal entre países. Otra recomendación clave es que el Ejecutivo comunitario asuma un papel más activo en la supervisión de las políticas tributarias, garantizando su correcta implementación y promoviendo un cumplimiento uniforme. De lo contrario, recalca el informe, Bruselas debería dar el primer paso para que se apliquen procedimientos de infracción que sean eficaces, proporcionados y disuasorios.