Los empresarios creen que la reforma fiscal deja fuera la corrección del déficit que exige Bruselas

El Círculo de Empresarios critica el enfoque del Gobierno en la preparación del Presupuesto del Estado para 2025, porque, a su juicio, atiende fundamentalmente a una mayor presión tributaria sobre ciudadanos y empresas, y “deja por fuera la necesaria corrección del gasto y reducción de la burocracia” que exige las nuevas reglas fiscales europeas. Además, señalan que la forma de proceder del Gobierno de coalición muestra “el forcejeo y presiones de socios parlamentarios minoritarios, que imponen modelos y voluntades lejanas a la opinión de la mayoría del centro político”. Así lo ha reflejado un comunicado publicado este martes por el Círculo de Empresarios – el think tank de la patronal española– en el que echan de menos las reformas estructurales y las propuestas de reducción del gasto público innecesario que pide Bruselas. A tiempo de señalar que algunas de las figuras fiscales que se han puesto sobre la mesa las últimas semanas son “de dudosa calidad y técnica jurídica”, lo que “convierte el sistema tributario de las empresas en un puzzle disuasorio para su actividad”.

Si bien los empresarios han puesto en relieve el esfuerzo fiscal recaudatorio desplegado para afrontar los desafíos sociales que derivaron de la pandemia y de las posteriores tensiones inflacionarias, – como la invasión rusa en Ucrania— , inciden en que no les parece acertado enfocar la corrección de las cuentas públicas vía incremento de la recaudación. Menos aún añadiendo nuevas figuras impositivas “no existentes en otros ámbitos fiscales”. En este sentido, insisten en que el foco recaudatorio debe mantenerse en figuras y tipos impositivos “reconocibles y no sorpresivos”, y se debe mejorar la gestión de la economía irregular.

La reforma fiscal que el Gobierno llevaba semanas planteando, se encuentra atascada por las discrepancias entre los socios de izquierda y derecha. La Comisión de Hacienda, celebrada el lunes en el Congreso de los Diputados, logró consensuar entre los partidos que dan soporte al Ejecutivo un dictamen de mínimos que tendrá que debatirse en el Pleno del jueves. La mayoría de las aspiraciones del PSOE y Sumar, entre las que se encontraban una subida fiscal al diésel y la extensión de los impuestos extraordinarios sobre las grandes empresas de banca y energéticas, se han quedado en el camino, lo que implica dejar en el aire más de 4.000 millones de euros al año en ingresos.

Respecto a la intrincada tramitación de las medidas fiscales, los empresarios exigen a los grupos parlamentarios la necesidad “de defender la seguridad jurídica para proteger el Estado de Derecho”. Para tal fin piden transparencia en la negociación y aprobación de normas tributarias y opinan que la incorporación de impuestos por la vía de enmiendas al articulado de un proyecto de ley en tramitación en el Congreso impide el debate público. Asimismo, lamentan el posible impacto negativo de esta situación en el mundo de la reputación financiera y alertan de una potencial pérdida de valor en los mercados, así como una merma de nuevas inversiones que encuentran mejores localizaciones.

“El sistema tributario debe ser justo y equitativo y no provocar discriminación”, señala la patronal en su comunicado. En el que critica algunas de las enmiendas más controversiales que han estado en tela de juicio en el Parlamento durante los últimos días, como la que aborda los impuestos a la banca. A propósito, afirman que ese tributo “tendrá como efecto un volumen menor de créditos y más caros para la mayoría de ciudadanos y empresas que tienen que recurrir al endeudamiento”. “Aparentemente, poco de todo esto se está teniendo en cuenta por el legislador al plantear las medidas tributarias”, añaden.

Los empresarios también aprovechan para exigir la participación de funcionarios especializados en técnica jurídica tributaria en la elaboración de estas normas, “para evitar que sean recurridas y el contribuyente acabe además pagando también litigios perdidos por el Estado”. En este sentido, lamentan que “a 40 días para que acabe el año muchas empresas desconocen el marco tributario aplicable para el año 2025″.