España aplaza el envío a Bruselas del plan económico de 2025 por no lograr un acuerdo para los presupuestos

El Gobierno español planea enviar a Bruselas sus cálculos con la trayectoria de reducción de ajuste de déficit y deuda pública el próximo 15 de octubre, como piden las nuevas reglas fiscales europeas, que también exigen un límite del gasto público. El informe, el primero de este tipo con el nuevo marco fiscal europeo, no contendrá muchos detalles de cómo lo hará posible. Se escuda en que para entonces —la semana que viene— no estará listo el proyecto de Presupuestos del Estado para 2025. Las cuentas públicas van con tanto retraso que el Gobierno ni siquiera ha logrado la aprobación del techo de gasto en el Parlamento, una cifra sobre la que empiezan a encajarse las partidas presupuestarias.

Fuentes de la Comisión Europea admiten que España ha planteado este escenario y que aún se está negociando. No obstante, el comisario de Economía ha marcado límites al acabar la reunión de este lunes: “La Comisión será flexible, pero hay límites a la flexibilidad. Tiene que haber conexión entre los planes de ajuste a medio plazo y los planes presupuestarios”.

“La Comisión ha señalado que quiere planes presupuestarios asociados a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, por lo tanto, la presentación del Plan Presupuestario anual va evidentemente asociada a la presentación de los Presupuestos”, ha argumentado el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, a su llegada a Luxemburgo este lunes a la reunión de ministros de Finanzas del Eurogrupo.

El Gobierno tiene que presentar a la Comisión Europea dos informes sobre las cuentas públicas en estas fechas. El primero es el Plan Presupuestario anual, que recoge las líneas maestras de la política económica para el ejercicio siguiente y la senda fiscal de los futuros tres años, incluyendo todos los subsectores de la Administración, como el Estado central, las comunidades, Ayuntamientos y Seguridad Social. El Ejecutivo ya ha anunciado que lo entregará con retraso por no lograr reunir los apoyos políticos para sacar adelante las cuentas del Estado. El segundo documento es el plan de ajuste fiscal, un nuevo texto que exigen las autoridades comunitarias a raíz de la reforma de las reglas fiscales y que dibuja las medidas a largo plazo, en un periodo de siete años, que se emprenderán en para lograr rebajar la deuda y mantener a raya el gasto público.

España, como otros 24 Estados miembros, debería haber presentado el 20 de septiembre su plan de ajuste fiscal a largo plazo, el documento que Bruselas exige a sus socios para que detallen el camino que seguirán para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Solo llegaron a tiempo Dinamarca y Malta. Posteriormente, lo ha hecho Grecia. La nueva fecha marcada en el calendario es el próximo 15 de octubre y para ese día, el plan del Gobierno es remitir el documento de la senda de ajuste fiscal para los próximos siete años. En él deberían aparecer los datos de rebaja de déficit y deuda y también más números, como el del gasto neto primario (sin incluir intereses, fondos europeos y otras partidas ligadas al ciclo económico), así como la orientación de las políticas presupuestarias para los próximos años: la variable clave de las nuevas reglas de ajuste. En este contexto, Bruselas ha encontrado otro testigo con el que evaluar a los países, la tasa de crecimiento del gasto pública. Además, del déficit y la deuda que ya servían de indicadores para los funcionarios comunitarios, los países deben contener los incrementos de gasto público.

Varias fuentes comunitarias admiten que España ha hecho esta petición durante las negociaciones que ambas partes están teniendo estas semanas sobre la aplicación de las nuevas reglas fiscales. La demora se veía venir. El Gobierno de coalición está teniendo serios problemas para legislar debido a la fragmentación del arco parlamentario, y la aprobación del proyecto de Presupuestos no es ajena a este contexto.

El Ejecutivo aprobó en verano el techo de gasto para 2025 y la senda de deuda y déficit para los tres próximos años —es decir, los desfases máximos que pueden tener las cuentas públicas y a los que tiene que dar el visto bueno Bruselas—, que suponen el pistoletazo de salida al diseño de los Presupuestos. Cuando los llevó al Congreso, que tiene que dar luz verde a la senda fiscal, se encontró, sin embargo, con una sorpresa: Junts, el partido de Carles Puigdemont, cuyo apoyo parecía estar garantizado, votó en contra, frenando en seco el inicio de la confección de las cuentas.

Pese a este revés —también PP y Vox tumbaron la senda en el Congreso—, el Gobierno anunció que seguiría trabajando para presentar un proyecto de Presupuestos a la vuelta del verano. Con este objetivo, el Consejo de Ministros volvió a aprobar la senda fiscal a inicios de septiembre, pero a finales del mismo mes dio marcha atrás y decidió aplazar la votación en el Congreso ante la imposibilidad, una vez más, de lograr los apoyos necesarios. En este escenario, es cada vez más probable que se vuelvan a prorrogar las cuentas públicas por segundo año consecutivo, un supuesto que no exime al Ejecutivo de presentar sus previsiones presupuestarias a Bruselas.