Montero defiende la reforma fiscal: “Los salarios del Ejército, Policía, Guardia Civil y los funcionarios salen de los impuestos”

El Gobierno ha pasado al contraataque en la defensa de los impuestos y la nueva reforma fiscal para mantener las virtudes de los servicios públicos del Estado del Bienestar, ante los ataques del PP por las recurrentes subidas tributarias del Ejecutivo y las amenazas de sus exsocios de Podemos de votar en contra mañana de ese proyecto en el Congreso. La sesión de control al Gobierno de este miércoles le sirvió a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para utilizar incluso el desempeño de numerosos funcionarios públicos, del Ejército y de las fuerzas de seguridad para reparar los daños de la dana como ejemplo de para qué sirven los impuestos. Y, además, advirtió de que si la reforma fiscal que debe votarse este jueves en el pleno no sale adelante podría poner en riesgo el ingreso de más de 5.000 millones de euros y hasta el quinto desembolso previsto de los fondos europeos. El PP reprochó al Gobierno que solo sabe “asfixiar a la gente” con hasta 81 subidas fiscales.

“¿De dónde salen los sueldos públicos?” fue el extracto de la respuesta que la responsable de la política económica del Gobierno emitió para rebatir las preguntas del PP que ponían en cuestión las razones de su política fiscal. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, estrenó la jornada parlamentaria aprovechando la imagen caótica de la sesión de la comisión de Hacienda que abordó este lunes hasta la madrugada los intentos del Ejecutivo y algunos de sus socios por impulsar no solo la asunción por España de una directiva europea para fijar en el 15% el tipo mínimo del impuesto de sociedades a las multinacionales sino un paquete más amplio de cambios fiscales. Gamarra tildó de “esperpento” esa reunión y acusó al Gobierno de institucionalizar así “la inseguridad jurídica y ahuyentar todo tipo de inversión” con sus vaivenes fiscales. La dirigente popular hasta se permitió interpelar a Montero ante su búsqueda desesperada de apoyos para esa reforma a derecha e izquierdas en el Parlamento: “¿Está usted a favor o en contra del impuesto a las energéticas? ¿O a favor y en contra a la vez?”.

La vicepresidenta quiso relacionar el debate impositivo con las necesidades del Estado del Bienestar con el ejemplo de los múltiples y millonarios recursos que se están empleando para paliar los daños de la dana en la Comunidad Valenciana. La ministra criticó que el PP haya votado en contra de una reforma fiscal que debería garantizar “ingresos que proporcionen mayores recursos, que dé igualdad de oportunidades, que luche contra el cambio climático y que permita que los que más tienen más paguen”. En ese momento advirtió de que si ese proyecto no sale adelante tendrá repercusiones muy concretas: “Nos jugamos el plan fiscal estructural y el quinto desembolso de los fondos europeos”. La dirigente socialista abundó en que con esos impuestos se abonan los salarios del Ejército, de la Policía, de la Guardia Civil, de los funcionarios y se contribuye “a la construcción del Estado de derecho” y al envío de personal y ayudas para la reconstrucción sobre el terreno de los desperfectos causados por la dana.

El debate fiscal se entroncó así con la situación en Valencia porque la diputada popular recuperó algunas de las ideas del llamado Plan Valencia ofrecido por el PP nacional con determinadas exenciones a los afectados y damnificados por las riadas, especialmente para los autónomos, lo que incitó a la ministra a refrescar que muchas de esas medidas ya están contenidas en los decretos aprobados por el Gobierno que suman ya más de 14.500 millones y que los populares parecen no apoyar, aunque todavía no se ha abordado su convalidación en las Cortes.

El PP tiró de argumentario para arremeter contra el Ejecutivo de Sánchez por no haber “hecho otra cosa que subir los impuestos” en estos años y pretender hacerlo de nuevo ahora con la reforma fiscal y cuantificó en 81 las subidas fiscales y de cotizaciones sociales llevadas a cabo. Gamarra remató: “Dejen de asfixiar a la gente”. El siguiente diputado en interrogar a Montero fue Jaime de Olano, que siguió la misma senda, pero intentó conectar la descalificación concreta de Montero como “un remedo del sheriff de Nottingham con 81 subidas de impuestos y decenas más que nos amenazan” con un retrato de un país empobrecido, con unas insoportables subidas de impuestos, presuntas rebajas o indultos por penas de corrupción a socios o compañeros de partido y hasta con el salario de funcionarios que identificó como “mordidas de los amigos de este Gobierno”.

Esas alusiones al entorno del presidente fueron más claras en la siguiente batería de preguntas de los diputados del PP, que ya apuntaron sin ambages contra la esposa de Pedro Sánchez. El primero fue el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, que mostró el organigrama del Ministerio de la Presidencia para plantear al ministro Félix Bolaños si firmó él o fue el propio Sánchez el decreto para contratar a la que denominó como “secretaria de los negocios” de la mujer del presidente y citó ahí textualmente un correo enviado por esa directora de Programas de La Moncloa, publicado por el diario Abc, a una empresa en el que esa asesora escribe: “Me dice Begoña que le traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior”, en alusión a las aportaciones de algunos patronos al máster que codirigió la esposa de Sánchez. Bendodo ironizó: “¡Qué generosidad!”. Y requirió al ministro que le aclarase si mantiene su tesis de que persiste “una persecución cruel e inhumana contra Begoña Gómez” y también cómo y quién paga la defensa legal de Begoña Gómez.

El ministro Félix Bolaños ha evitado las referencias directas a Begoña Gómez, pero sí ha replicado de manera global recriminando al PP que ya no sea un partido de Estado, que no trabaje por los intereses de España, que solo se dedique a ensuciarlo todo y en particular el prestigio de la vicepresidenta tercera y candidata a formar parte como comisaria del Gobierno de la Unión Europea, Teresa Ribero, para tapar el “imposible” de la mala gestión del presidente valenciano, el popular Carlos Mazón. Para finalizar el encrespado duelo, y con un tono duro, Bolaños apuntó contra el pasado de Álvarez de Toledo al situarla como jefa de gabinete de Ángel Acebes, ministro de Interior durante los atentados yihadistas del 11-M que alentaron en miembros de aquel partido las teorías de la conspiración: “El mayor bulo de la historia de España, que tuvo que ver con el 11-M, tiene su nombre porque usted era la jefa de gabinete del secretario general del PP y estaba en la sala de máquinas que se inventó el peor bulo en la historia de España. En la Wikipedia, cuando se hable de bulo, tendría que aparecer su foto”. Álvarez de Toledo le desmintió esa responsabilidad desde su escaño porque ella ejerció como jefa de gabinete de Acebes pero en 2006, dos años después del atentado, cuando fue secretario general del PP.