El bloqueo a la reforma fiscal deja en el aire más de 4.000 millones al año en recaudación

Atrapado por sus socios a izquierda y derecha, el Gobierno de coalición tiene muy complicado sacar adelante el conjunto de la reforma fiscal que llevaba semanas planteando. La caótica y rocambolesca Comisión de Hacienda, celebrada el lunes en el Congreso de los Diputados entre un sinfín de recesos y negociaciones paralelas de última hora, logró consensuar entre los partidos que dan soporte al Ejecutivo un dictamen de mínimos que tendrá que debatirse en el Pleno del jueves. Será difícil lograr darle forma dado el antagonismo en materia fiscal del PNV y Junts, a un lado, y ERC, Bildu, BNG y Podemos, al otro. Hasta entonces, el grueso de las aspiraciones del PSOE y Sumar, entre las que se encontraban una subida fiscal al diésel y la extensión de los impuestos extraordinarios sobre las grandes empresas de banca y energéticas, están técnicamente fuera. Ello implica dejar en el aire más de 4.000 millones de euros al año en ingresos, un revés en toda regla para las pretensiones del Ministerio de Hacienda.

A ello se le añade la posible congelación o suspensión del quinto desembolso de los fondos europeos, dotado con 7.200 millones de euros. El pago está comprometido con la Comisión Europea a cambio de que España apruebe una reforma fiscal que sea validada por Bruselas. Por eso, si el Ejecutivo comunitario no se contenta con los cambios que finalmente admita el Congreso —si es que se aprueban—, el Gobierno podría quedarse sin ese chorro de dinero.

Los socios del Gobierno conforman dos bloques principales que discrepan prácticamente en todos los planteamientos. Como los votos de cada uno de ellos son imprescindibles, el Ejecutivo no tiene más remedio que hacer encaje de bolillos para intentar limar las asperezas y presentar un plan en el que todos queden mínimamente contentos. En este punto, son trascendentales los impuestos extraordinarios a banca y, sobre todo, energéticas. El debate alrededor de ellos es el que precipitó el lunes el amago de ruptura total, que habría supuesto una herida de muerte para la coalición.

La extensión del tributo que afecta a las entidades financieras y de crédito estaba pactada con un diseño algo distinto al original y todos los socios la apoyaban, lo que aseguraba a Hacienda durante al menos tres años alrededor de 1.600 millones de euros en ingresos por ejercicio. Aunque los diputados tiraron una enmienda transaccional que endurecía el gravamen para las empresas de más volumen, la enmienda original sí habría sido aprobada. Sin embargo, el lío alrededor de la conversión en permanente del impuesto energético rompió todos los planes y terminó dejando en el aire, a la espera de lo que suceda el jueves, ese volumen de recursos.

La prórroga del gravamen a las grandes eléctricas, gasistas y petroleras estaba prácticamente descartada debido a la negativa de Junts a dar su apoyo. El PSOE —que hace semanas cerró un primer acuerdo con el PNV y con la formación catalana— había aceptado no extenderlo y perder cerca de 1.200 millones en recaudación a cambio de asegurar otros cambios tributarios. Sin embargo, este lunes, en la frenética Comisión de Hacienda, los socios de la izquierda forzaron al Gobierno a dar marcha atrás y a comprometerse a extender la figura a través de un real decreto. ERC, Bildu y BNG critican al PSOE por “dar prioridad” al PNV y Junts en las negociaciones y, al igual que Podemos, han hecho de esta extensión una línea roja.

Por ahora, las posiciones de los dos bloques son antagónicas. Tras el acuerdo in extremis de ayer con los tres partidos soberanistas de izquierdas, Hacienda aseguró en un intento por contentar a Junts que las compañías energéticas podrán descontarse en la hipotética prórroga las inversiones verdes. Junts ha insistido varias veces en que no quiere esta prórroga. Por eso, a la espera de lo que suceda en el Pleno del jueves, los aproximadamente 2.800 millones de ingresos por las dos figuras están en duda.

En la reforma fiscal que planteaba el Gobierno tras sus primeros contactos con el PNV y Junts también estaba sobre la mesa la equiparación fiscal del diésel no profesional a la gasolina, lo que implicaba una subida de unos 11 céntimos por litro repostado. La convulsa sesión del lunes barrió con esta posibilidad, que en términos recaudatorios habría supuesto un balón de oxígeno de algo más de 1.000 millones de euros que también están en el aire hasta que se apruebe el dictamen definitivo.

La Comisión de Hacienda también rechazó otros aumentos fiscales que habían planteado el PSOE y Sumar. Aunque su cuantificación es difícil de aproximar por la falta de detalle de las propuestas, los diputados dieron un portazo a varios cientos de millones de euros en ingresos al descartar subir impuestos a las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (conocidas como socimis), a los pisos turísticos, a los bienes de lujo y a las primas de seguros sanitarios privados.

Más de 2.500 millones, casi asegurados

La propuesta de reforma fiscal planteada por el Gobierno se armó en las últimas semanas a través de decenas de enmiendas que el PSOE, Sumar y el resto de grupos políticos presentaron a la trasposición de la directiva europea que impone un tipo mínimo del 15% a las multinacionales. Esta medida es de obligado cumplimiento para España, que ya ha sido llevada al tribunal de justicia por ir con retraso a la hora de incluirla en su ordenamiento. Por eso, aunque los grupos deberían apoyarla, es difícil que Bruselas la perciba como parte de la reforma fiscal que Hacienda tiene comprometida. Más allá de eso, el tipo mínimo engordaría los ingresos públicos en unos 2.600 millones de euros, según fuentes parlamentarias, aunque otros expertos consultados rebajan la cifra al entorno de los 1.500 millones.

La Comisión de Hacienda también dio luz verde a la reversión de las medidas que introdujo en 2016 el anterior ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, en el impuesto de sociedades. Este diseño fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional hace casi un año por haberse impulsado a través del real decreto y ahora el Gobierno lo corrige para evitar devoluciones de más de 6.000 millones.

Además, los diputados aprobaron un cambio técnico para combatir el fraude en el IVA de los hidrocarburos y pequeñas medidas como el alza fiscal al tabaco (con un aumento en ingresos de 500 millones, según las mismas fuentes) y a los rendimientos del ahorro en el IRPF.