Energía, socimis y primas de seguros: estos son los impuestos por los que chocan los partidos del bloque de la investidura

Ante el bloqueo declarado a izquierda y derecha, el Gobierno no tuvo más remedio que aplazar este jueves en el Congreso la Comisión de Hacienda que iba a votar las enmiendas registradas en el proyecto de ley que traspone la directiva europea del tipo mínimo a las multinacionales. Esta norma se ha convertido en el vehículo con el que el Ministerio de Hacienda quiere aprobar la reforma fiscal comprometida con Bruselas, y ha sido complementada con infinitas enmiendas presentadas en las últimas semanas por los grupos parlamentarios que dan soporte a la coalición. Sin embargo, a la hora de la verdad, esa que implica votar las medidas que serían definitivas, la dificultad para encontrar el consenso ha obligado al Ejecutivo a posponer el examen por segunda vez, en esta ocasión hasta el lunes.

El punto de fricción más fuerte se encuentra en la no renovación del impuesto extraordinario a las energéticas. Mientras que ERC, Bildu, Podemos y BNG quieren mantenerlo, Junts se niega a darle continuidad y el PNV solo lo apoyaría si se transfiriese al concierto vasco. Dentro del Gobierno, Sumar presiona para extenderlo, mientras que el PSOE acepta eliminarlo a cambio de sostener el bancario. También hay roces con otras propuestas como el fin del régimen fiscal especial de las socimis (las sociedades de inversión inmobiliaria) o la eliminación de la exención del IVA a las primas de los seguros sanitarios privados y a las viviendas turísticas. Sí parece que hay consenso en otras medidas como el aumento fiscal al diésel o a la inversión.

La complicadísima aritmética parlamentaria ha dejado la negociación en punto muerto y el Gobierno ha decidido posponerla unos días para intentar cerrar un mínimo común que apoyen sus socios habituales y que serviría como punto de partida para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El desafío es mayúsculo dado el antagonismo ideológico que escenifican en materia fiscal el PNV y Junts, por un lado, y los partidos de izquierda, por el otro. En estas conversaciones tampoco pueden olvidarse las guerras discursivas que escenifican Junts y ERC, el PNV y Bildu, o Sumar y Podemos, por ocupar sus respectivos espacios políticos.

La presión aumenta, porque el quinto pago de los fondos europeos, de 7.200 millones de euros, depende en parte de esa reforma. Por eso, deslizaban ayer varias fuentes gubernamentales consultadas, si el lunes no hay avances reales es probable que la trasposición se vote sin enmiendas y que la reforma fiscal se intente sacar más adelante, negociando con Bruselas para no perder el desembolso. No queda otra, porque el tiempo se acaba y España está obligada a aprobar antes de que termine el año la directiva europea que establece una tributación mínima del 15% a las multinacionales. El Gobierno va con muchos meses de retraso y ya ha sido apercibido y llevado a la justicia europea por parte de la Comisión.

El impuesto energético, el gran escollo

A través de diferentes enmiendas registradas en la trasposición de la directiva, los grupos parlamentarios han ido incluyendo en las últimas semanas sus principales demandas en materia fiscal. Primero fue el turno del PSOE, Junts y PNV. Los tres partidos, a cambio de poner punto y final a la extensión del impuesto energético, pactaron prorrogar durante tres años el gravamen bancario y otra serie de subidas fiscales al tabaco, el diésel y las rentas del capital en el IRPF. Bajo esa premisa, el PSOE y Sumar escenificaron días después otro acuerdo que incluía acabar con el régimen fiscal especial de las socimis (las sociedades de inversión inmobiliaria) y con la exención del IVA a los seguros sanitarios privados y a las viviendas turísticas. El socio minoritario de la coalición, sin embargo, seguía defendiendo la continuidad del impuesto a las energéticas, algo en lo que también insistieron ERC, Bildu, BNG y Podemos, cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante la reforma.

El impuesto energético, que como el bancario nació para actuar sobre los beneficios extraordinarios que las grandes empresas del sector ingresaron como consecuencia de la inflación, recaudó el año pasado más de 1.500 millones de euros. Pese a que el PSOE y Sumar acordaron prorrogarlo en el pacto de Gobierno, la presión de compañías como Repsol e Iberdrola y la fuerte negativa de Junts —cuyos votos son imprescindibles— han terminado por sacarlo de la ecuación. Los socios de izquierda, sin embargo, recuerdan al Gobierno que sus apoyos también son fundamentales y reclaman más ambición en la negociación.

Fin de la ventaja de las socimis

De la misma forma que los socios a la izquierda del Gobierno rechazan la eliminación del impuesto a las energéticas que Junts ha convertido en línea roja, los nacionalistas catalanes cargan contra algunos de los puntos que sostienen el acuerdo entre el PSOE y Sumar. Uno de los más conflictivos es la supresión del régimen fiscal especial de las socimis —las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario—, puesto sobre la mesa para contribuir a mejorar la oferta de vivienda en alquiler, según la coalición. Las socimis, exentas del pago del impuesto de sociedades, son unos vehículos de inversión que están presentes en diferentes activos inmobiliarios como oficinas, centros logísticos, hoteles, centros comerciales y, en menor medida, viviendas. El amago fiscal del Gobierno ha hecho temblar al sector y firmas como Merlin y Colonial han amagado con salir de España si pierden su ventaja, lo que ha llevado a Junts a rechazar la medida. Los nacionalistas catalanes también se han posicionado en contra de la posibilidad de acabar con la exención fiscal a las primas de seguros privados sanitarios. Y también hay ciertas dudas sobre la viabilidad de la propuesta del Gobierno para eliminar la exención del IVA a los apartamentos turísticos y para crear un impuesto al lujo.

Principio de acuerdo

Las enmiendas acordadas con Junts y el PNV, los dos huesos duros de roer del Gobierno, incluyen la permanencia durante al menos tres años del gravamen extraordinario sobre la banca con un rediseño progresivo en función de los ingresos de cada entidad. También, una subida fiscal al diésel, a las rentas del capital en el IRPF y a la nicotina de los cigarrillos electrónicos y al resto del tabaco. Se presupone que todas estas medidas, al menos en la teoría, contarían con el apoyo de los socios de la izquierda. Estos también estarían a favor de incluir novedades que permitan combatir los fraudes en el IVA de los hidrocarburos y corregir los errores técnicos en la reforma del ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, en el impuesto de sociedades. Incluso el PP sugirió este jueves que su formación daría el visto bueno a la trasposición de la directiva comunitaria si se incluyesen, únicamente, estas dos últimas enmiendas.