Trabajo advierte a las empresas sobre obligar a ir a trabajar durante una alerta: “No hay salvoconductos que valgan”

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha comparecido este lunes para dar cuenta de cómo se está desarrollando el escudo laboral de protección para los afectados por la dana desplegado por el Gobierno y ha avanzado que casi 1.200 empresas de las zonas devastadas ya se han acogido a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor, afectando a unos 16.000 trabajadores. En las comarcas dañadas y alrededores trabajan alrededor de 350.000 personas, según calculó inicialmente el Ministerio de Trabajo.

En su comparecencia tras la reunión del gabinete de crisis en Moncloa, el número dos del Ministerio de Trabajo ha ensalzado que las empresas estén optando por suspender la actividad temporalmente en lugar de despedir a sus empleados —solo se han registrado 55 extinciones de contrato, según Pérez Rey—, pero también ha aprovechado para lanzar una advertencia a las compañías que, según ha denunciado la Cadena Ser, están habilitando salvoconductos a sus trabajadores, a modo de eximentes de la ley, para que puedan ir a trabajar cuando haya alertas naranjas o incluso rojas. Según esta información, la Conselleria de Interior y Justicia valenciana habría emitido cientos de salvoconductos para empleados de Mercadona, Consum, Aldi y Lidl, entre otras empresas, para que sus trabajadores puedan acudir a sus empleos bajo alertas de emergencia climática.

La normativa laboral y la de prevención de riesgos son competencia del Estado, ha explicado Pérez Rey, “y en ningún caso ninguna norma administrativa ínfima (de una comunidad autónoma) puede poner en peligro el derecho a la salud e integridad de los trabajadores”, ha indicado. Y ha añadido tajante: “Contra la vida y la seguridad de los trabajadores no hay salvoconductos que valgan”. Por ello, ha advertido a las empresas que usen este tipo de justificaciones que “serán investigadas” por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En este sentido, ha desvelado que la Dirección General de Trabajo está elaborando una consulta para clarificar todos los elementos necesarios para preservar la salud y seguridad de los empleados, en cumplimiento de la norma de urgencia que ya aprobó el ministerio hace casi dos años ante las alertas naranjas y rojas por cuestiones climáticas. De hecho, ha recordado que la Inspección “tiene órdenes estrictas de vigilar el cumplimiento de la protección de riesgos y ya ha abierto 80 expedientes y vamos a seguir haciendo más”.

“Sin conocer las empresas (expedientadas), ni su tamaño, ni a qué se dedican, nadie puede jugarse la vida acudiendo a trabajar, nadie puede poner en riesgo su salud ni con una orden empresarial ni sin ella”, ha insistido Pérez Rey.

El secretario de Estado de Empleo ha vuelto a recordar todo el paquete de medidas y ayudas que conforma el escudo laboral entre las que destacan los ERTE de fuerza mayor mejorados para esta ocasión (las empresas que se acojan a ellos estarán exentas del pago del 100% de las cotizaciones y todos los empleados cobrarán una prestación por desempleo mejorada mientras dure el ajuste del 70% de la base reguladora y no consumirán el derecho a dicha prestación de cara a futuras situaciones de paro); los permisos retribuidos no recuperables, que en este caso sí correrán a cargo de las empresas enteramente; y la reactivación del plan Mecuida, que incluye reducciones de jornada y salario de hasta el 100% para quienes no puedan optar por un permiso retribuido.

Finalmente, Pérez Rey ha informado de que el próximo lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y él mismo acudirán a la zona cero de la dana para empezar a diseñar el reparto del Plan de Empleo dotado con 50 millones de euros para subvencionar la contratación de trabajadores destinados a la reconstrucción de las comarcas arrasadas por las inundaciones.

Según ha explicado, ambos dirigentes se entrevistarán con las autoridades autonómicas y locales de estas zonas para “diseñar conjuntamente” los mecanismos de intervención, a través de este Plan de Empleo, destinado a contratar parados inscritos como demandantes de empleo para que dichas labores de reconstrucción se lleven a cabo “cuanto antes” y que la recuperación “sea inmediata”.