WWF calcula que 30.000 toneladas de frutos rojos de cultivos ilegales en Huelva se comercializarán en Europa

Unas 30.000 toneladas de frutos rojos cultivados procedentes de los invernaderos ilegales de Huelva se venderán en los mercados europeos este invierno, según cálculos de la organización ecologista WWF. La estimación supone el 9,5% de la producción agrícola de fresas, arándanos, frambuesas y moras del año pasado, que alcanzó las 313.344 toneladas por un valor de 1.067 millones, según datos de la patronal del sector, Freshuelva.

Las fincas ilegales de esta provincia andaluza ocupan 1.180 hectáreas, que son regadas con seis millones de metros cúbicos de agua, una cantidad equivalente a unas 2.400 piscinas olímpicas. Al margen de la sequía sufrida durante los últimos años, el problema afecta al parque nacional de Doñana porque los frutos rojos son regados con pozos ilegales que extraen agua del acuífero de la reserva, muy próxima a estas fincas que esquilman el agua subterránea hasta secar muchos humedales cada temporada. Las Administraciones, tanto la estatal a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como la regional, la Junta de Andalucía, tienen dotaciones de agentes medioambientales cuyos medios no consiguen atajar este problema que de manera cíclica supone una competencia desleal para los agricultores que se ajustan a la ley, resalta WWF.

¿Por qué se siguen comercializando estas fresas plantadas en fincas ilegales? A pesar de que los policías del agua multan a los agricultores incumplidores y luego se promueven procesos judiciales contra ellos, la justicia es muy lenta y dado que el beneficio económico logrado con las cosechas de frutos rojos, que recogen los temporeros con salarios reducidos, es muy elevado y la ilegalidad compensa. Cada bracero suele cobrar unos 50 euros por seis horas y media de trabajo seis días a la semana. Tanto el sector de la distribución como las cadenas europeas y nacionales de supermercados han intentado en el pasado imponer sellos que exijan la trazabilidad del agua y el origen legal de las tierras, pero las producciones al margen de la ley siguen presentes en el mercado, en torno al 10% de la producción.

La detección de las 30.000 hectáreas de producción agrícola ilegal se han llevado a cabo gracias a imágenes satelitales y ortofotografías aéreas obtenidas por la organización ecologista. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lanzó hace dos meses una nueva herramienta muy útil para localizar a los agricultores piratas: “Proporciona teledetección en tiempo real, con actualización cada cinco días, el tratamiento automático de las imágenes en muy poco tiempo, aproximadamente dos minutos”, para así poder inspeccionar los bombeos de agua y clausurar las captaciones clandestinas, subraya el comunicado de WWF.

El Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía alcanzaron un acuerdo millonario el pasado invierno que buscaba eliminar los agricultores con fincas fuera de ordenación, pero su traslación del papel a la realidad es una ardua tarea, y de momento las fresas cultivadas en invernaderos ilegales son una realidad. Solo tres meses después del pacto, la Junta intentó reformó su ley forestal para poner una alfombra roja a los agricultores con frutos rojos en suelo forestal -y así legalizarlos-, pero ante el escándalo el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno (PP) echó marcha atrás.

Los ecologistas piden, para poder salvar a Doñana de la emergencia que sufre, que tanto la Junta como Transición Ecológica, actúen de manera contundente para multiplicar el cierre de pozos y precinto de hectáreas ilegales, unas actuaciones que se suceden cada año pero que han demostrado su ineficacia a lo largo de las últimas décadas. “Exigimos que se impida que las fresas cultivadas ilegalmente lleguen a los estantes de los mercados nacionales y europeos a partir de diciembre (…) Acabar con las ilegalidades en el uso del suelo y el agua es vital para que los incentivos que se contienen en el marco socioeconómico para Doñana del Gobierno central tengan utilidad”, subraya la organización ecologista.