La Autoridad Fiscal advierte de que el plan del Gobierno no garantiza alcanzar los objetivos de deuda y déficit

La Autoridad Fiscal ha alertado este martes de que el plan fiscal que el Gobierno ha presentado en Bruselas no garantiza el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda previstos. La deuda pública disminuirá en relación al PIB, pero no se colocará en una senda completamente descendente al final de periodo como exigen las nuevas reglas fiscales europeas. Estas obligan a comprometerse con una senda anual de aumentos del gasto, una vez descontados los intereses, el gasto cíclico por desempleo o los fondos europeos. De esta forma, limitando los desembolsos, se consigue hacer un ajuste y, en consecuencia, poner la deuda en una senda descendente a medio y largo plazo. Y siempre se puede elevar ese margen de gasto si además se adoptan medidas de ingresos.

Sin embargo, al no haber detallado el Gobierno el plan, la Autoridad Fiscal ha realizado su análisis basándose en un escenario a políticas constantes. Es decir, no se tiene en cuenta por ejemplo el paquete fiscal presentado recientemente en el Congreso. Y bajo esas condiciones, el organismo concluye que hará falta abordar un ajuste. No en 2025 porque el Gobierno se ha concedido más margen para ese ejercicio tanto con el límite de gasto computable como por la retirada de ayudas por la inflación. Pero sí en adelante: “A partir de 2026 serán necesarias medidas dado el impacto del envejecimiento en el gasto. No será suficiente”, ha declarado Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en la presentación de dos informes sobre las cuentas públicas, uno sobre las líneas presupuestarias anuales y otro sobre el plan fiscal estructural.

A políticas constantes, el gasto público computable no debería estar limitado al 3% entre 2025 y 2031, como prevé el Gobierno en su plan fiscal, sino que, en opinión de la Airef, debería más bien situarse en un aumento máximo del 2,8% para que se pueda cumplir con los objetivos de deuda y déficit. Además, con políticas constantes, el gasto va a ser superior al 3% en el periodo de ajuste: se situaría en unas tasas de crecimiento anuales del 3,6%, según las previsiones del organismo encargado de velar por las cuentas públicas. En consecuencia, el déficit público se quedaría en el 1,6% del PIB en lugar del 0,8% comprometido, y la deuda se estabilizaría alrededor del 87% e, incluso, subiría un poco a finales de la década de los años treinta y, por lo tanto, no se cumpliría con el objetivo de las reglas fiscales europeas de dejarlo en una senda descendente 10 años después del ajuste. “El plan fiscal supone un avance en la sostenibilidad, pero no garantiza por sí sola la reducción del déficit y la deuda”, concluye el estudio de la Airef.

La diferencia entre el 3,6% y el 2,8% de aumentos del gasto supone unas tres décimas de PIB, unos 4.500 millones con el producto interior bruto de este año. En principio, ese sería el ajuste necesario para cumplir. Pero la Autoridad Fiscal matiza que estos números se han hecho con sus escenarios de ingresos, gastos y PIB. El Gobierno ha podido proyectar un escenario distinto de gastos, ingresos y PIB, con el que sí se cumpliría y que la Comisión Europea podría validar. Esas diferencias podrían bastar para cumplir sin que haya que abordar más medidas, reconocen los expertos de la Airef.

Con la reforma de las reglas fiscales europeas se pretendía que los ajustes se hicieran más graduales y fueran menos procíclicos, es decir, que no se tuvieran que abordar justo cuando la economía no iba tan bien, aumentando el impacto negativo de los ajustes. Pero la Autoridad Fiscal señala que el Ejecutivo está retrasando los esfuerzos: “Las mayores limitaciones al gasto se posponen al final del periodo coincidiendo con menores crecimientos del PIB”, destaca la Airef. Pese a lo que se pretendía, está diseñado de manera procíclica, permitiendo más gasto cuando más crece la economía y menos cuando se espera que haya menos actividad.

Falta de información

A juicio de la Airef, el plan carece de la información suficiente sobre las medidas que respaldarán esa senda de ajuste, cuáles serán las sendas de gasto e ingresos o cómo se repartirán los esfuerzos entre Administraciones. Es un documento que recoge un compromiso político, pero que no fija una estrategia fiscal a medio plazo, dice. Y esto se debe, en parte, al propio marco europeo que ha permitido una redacción con un contenido bastante menos exigente que los anteriores programas de estabilidad que se enviaban de forma anual a Bruselas. “Está lejos de unos mínimos y hemos sido unos de los países que menos detalle hemos dado”, ha señalado Herrero. Países como Portugal, los Países Bajos e Italia han ido más allá y han presentado más detalle. Por ejemplo, han publicado cifras presupuestarias para los cuatro años de proyección.

También preocupa en la Airef que la legislación presupuestaria española no sea consistente con el nuevo marco europeo. Por ejemplo, la regla de gasto nacional, que es la que obliga a administraciones como las comunidades y ayuntamientos, no se ha homologado con la nueva europea de gasto máximo computable.

Por otra parte, la Autoridad Fiscal alerta de que el déficit público puede desviarse este año por encima del 3% del PIB comprometido con Bruselas. Este 3% del PIB de déficit es el umbral que, de sobrepasarse, obliga a poner al país bajo un mayor control presupuestario europeo. La Comisión sacó a España del llamado Procedimiento por Déficit Excesivo porque consideraba que el Gobierno lograría bajar en 2024 su desfase en las cuentas públicas hasta el 3% del PIB. Pero si no lo hace, podría volver a tener que someterse a una mayor disciplina fiscal.

La Autoridad Fiscal cree en su escenario central que España logrará reducir el déficit del 3,5% al 3% del PIB. Pero el Ejecutivo ha enviado a Bruselas una previsión de gasto que, de cumplirse, dejaría el déficit en el 3,5% y devolvería a España a una supervisión más férrea de Bruselas. Si además la Comisión tiene en cuenta para el ajuste este incumplimiento de 2024, cuyo incremento del gasto computable debería ser del 2,6% en vez del 5,3% que estima el Gobierno, eso podría lastrar la ejecución del plan. Según la Airef, si se cumpliera la recomendación europea de mantener este año el gasto computable en un aumento del 2,6%, la deuda bajaría en casi cinco puntos de PIB más hacia finales de la década de los años treinta, apunta el organismo.