Los inspectores de Hacienda temen que el cupo catalán dispare el fraude de empresas, patrimonios y tramas de IVA

El pacto al que llegaron el PSC y ERC para sentar las bases de una financiación singular para Cataluña es todavía difuso y presenta varios interrogantes. El documento, parco en detalles, establece que la Generalitat gestionará la totalidad de los impuestos generados en el territorio a cambio de aportar una especie de cupo al Estado y al resto de las comunidades. Y esto, a falta de conocer su aterrizaje, ha puesto en máxima alerta a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

Según explicó el viernes su presidenta, Ana de la Herrán, “el concierto económico, aunque el Gobierno no quiera llamarlo así, provocaría graves perjuicios en la aplicación del sistema tributario y en la lucha contra el fraude fiscal”. Los inspectores, que celebraron en Córdoba su XXXIV congreso anual, cuantificaron casi una veintena de tipos de comprobación que se verían seriamente comprometidas, desde la vigilancia de la falsa residencia fiscal hasta el control de las multinacionales, pasando por los fraudes masivos en el IVA o el contrabando. En los últimos años, se han recuperado alrededor de 15.000 millones de euros en beneficio de Hacienda en las actuaciones de control, una cifra que, aseguran los inspectores, caerá si el plan sigue adelante.

Todo se explica, creen desde la asociación, por las consecuencias que tendría la ruptura de la caja única y del sistema de información tributaria, “que ha de ser único para todo el territorio a fin de garantizar su aplicación”, prosiguió De la Herrán. “La lucha contra el fraude se fundamenta en disponer de un sistema unificado lo más amplio posible, que permita analizar los riesgos en los que incurre un contribuyente y su ámbito de intereses”, añadió José María Peláez, portavoz de la asociación. Las inquietudes, a las que se suman otras en materia laboral, fueron trasladadas durante el congreso tanto al secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, como a la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor. Gascón reconoció que están a la espera de conocer las propuestas del grupo de expertos designado por el Govern de Salvador Illa, pero avanzó que no imagina un modelo que no amplíe la economía de escala y los mecanismos de cooperación y colaboración entre administraciones. “No concibo otro modelo posible. Y ese es el modelo que iremos concretando a lo largo de los próximos meses y de los próximos años”. Fernández Doctor pidió “tranquilidad” hasta que se conozcan esas sugerencias.

Los inspectores, sin embargo, ven estas palabras como difusas y creen que los cimientos sobre los que se sustenta el pacto ya son suficientes para confirmar que las consecuencias más graves se producirían en el ámbito del fraude. “Muchos planes de inspección se verían seriamente tocados, mientras que otros, directamente, no podrían llevarse a cabo”, explicó Peláez.

Algunos de estos se refieren a la comprobación de los grandes patrimonios, de los grupos consolidados y de las empresas multinacionales, así como de los fraudes de carácter organizado y delictivo, como las tramas del IVA en los hidrocarburos. Además, se producirían deslocalizaciones de empresas ante diferencias de criterios en la aplicación de los impuestos indirectos, y se resentirían las comprobaciones que se hacen de forma coordinada a nivel nacional con criterios establecidos por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y su homóloga en el ámbito internacional, la ONFI.

Entre los 17 planes y actuaciones enumerados, los inspectores destacan como uno de los más importantes “la imposibilidad” de comprobar las deslocalizaciones de personas físicas con domicilio en Cataluña. Estas comprobaciones derivan del resultado de una herramienta informática que detecta a falsos residentes de patrimonios relevantes Con una Agencia Tributaria fraccionada y sin esa herramienta “sería imposible detectar, tanto por parte de la agencia estatal como de la catalana, obligados tributarios con domicilio en Cataluña, pero que sean falsos residentes en el extranjero”, apuntó Peláez. Lo mismo sucedería con la inspección de grandes patrimonios, ya que esa labor se centraliza.

En el ámbito empresarial, la asociación destaca la imposibilidad de ejecutar el plan de inspección de sociedades y socios si una de las partes estuviese domiciliada en Cataluña. En este ámbito, la agencia realiza cada ejercicio miles de comprobaciones para detectar indicios de fraude y “se necesita comprobar al mismo tiempo a la sociedad y al socio”. Si solo una de las partes tuviera el domicilio fiscal en Cataluña, la actuación caería porque se precisa del análisis de las cuentas de gastos que figuran en la contabilidad y en la declaración del impuesto de sociedades.

También sería imposible ejecutar el plan de grupos consolidados si la sociedad dominante o alguna de las dependientes estuvieran en la Generalitat, ya que el éxito depende de que la comprobación sea simultánea. La agencia catalana también tendría problemas para controlar a las grandes empresas con parte de su actividad en otras comunidades de España.

Información simultánea

La disponibilidad de información simultánea e inmediata también es vital para destapar las tramas del IVA y los entramados con nidos de sociedades. “Una empresa sin actividad ni empleados radicada en Madrid puede ser una sociedad pantalla para un defraudador de Barcelona, y viceversa”, apuntó Peláez. Todos estos “agujeros negros” de información, expusieron los inspectores, ya existen actualmente con País Vasco y Navarra, que disponen de sistemas propios. Los riesgos crecerán si el plan para Cataluña continúa, advirtieron desde el cuerpo de élite de la Agencia Tributaria.

La problemática también tendría derivadas en la recaudación fiscal. Esto se debe, según los inspectores, a que cuando los contribuyentes no pagan voluntariamente sus deudas tributarias, la agencia pone en marcha el procedimiento de apremio para realizar actuaciones de embargo sobre los bienes del deudor en todo el territorio nacional. Esto supondría un nuevo vacío, ya que la agencia catalana no podría realizar actuaciones de embargo fuera de su territorio, lo que resentiría los ingresos. “Los deudores catalanes burlarían el pago simplemente situando los bienes fuera de Cataluña”.