La inversión de 1.100 millones de Repsol que mantiene en vilo a Tarragona y podría irse a Portugal

Las trabas parlamentarias, sobre todo de Junts y el PNV, que encuentra el Gobierno para convertir en permanente el impuesto extraordinario sobre la banca y las compañías energéticas suenan a estribillo conocido, toda vez que Pedro Sánchez se apoya sobre una frágil mayoría que obliga a hacer malabares constantes para contentar a los socios de la investidura. Esta vez, sin embargo, el Ejecutivo también tiene que afrontar las quejas públicas de un opositor enérgico, más acostumbrado a ventilar las diferencias en la discreción de los despachos. La compañía Repsol se erige en la voz crítica contra los planes del Gobierno y advierte de que la “demagogia fiscal” acarrea consecuencias. En juego está una inversión de 1.100 millones de euros en el complejo industrial de Tarragona, para levantar una planta que transforme los residuos en combustible mediante una tecnología que tiene muy poca competencia en Europa. Tarragona es el principal centro de trabajo, por volumen de personal, que tiene Repsol en España. Se cuentan 1.400 empleados directos y otros 1.400 que dependen de empresas subcontratadas.

En Tarragona, la compañía energética está desarrollando desde hace varios años el proyecto Ecoplanta Molecular Recycling Solution, la que está llamada a ser “la primera planta de España de valorización de residuos municipales no reciclables a metanol”. Se trata de una iniciativa pionera que emplea basuras y sobras vegetales para fabricar nuevos materiales y biocombustibles avanzados. La instalación, que debería operar dentro del complejo industrial que ya explota Repsol en el municipio de El Morell, al lado de Tarragona, tiene el visto bueno administrativo y cuenta con las autorizaciones urbanísticas municipales y con las licencias ambientales de la Generalitat.

Su entrada en funcionamiento, a la espera de tener la luz verde definitiva de la dirección de la compañía, está prevista para 2028. Pero en el centro de decisión de Repsol se ha pisado el freno, ante el intento del Gobierno de convertir en permanentes los gravámenes extraordinarios sobre banca y energéticas. La compañía, que se anotó un beneficio de 3.168 millones de euros en 2023, sostiene que el endurecimiento impositivo compromete el retorno de la inversión y obliga a evaluar el traslado de la idea a su centro industrial de Sines (Portugal) o a desecharlo directamente.

De momento, el Ministerio de Hacienda ha pospuesto la controvertida reforma para convertir en fijos los gravámenes extraordinarios sobre banca y energéticas. Pero no por mucho: necesitaría ejecutarlo antes del 31 de diciembre para poder así hacer tributar a estos grandes grupos por los beneficios cosechados en este ejercicio. En un principio, el Gobierno contemplaba la posibilidad de incluir el nuevo esquema a través de una enmienda en la transposición de la directiva europea que establece una imposición mínima a las multinacionales, después de que el plazo para incluir correcciones a esta normativa se ampliase por enésima vez, ahora hasta el 30 de octubre. Eso todavía da al Ejecutivo unos días de margen para intentar cerrar una negociación que se ha vuelto muy compleja.

Según el diseño aprobado por Repsol, la Ecoplanta podría procesar anualmente alrededor de 400.000 toneladas de residuos municipales no reciclables procedentes principalmente de los ecoparques (plantas de recuperación y tratamiento de residuos) de las localidades cercanas, lo que equivaldría a los residuos generados en un año por una población de 800.000 personas. Los defensores del proyecto aseguran que este metanol está llamado a ser un combustible esencial para descarbonizar el transporte y el tráfico marino, donde el uso de motores eléctricos es muy poco eficaz por el elevado peso que implican las baterías.

Como parte del mismo plan, Repsol también tiene congelado el despliegue de “un electrolizador alcalino de gran capacidad a escala europea”. La instalación está diseñada para producir 2,7 toneladas de hidrógeno renovable por hora, generando hidrógeno verde y oxígeno para las empresas que operan en el polo petroquímico de Tarragona, el de mayor envergadura del sur de Europa.

Efecto contagio

En total, se trata de una inversión de 1.100 millones de euros que impacta directamente en el nervio del polígono petroquímico de Tarragona, no tanto por la generación de empleos que pueda conllevar la nueva instalación, que no se prevé muy considerable por la elevada tecnificación del proyecto, como por el efecto contagio que pueda tener en un mapa industrial que está muy interrelacionado y donde los vínculos entre las compañías son sólidos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado la “amenaza” de la compañía energética de dejar en suspenso su millonaria inversión en Cataluña y ha manifestado que “las empresas españolas deben implicarse con su país”. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha sido muy crítico con la posibilidad de que se perpetúe el impuesto: “Me repugna particularmente la demagogia en torno a las cuestiones fiscales”, ha manifestado recientemente.

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, afirmó este miércoles que le parece “preocupante” que se pueda mantener el impuesto a las energéticas en un periodo muy largo de tiempo y ha alertado sobre los posibles riesgos, en relación con que puede afectar a la capacidad inversora de las empresas en un momento que se encuentran en plena fase de transición energética. “Tocar un elemento sin tener en cuenta el conjunto puede acarrear consecuencias más negativas que positivas”, ha señalado Santacreu. Por su parte, el jefe de Gabinete de Estudios Económicos de la Cámara, Joan Ramon Rovira, considera que los impuestos tienen que ser los “menos ineficientes posible”.