Isabel Rodríguez pide blindar el parque público de vivienda y reforzar la regulación

“Hemos convertido a la política de vivienda en un eje central de esta legislatura”, ha zanjado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este miércoles en el Congreso, en una comparecencia en la que ha puesto sobre la mesa varias medidas dirigidas a solucionar lo que ha calificado como una “emergencia social”. Entre ellas, destaca el blindaje de los parques públicos de vivienda “a perpetuidad” para que no se puedan vender a precio libre, aumentar los recursos dedicados a esta política para ampliar la oferta, también gracias a los fondos europeos, bonificar fiscalmente a los caseros que pongan a disposición sus inmuebles a un precio más barato, desarrollar la ley de vivienda y profundizar en la regulación de precios. “La barra libre no sirve”, ha dicho. “Sí a la regulación y al desarrollo de la ley de vivienda”, ha añadido, antes de recordar que ya se ha empezado el proceso para regular el alojamiento turístico, con base en el derecho comunitario. También ha pedido cooperación a los Gobiernos autonómicos, con amplia competencia en materia de vivienda, y reforzar la colaboración público-privada para impulsar la construcción de ese parque de pisos públicos.

La comparecencia de Rodríguez se produce a instancia de varios grupos parlamentarios y después de que se hayan producido varias movilizaciones protestas de jóvenes que reclaman al Gobierno una mayor intervención para acceder a una vivienda digna. Esta cuestión se ha convertido en un asunto de Estado y en un campo de batalla política. La crisis actual se cristaliza en un problema de acceso, más grave que el que sufrían los jóvenes durante la burbuja previa al crac financiero de 2008.

Según el Banco de España, el desajuste entre demanda y oferta es abismal: faltan unas 600.000 casas, una situación que tensa el mercado. También es mucho más difícil acceder a la financiación, por ser más restrictivos los requisitos de las entidades y en un contexto de tipos aún elevados que encarecen los préstamos hipotecarios. El alquiler, la solución más utilizada por los jóvenes que no tienen suficientes ahorros para ser propietarios, tampoco se vislumbra como una panacea. Al contrario, los precios de las rentas han subido aún más que los de compra, muy por encima de los salarios, sobre todo en las grandes ciudades y las zonas que reciben más viajeros, donde los pisos turísticos que han proliferado en los últimos años meten más presión sobre los precios.

El Gobierno insiste en la necesidad de construir un parque público de viviendas que se ofrezcan a precios asequibles, un plan para el cual hace falta constancia y músculo inversor. El Gobierno quiere aprovechar los fondos europeos para acelerarlo. Rodríguez ha defendido blindar los inmuebles y el suelo público, para que no puedan descalificarse y venderse en el mercado libre, tensionando los precios. En este sentido, también tiene que lidiar con una sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado algunos preceptos de la Ley de Vivienda, como la prohibición total de descalificar los parques de pisos públicos, aunque ha respaldado que no se puedan vender a inversores privados o fondos buitre.

La modificación de la ley de suelo para impulsar la construcción de esa bolsa de viviendas públicas también se ha quedado en el tintero por falta de apoyos parlamentarios. La regulación es otro compromiso pendiente, desde los precios al uso de los pisos turísticos, con el handicap de que la competencia en la materia recae en las comunidades autónomas, que pueden decidir o no aplicar las normas que apruebe el Ejecutivo central. “No se trata de invadir, sino de contribuir”, ha dicho Rodríguez, que se ha abierto a escuchar las propuestas de otros partidos y a llegar a acuerdos.

La mejor solución para garantizar un parque público de vivienda social, como tienen otros países, pasa por blindar los inmuebles públicos. Porque la mayoría de las viviendas que se construyeron en las décadas anteriores se han recalificado y han pasado al mercado libre. En los ochenta, la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) representaba más del 60% del total de los inmuebles nuevos. Esa proporción se ha reducido hasta caer a menos del 20% actual, según datos oficiales.

Muchas de las viviendas que se siguen construyendo pasan al mercado libre una vez pasan los 10 años, el periodo que suele durar la protección en la mayoría de las comunidades. Un informe de Funcas señala que solo el 2,5% de las viviendas en España están protegidas. El porcentaje alcanzaría el 9% si no se hubiera producido un proceso de recalificación como vivienda libre, lo que hubiera situado a España en la media europea. Según otro estudio, esta vez de CC OO, si en los últimos 40 años no se hubiese recalificado la vivienda pública y se hubiera invertido en la creación de pisos accesibles, España contaría hoy con 4,7 millones de hogares de precio social (en lugar de los apenas 300.000 que el sindicato estima que hay).

“Ese déficit ahora lo estamos pagando”, ha afirmado la Rodríguez, que ha tachado de error la descalificación de esas viviendas como públicas. “No existen varitas mágicas”, ha agregado. “Muchas de las medidas ya en marcha no van a dar efectos inmediatos, otras las estamos poniendo a corto y medio plazo. Todas ellas sentarán las bases para dar respuestas estructurales al problema”, ha agregado, y ha puesto como ejemplo a Cataluña por ser el primer territorio en aplicar la ley de vivienda con una regulación de los precios del alquiler y la gestión del País Vasco.

Antes de la comparecencia, Rodríguez contestó a una pregunta parlamentaria del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre cómo el Gobierno pretende dar respuesta a la emergencia de la vivienda. “No vamos a parar hasta dar solución”, afirmó la ministra. Rufián instó a poner medidas sobre la mesa más allá de “las frases motivacionales”, defendiendo que España no necesita más inmuebles, sino soluciones a la vivienda vacía, a los pisos turísticos y la especulación de los grandes fondos, a los que propuso expropiar. “Hay que abordar la cuestión con rigor”, contestó Rodríguez, quien insistió en la necesidad de aumentar la oferta —”los 3,4 millones de viviendas vacías no están en lugares donde existe demanda”, argumentó— con la construcción de un parque público “al estilo europeo” y que lo sea “para siempre”.

Marchas en la calle y tensión política

Rodríguez ha comparecido en el Congreso para dar cuenta de su gestión, hostigada por los partidos de distintos colores —Esquerra, Bildu y BNG, socios habituales del Ejecutivo, solicitaron la comparecencia ante la “inacción” de su departamento— y por una ola de protestas en la calle de varias ciudades. El portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, ha avisado al PSOE de que la legislatura puede depender de la “encrucijada” de la política de vivienda. Podemos, por su parte, ha preguntado a sus bases si debe condicionar su apoyo a los Presupuestos a la imposición de medidas para bajar o topar los precios del alquiler, entre otras.

Después de la manifestación en Madrid, el domingo 13 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, dotado con 200 millones de euros. Lejos de contentar a sus socios, la medida ha provocado una oleada de críticas de Sumar, Podemos o ERC, que consideran que encarecerá los pisos si no va acompañada de una regulación de los precios, y de Junts, que apunta que la medida es tan restrictiva que solo podría disfrutar de ella un 0,1% de los jóvenes de Cataluña.