Desmantelada una red dedicada al fraude de los hidrocarburos que evadió 133 millones a Hacienda

Nuevo caso de fraude en el IVA de los carburantes. La Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han hecho público este miércoles que sus equipos han desarticulado una nueva red de presunto fraude en el comercio de los hidrocarburos en España, valorada en más de 130 millones de euros que habrían sido evadidos. La operación, dirigida por la Audiencia Nacional, ha resultado en la detención de seis personas: dos en Sevilla y cuatro en Madrid. Además, se han llevado a cabo registros en las sedes de empresas vinculadas a esta trama en la capital.

Según fuentes de la investigación, el operativo no tiene vinculación alguna con Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo enviado a prisión la semana pasada por utilizar el mismo esquema para defraudar 182 millones de euros en dos años.

El nuevo fraude, el enésimo que se registra en España vinculado al IVA de los hidrocarburos, está relacionado con delitos contra la Hacienda pública, específicamente por la evasión del impuesto en el comercio de la gasolina y el gasóleo y el blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente con estas prácticas. En concreto, la organización operaba durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 y logró evadir el pago de impuestos por un valor de 133 millones de euros.

El esquema de la trama consistía en un complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios del sector. Esta red utilizaba empresas instrumentales para asumir artificialmente la responsabilidad del pago de impuestos generados por la comercialización de hidrocarburos. Una vez generado el fraude, los fondos eran transferidos a cuentas bancarias de empresas en terceros países, eludiendo así la acción de Hacienda.

El fraude del IVA en el sector de los carburantes es una de las prácticas más extendidas en los últimos años en el país y representa ya alrededor de una cuarta parte del volumen total de venta de combustible. Estas tramas operan a través de redes de empresas ficticias, también conocidas como sociedades pantalla, que compran carburantes sin pagar el IVA correspondiente y luego desaparecen antes de que Hacienda pueda reclamar el impuesto. El agujero estimado para los ingresos públicos, según estiman las patronales petroleras ante la falta de información oficial de la Agencia Tributaria, alcanzaría los 1.200 millones de euros anuales.

El esquema habitual bajo estas tramas opera mediante una red de empresas intermediarias, que pueden ser nacionales o internacionales, dedicadas a la adquisición y venta de combustibles. Estas compañías, generalmente ficticias, realizan compras de carburantes dentro de la Unión Europea, aprovechando los mecanismos del mercado intracomunitario que permiten realizar estas operaciones sin la necesidad de pagar inmediatamente el IVA. Sin embargo, al vender el combustible a precios más bajos en el mercado interno, estas compañías emiten facturas con IVA, pero no lo ingresan a las arcas del Estado. Cuando Hacienda detecta la irregularidad, las empresas ya han desaparecido.

El fraude se nutre de un modelo de empresa pantalla con testaferros, donde una sociedad de corta vida opera durante un periodo muy limitado de tiempo, pero suficiente para realizar unas pocas transacciones de grandes volúmenes de combustible y desaparecer antes de que Hacienda pueda iniciar el proceso de comprobación. Pero, ¿cómo pueden lograr escapar? En un primer momento, mientras está almacenado, el combustible está al amparo del régimen suspensivo, es decir, libre de tributar. Una vez que sale, las operaciones están sujetas a dos gravámenes: los impuestos especiales y el IVA. Sin embargo, mientras que los primeros se pagan a la salida de fábrica o depósito fiscal donde se almacena el producto —por parte de los titulares de dichas instalaciones—, el segundo está exento cuando los compradores mayoristas adquieren el combustible. La idea es que, posteriormente, estos operadores ingresen con sus declaraciones periódicas el IVA devengado en las ventas a las gasolineras. Sin embargo, desaparecen, por lo que esos ingresos nunca llegan a Hacienda.

Estas prácticas tienen otras derivadas mayores que engordan más todavía el fraude. En la construcción del precio final del combustible deberían incluirse otras obligaciones sectoriales como la reserva de biocarburantes (combustibles líquidos o gaseosos de origen renovable) para combatir el cambio climático o la aportación anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Sin embargo, una empresa que tiene la intención de desaparecer no imputa todos estos costes, por lo que el precio de salida es inferior. Esto, además de reducir las bases imponibles, provoca graves problemas de competencia con los productores y gasolineras que cumplen la normativa y venden a precios más altos.