El millonario fraude del IVA de los combustibles: empresas fantasma que desaparecen antes de tributar

El fraude del IVA en el sector de los carburantes ha crecido de manera exponencial en los últimos años y ya representa alrededor de una cuarta parte del volumen total de venta de combustible que se anota en el país. Este tipo de estafa no es nueva y lleva alertando a los inspectores y técnicos de la Agencia Tributaria desde hace ya tiempo. Sin embargo, ha vuelto a saltar a la palestra después de que el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, fuera enviado a prisión la pasada semana acusado de diseñar un multimillonario fraude mediante este esquema, con un coste de 182 millones de euros para Hacienda en dos años. En conjunto, explican diferentes voces expertas del mercado, todas estas prácticas suponen un notorio agujero para el erario público que ha ido a más con el paso de los años y que ahora supera los 1.000 millones cada ejercicio. El funcionamiento es relativamente sencillo: se basa en la utilización de empresas ficticias que compran combustibles sin pagar el IVA correspondiente y que luego desaparecen antes de que la Agencia Tributaria pueda recaudar el impuesto.

El esquema principal, explican desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, opera mediante una red de empresas intermediarias, que pueden ser nacionales o internacionales, dedicadas a la adquisición y venta de combustibles. Estas compañías, generalmente ficticias, realizan compras de carburantes dentro de la Unión Europea, aprovechando los mecanismos del mercado intracomunitario que permiten realizar estas operaciones sin la necesidad de pagar inmediatamente el IVA. Sin embargo, al vender el combustible a precios más bajos en el mercado interno, estas compañías emiten facturas con IVA, pero no lo ingresan a las arcas del Estado. Cuando Hacienda detecta la irregularidad, las empresas ya han desaparecido.

El fraude se nutre de un modelo de empresa pantalla con testaferros, donde una sociedad de corta vida opera durante un periodo muy limitado de tiempo, pero suficiente para realizar unas pocas transacciones de grandes volúmenes de combustible y desaparecer antes de que Hacienda pueda iniciar el proceso de comprobación. Pero, ¿cómo pueden lograr escapar? En un primer momento, mientras está almacenado, el combustible está al amparo del régimen suspensivo, es decir, libre de tributar. Una vez que sale, las operaciones están sujetas a dos gravámenes: los impuestos especiales y el IVA. Sin embargo, mientras que los primeros se pagan a la salida de fábrica o depósito fiscal donde se almacena el producto —por parte de los titulares de dichas instalaciones—, el segundo está exento cuando los compradores mayoristas adquieren el combustible. La idea es que, posteriormente, estos operadores ingresen con sus declaraciones periódicas el IVA devengado en las ventas a las gasolineras. Sin embargo, desaparecen, por lo que esos ingresos nunca llegan a Hacienda.

Estas prácticas, añade Natalia Hidalgo, abogada experta en impuestos especiales y aduanas en NH Asesores, tienen otras derivadas mayores que engordan más todavía el fraude. La razón, explica, es que en la construcción del precio final deberían incluirse otras obligaciones sectoriales como la reserva de biocarburantes (combustibles líquidos o gaseosos de origen renovable) para combatir el cambio climático o la aportación anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Una empresa que tiene la intención de desaparecer, apunta Hidalgo, no imputa todos estos costes, por lo que el precio de salida es inferior. “Defraudar es tanto no ingresar el IVA como no devengarlo, y hay una bolsa de IVA no devengado brutal”.

Las pérdidas económicas para el Estado son devastadoras. La Agencia Tributaria no recopila el impacto para Hacienda, pero en sus memorias anuales se pueden ver cada ejercicio varios ejemplos de este tipo de tramas, con cientos de millones de euros de impacto destapados por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF). La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantifica en 530 millones de euros el fraude destapado por sus agentes desde mediados de 2021 hasta mediados de este año. Por su parte, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos eleva la sacudida hasta los 1.200 millones anuales, mientras que los últimos datos de la consultora KPMG apuntan a unos volúmenes estimados de ventas de los operadores irregulares de 26.000 millones de euros entre 2013 y 2022 que no habrían pasado por los ojos de Hacienda.

Además del recaudatorio, este tipo de fraude tiene un impacto de competencia desleal en el mercado. Las empresas que participan en el entramado pueden vender carburantes a precios mucho más bajos que las legítimas, ya que no están asumiendo el coste del IVA. Esto pone en desventaja a las compañías que operan de manera legal, las cuales deben enfrentarse a una competencia que puede reducir sus márgenes de beneficio de manera significativa, según denuncian desde el sector. Otro efecto negativo es la vinculación con el crimen organizado, ya que las operaciones fraudulentas suelen estar relacionadas con redes delictivas más amplias que no solo se dedican a la evasión fiscal, sino también al contrabando de combustible y otras actividades ilícitas. Las ganancias obtenidas a través de este fraude suelen ser lavadas y transferidas a paraísos fiscales. Por ejemplo, una trama destapada recientemente por la Agencia Tributaria blanqueaba parte de los beneficios mediante la inversión en criptomonedas y adquisición de empresas del sector sanitario y hotelero, la restauración y los clubs náuticos.

Tanto el sector como los inspectores de Hacienda proponen como solución que los operadores paguen por el IVA tras la salida de los depósitos fiscales, lo que funcionaría como una suerte de aval de cara a la Agencia Tributaria y evitaría que las empresas desaparecieran sin cumplir. También sería útil, añaden, limitar el número de operadores que pueden participar en el mercado. Otras voces expertas, en cambio, creen que esta medida concentraría y limitaría la competencia en los operadores refineros, además de implicar a terceros actores en la gestión del IVA. Según Hidalgo, realmente bastaría con que se aplicasen y ejecutasen los controles estándar que tiene la agencia para detectar fraudes de IVA en cualquier sector.