El alquiler está partiendo a la sociedad

La crisis de 2008 sacudió el sistema de vivienda y financiero. Hubo impagos masivos, quiebras bancarias y un desplome en los precios de las viviendas. En respuesta, los gobiernos y e instituciones como los bancos centrales, actuaron con fuerza, priorizando el rescate de los mercados y revitalizando el sector financiero-inmobiliario.

Desde 2008, una gran cantidad de capital financiero ha encontrado refugio en el mercado de alquiler de viviendas, convirtiéndolo en un activo seguro. Este fenómeno ha sido impulsado por varias razones: los tipos de interés históricamente bajos, las políticas de expansión cuantitativa de los bancos centrales, la baja rentabilidad en otros mercados, como el de deuda, y las oportunidades de negocio surgidas tras el desplome de los precios inmobiliarios. La financiarización del sector ha requerido un constante aumento en los precios del alquiler para satisfacer las expectativas de rentabilidad de los inversores.

El resultado es la fractura de la sociedad de propietarios, promovida desde el franquismo hasta 2008. Esta ruptura se produce desde abajo, ya que las nuevas generaciones se ven excluidas del acceso a la vivienda en propiedad y deben enfrentarse a un mercado de alquiler cada vez más tensionado, que absorbe una gran parte de sus ingresos. Pero también se produce desde arriba, con un creciente porcentaje de hogares que adquieren viviendas para alquilarlas, convirtiéndose en caseros, especialmente entre las personas con mayores ingresos.

La sociedad se encuentra cada vez más dividida entre aquellos que acumulan propiedades y obtienen ingresos por alquiler, y una “generación de inquilinos” que, a pesar de tener empleos estables, no dispone de medios propios para acceder a una vivienda en propiedad. El mercado de alquiler profundiza esta brecha, actuando como un mecanismo regresivo que transfiere ingresos desde los sectores con menores recursos hacia los de mayor renta. En este contexto, el futuro de las nuevas generaciones depende menos de cuánto estudien, trabajen o se esfuercen, y más de su capacidad para heredar una vivienda o de recibir apoyo familiar para cubrir la entrada de una hipoteca. Así, las sociedades se vuelven cada vez más desiguales y estratificadas según el patrimonio inmobiliario.

Esta situación está desmoronando los pactos sociales tradicionales. En nuestras sociedades, la vivienda en propiedad no solo representaba un hogar, sino también un medio para acceder a la ciudadanía y a la clase media, así como una garantía de bienestar económico y protección social, especialmente tras décadas de privatizaciones y recortes en el Estado del bienestar. Ahora, la fractura de la sociedad de propietarios está erosionando esos consensos sociales y económicos, transformando la crisis de los alquileres en una crisis política. Resolver el problema de la vivienda exige promover nuevos acuerdos que refuercen su función social, eviten su mercantilización y garanticen el acceso universal, de forma similar a lo que ocurre con la sanidad y la educación.