La patronal andaluza de promotores de vivienda pide declarar la “emergencia habitacional”

Las empresas de promoción residencial quieren que exista una novedosa fórmula legal que permita, como sucede en casos de crisis sanitaria o por catástrofes, lo que denominan para su sector como “emergencia habitacional” por la carestía de vivienda y la consecuente subida de precios de compra y alquiler.

Esta propuesta viene recogida en las alegaciones que la patronal andaluza Fadeco ha realizado al anteproyecto de ley de vivienda que elabora actualmente la Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno (PP). Pero la intención, según fuentes de la asociación, es que esa norma se extienda a otras autonomías e incluso a territorio nacional. “Otras patronales autonómicas están interesadas en saber cómo avanza la propuesta de emergencia habitacional y la patronal a nivel nacional también está informada”, señalan fuentes de Fadeco.

La asociación empresarial quiere introducir en la norma andaluza ya ese concepto, por que de hecho, considera que existe una actual “coyuntura social problemática que podríamos denominar como emergencia habitacional, que está provocando que el acceso a la vivienda digna y adecuada y a precio asequible se conforme en la actualidad como uno de los principales problemas de los ciudadanos”, recoge el informe jurídico de las alegaciones, redactado por los despachos de abogados Montero Aramburu y Gómez-Villares Atencia.

El objetivo principal de los promotores es que se agilice la tramitación de los planes para la transformación de suelo en urbanizable, que suelen demorarse entre 10 y 15 años, y en donde habitualmente las Administraciones diseñan un mayor porcentaje de vivienda protegida. Por eso, buscan que la llamada emergencia habitacional agilice los trámites para construir en plazos mucho más cortos. Desde este sector constructor lamentan que la dilación durante más de una década de estas operaciones urbanísticas crea una enorme inseguridad jurídica y la falta de financiación privada.

“Es preciso dotar a la Administración autonómica de instrumentos que permitan atender a los intereses generales afectados con el fin de contribuir a un entorno de seguridad jurídica que facilite la materia prima para lograr la vivienda que se necesita, que es el suelo finalista”, se señala en el documento.

En el informe de alegaciones a la ley del PP, que tiene mayoría absoluta en el parlamento andaluz, la patronal considera que hay antecedentes suficientes del Tribunal Constitucional, que ya ha utilizado el concepto “emergencia social y económica” para hablar en materia de vivienda respecto a un decreto ley, precisamente de Andalucía, de 2015. También Canarias incluyó en un decreto ley de 2024 medidas urgentes en vivienda en el que utilizaba la fórmula de emergencia habitacional para que prevaleciese esa norma sobre otras vigentes en determinadas medidas.

La Junta ha recibido bien la propuesta. “No suena mal”, apuntó ayer Carolina España, consejera andaluza de Economía y Hacienda, sobre si al Gobierno autonómico le parece bien la cuestión de emergencia habitacional.

En unas jornadas organizadas por Fadeco esta semana en Sevilla, los promotores andaluces reclamaron a los poderes públicos que procedan a declarar la situación de emergencia, para asimilar la construcción de esas nuevas infraestructuras al procedimiento que se usa para otras situaciones de emergencia como las sanitarias, o como la lucha frente a la sequía. Ignacio Peinado, presidente de Fadeco, sostuvo que la dilación de los plazos, que superan la década, “para urbanizar un terreno ha matado al urbanismo y ha creado un estado de escasez que ha provocado un incremento insostenible de los precios de las viviendas”.

Uno de los problemas que viene denunciando la patronal APCEspaña a nivel nacional es la falta de suelo, la materia prima para estas promotoras, con carácter finalista (donde se puede construir), por la lentitud de la tramitación en los planes urbanísticos. Casos como los grandes desarrollos del Sureste en el municipio de Madrid, donde se diseñó la construcción de más de 100.000 casas -con un alto porcentaje de vivienda con algún tipo de protección pública- en los años noventa del siglo pasado y que apenas ahora comienzan a arrancar. El mayor y habitual interrogante a esta aceleración de la tramitación en los planes urbanísticos propuesta por las empresas surge, para los poderes públicos y otros actores del sector, en cómo garantizar la seguridad jurídica -por ejemplo en la multitud de informes necesarios en cada paso- y si los ayuntamientos tienen capacidad para acelerar los procesos.

Esta falta de suelos urbanizables, aunque no únicamente por ese motivo, es una de las razones de carestía de casas. El Banco de España calculó recientemente que existe un déficit de 600.000 viviendas hasta 2025, lo que tensiona la demanda.

La patronal también pide en sus alegaciones poder incrementar el número de viviendas y adaptar, con más densidad en las construcciones, “las tipologías a los tamaños de los hogares que demandan hoy las familias”.