El ‘think tank’ de la CEOE pide reducir el IVA de los productos sanitarios para equipararse a Europa

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha instado este viernes al Gobierno español a reducir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicado a los productos sanitarios, señalando que España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una de las cargas fiscales más altas en este sector. Mientras que vecinos como Italia, Francia, Alemania y Portugal ya aplican tipos reducidos de entre el 4% y el 9%, en España la mayoría de los productos de tecnología sanitaria están gravados con el tipo general del 21%. El think tank de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) advierte que esta situación coloca a los consumidores y al sistema sanitario español en una clara desventaja respecto al resto de Europa.

En un informe presentado este viernes, el IEE argumenta que la reducción del IVA no solo permitiría una mayor equidad fiscal en comparación con los países del entorno, sino que también tendría un impacto positivo directo sobre el sistema sanitario público y la economía en general. Según sus estimaciones, una reducción del IVA del 21% al 4% en productos sanitarios esenciales podría generar un ahorro de hasta 1.330 millones de euros anuales para el sistema de salud público, lo que supondría un alivio significativo para los presupuestos públicos y permitiría reinvertir esos recursos en mejorar infraestructuras, equipos y personal sanitario. El think tank vinculado a la CEOE lanza esta propuesta en un contexto en el que Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha propuesto aplicar un IVA de 21% a educación y seguros sanitarios privados.

Además del ahorro económico al que alude el IEE, el documento destaca que una rebaja en el impuesto al consumo podría tener efectos inmediatos en la reducción de las listas de espera, uno de los problemas crónicos que arrastra la sanidad española. Según argumenta el centro de estudios de la patronal, al facilitar la adquisición de tecnología médica avanzada —tanto en el sector público como en el privado— los hospitales y centros de salud podrían aumentar su capacidad operativa, modernizar sus equipos y mejorar la eficiencia en el diagnóstico y tratamiento de pacientes. Esto no solo reduciría los tiempos de espera, sino que también permitiría ofrecer una atención de mayor calidad, especialmente en áreas donde los retrasos son más preocupantes, como las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas.

El informe también señala el potencial impacto positivo de la medida sobre los hogares españoles, especialmente los de menores ingresos, quienes se beneficiarían de un mayor acceso a productos médicos esenciales a un coste más bajo. En concreto, se estima que esta rebaja en el IVA podría aumentar la renta disponible de las familias en aproximadamente 530 millones de euros anuales, al abaratar productos como prótesis, dispositivos de monitorización de la diabetes, marcapasos, instrumentos de otorrinolaringología y otros materiales médicos de uso común.

Desincentivo

La actual carga fiscal, según el documento, desincentiva tanto la inversión pública como la privada en nuevas tecnologías sanitarias, algo fundamental en un contexto donde la innovación es clave para mejorar los resultados en salud y garantizar un sistema sanitario sostenible. Por eso, la reducción del IVA podría favorecer el desarrollo del sector sanitario privado, que se vería en mejores condiciones para invertir en equipos más avanzados y atraer a más pacientes, aliviando así la presión sobre el sistema público.

España tuvo durante muchos años un IVA reducido sobre todos estos productos, algo que le costó un toque de Bruselas por ir en contra de la normativa comunitaria vigente hace más de una década. En 2013, la Justicia europea dio la razón a la Comisión y obligó a Hacienda a aumentar los tipos. Ahora, la nueva normativa comunitaria ya permite a los Estados miembro aplicar tipos reducidos e incluso tipos superreducidos, por lo que es “urgente” que España se adapte a estas posibilidades, insiste el IEE. No hacerlo supone una “subestimación” del impacto que estos productos tienen en la mejora de la salud pública y en situaciones de emergencia como las que se vivieron durante la pandemia.