La mayoría pagaría más impuestos para mejorar la sanidad

Las protestas ciudadanas y del personal sanitario por falta de recursos han reavivado el debate sobre la gestión de la sanidad pública en España. El último barómetro de 40 dB. para EL PAÍS y la SER, con 2.000 entrevistas realizadas el pasado diciembre, abordó la calidad de los servicios médicos en las distintas comunidades a cinco meses de las elecciones autonómicas. El 64,5% piensa que en la autonomía en la que reside se destinan “demasiados pocos recursos” para la sanidad pública. El 39,1% ve “regular” su funcionamiento, aunque el porcentaje de los que la califican de buena o muy buena (32,7%) supera al de quienes la evalúan como mala o muy mala (26,8%). Y quienes están dispuestos a pagar más impuestos para mejorar esos servicios ganan a los que no. Todos los datos internos de la encuesta pueden consultarse en las webs de EL PAÍS y la Cadena SER.

En una escala de 0 a 10, siendo 0 el polo de los más convencidos de que “es importante mejorar la sanidad pública aunque eso implique pagar más impuestos” y 10 el extremo de los que opinan que lo importante es “pagar menos impuestos aunque eso signifique reducir la calidad de la sanidad pública”, la media sobre la población general se sitúa en un 3,2. Solo un 2,6% de los españoles se sitúan en el polo “antiimpuestos”, siendo muchos más los que prefieren invertir en el estado del bienestar: el 61,0% se sitúa entre el 0 y el 4 del polo a favor del aumento de los gravámenes y el grupo mayoritario (23,1%) es el 0.

Por regiones, de entre las cuatro más pobladas, la Comunidad de Madrid es la que presenta una ciudadanía más decidida a una fiscalidad amplia que financie una buena sanidad, seguida por Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Los votantes más dispuestos a pagar más son, por este orden, los de Unidas Podemos, los partidos nacionalistas o regionalistas y el PSOE. Y los que menos, los de Vox, PP y Ciudadanos.

La evaluación de la sanidad varía según el partido que gobierna cada comunidad autónoma. Así, los residentes en autonomías presididas por los socialistas (Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y La Rioja) están más satisfechos con el funcionamiento de la sanidad pública (un 34,8% la valora positivamente frente al 23,5% que lo hace de forma negativa) que quienes viven en comunidades gobernadas por el PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Región de Murcia) o por partidos nacionalistas o regionalistas (Cataluña, País Vasco y Cantabria).

En las comunidades presididas por el PSOE la satisfacción parece más generalizada entre los votantes de distintas formaciones. La valoración positiva de los del PP supera en 10,4 puntos a la negativa. Solo en el electorado de Vox los críticos tienen una importante ventaja de 25,9 puntos. En las autonomías gobernadas por el PP, sin embargo, las opiniones están mucho más polarizadas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid presenta, entre las más pobladas, el mayor porcentaje de opiniones positivas (38,1%) y negativas (30,6%) sobre el funcionamiento de su sanidad y su servicio de salud suscita, en comparación con la media española, muchas más calificaciones muy buenas (12,8% frente a 6,6%) y muy malas (17,1% frente a 12,6%). El mejor balance neto es para la Comunidad Valenciana (36,1% de valoraciones positivas frente a un 25,1% de negativas). Andalucía y Cataluña obtienen peores notas que la media española en cuanto a servicios públicos de salud.

Los encuestados aprueban holgadamente las instalaciones médicas (74,7%), la posibilidad de atención presencial (66,9%) y el tiempo de atención recibida (61,6%), pero solo el 42,6% dice haber logrado con frecuencia obtener una cita rápido en el último año. Esta demora parece generalizada, aunque es en las comunidades gobernadas por partidos nacionalistas o regionalistas donde más ciudadanos dicen haber recibido un buen servicio. De las cuatro autonomías más pobladas, Cataluña es la que presenta menor demora en las citas; Madrid la mayor frecuencia de atención presencial cuando es requerida y la Comunidad Valenciana la región en la que los médicos dedican con mayor frecuencia el tiempo suficiente a las consultas.

El 88% declara ser usuario del sistema público de salud. Los seguros privados son especialmente populares en Cataluña (26,4% frente al 15,7% común en España) y la Comunidad de Madrid (21,9%). Un 11,9% de los españoles afirman haber participado en el último año en alguna protesta relacionada con los servicios sanitarios que reciben y un 27,1% se ha planteado hacerlo. La tasa de participación en acciones reivindicativas relacionadas con la sanidad pública es algo más alta en las comunidades gobernadas por el PP (13%) que en las que tienen un ejecutivo socialista (11,4%) o nacionalista (10,3%) y mucho más elevada entre los votantes de Unidas Podemos (22,5%) y del PSOE (14,8%) que entre el electorado de Vox (8,8%), Ciudadanos (7,6%) o el PP (6,3%).

Las comunidades autónomas han presupuestado un gasto medio en sanidad para 2023 de 1.808,5 euros por habitante. Ese aumento del 7,7% se queda por debajo del incremento medio del IPC. Madrid está a la cola, con un presupuesto de 1.446,13 euros por ciudadano, aunque el aumento en el gasto (11,2%) supera a la media, según el reciente informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública. En cabeza se sitúan el Principado de Asturias (2.133 euros per capita) y País Vasco (2.130 euros).