El Gobierno de Starmer reconsidera su promesa de cobrar más impuestos a los residentes millonarios extranjeros

Muchos de los miércoles en los que Keir Starmer, entonces líder de la oposición, se enfrentó al primer ministro conservador, Rishi Sunak, en la sesión de control del Parlamento, utilizó de manera eficaz como arma de ataque la privilegiada situación fiscal de la esposa de su rival.

Akshata Murty, hija del multimillonario indio Narayana Murthy, fundador de la empresa Infosys, llevaba años acogida al régimen de no-residente (non-dom, en la jerga tributaria británica), que le permitía no pagar apenas impuestos a la hacienda británica, a pesar de recibir anualmente casi 14 millones de euros en dividendos, por su participación del 1% aproximadamente en la empresa de su padre.

El Gobierno laborista, que prometió meter mano a ese régimen y acabar con los aparentes privilegios que suponía, ha comenzado a reconsiderar sus planes, según señalan numerosos medios británicos. La idea de que miles de personas decidan abandonar el Reino Unido, señalada por algunos expertos, ha desatado las alarmas.

Los non-doms son aquellos que viven en el Reino Unido, pero tienen fijada en otro país su residencia permanente. La mayoría son personas que llegan a trabajar durante unos años y luego se van. Pagan impuestos por los ingresos obtenidos en territorio británico, pero pueden escoger la llamada “base impositiva de remesas”, que permite evitar el pago de las ganancias e ingresos de fondos que posean fuera del país, siempre que no los envíen al Reino Unido.

Hay cerca de 37.000 personas en suelo británico que han optado por esa modalidad, y entre todas ellas pagaron al Tesoro británico más de 7.000 millones de euros en impuestos en el ejercicio fiscal 2020-2021, según datos manejados por el Instituto de Estudios fiscales.

Las reformas legales introducidas durante las últimas décadas limitan a un máximo de 15 años el plazo temporal en que las personas se pueden acoger a estos beneficios fiscales.

El anterior Gobierno conservador, agobiado por el deterioro de las cuentas públicas que supuso el descalabro económico del mandato de la ex primera ministra, Liz Truss, ya prometió eliminar gradualmente las ventajas del régimen de no-residentes, pero mantuvo muchas excepciones. Y, sobre todo, permitió que muchos millonarios siguieran bajo protección frente a impuestos como el de Sucesiones a través del uso de fideicomisos (trusts, en la jerga inglesa) para apalancar sus fortunas.

El Partido Laborista prometió en su programa electoral un cambio drástico “para poner en marcha un esquema moderno, destinado a aquellos que realmente viven en el Reino Unido por breves periodos de tiempo”.

Algunos beneficiarios del actual sistema han nacido en el Reino Unido y han heredado de sus padres su condición fiscal de no-residentes. Y es cierto, como sugieren algunos expertos, que resulta más indicativo de la realidad económica de las personas el tiempo que pasan en cualquier país que el lugar donde tienen fijada oficialmente su residencia.

La ministra de Economía, Rachel Reeves, calculó que podía lograr una recaudación extra de unos 1.200 millones de euros, que planeaba utilizar para incrementar el número de citas hospitalarias y de atención dental del Servicio Nacional de Salud, así como para desayunos gratuitos en los colegios públicos. Los expertos del Tesoro británico han advertido ahora a la ministra de que los planes de reforma, tal y como están diseñados en el compromiso electoral, podrían acabar reduciendo, en vez de aumentar, los ingresos del erario público.

Reeves debe presentar su primer presupuesto el 30 de octubre. Antes, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en sus siglas en inglés), el organismo independiente que evalúa las consecuencias de las medidas económicas planteadas por el Gobierno, deberá ofrecer su análisis sobre los cambios en el régimen fiscal.

“Todas estas informaciones son mera especulación. No se trata de una decisión del Gobierno. Será la OBR la que certifique el coste que supone cada una de las medidas anunciadas en el presupuesto, como hace siempre”, ha dicho un portavoz del Ministerio británico de Economía.

Su reticencia en descartar de plano la noticia sugiere que el Gobierno buscaría el amparo de los argumentos técnicos de la institución independiente, para suavizar las posibles críticas ante otra marcha atrás en las promesas económicas. Especialmente una que toca la fibra sensible del electorado de izquierdas.

La moción presentada esta semana por el sindicato mayoritario UNITE en el congreso del Partido Laborista en Liverpool, que supuso toda una bofetada al Gobierno al salir adelante, no solo reclamaba que fuera revocada la decisión de recortar las ayudas para gas y electricidad a los pensionistas. También exigía una mayor presión fiscal sobre los millonarios.

Pero también son muchas las voces que advierten al Gobierno de que, en un momento en el que ha apostado por incrementar la inversión pública y privada para estimular el crecimiento de un país anquilosado, debería pensar con cuidado cualquier movimiento. “En este momento necesitamos más que nunca financiación privada para alimentar el crecimiento y la recuperación. Si de mí dependiera, sería muy cuidadosa para evitar que ese flujo financiero acabara cortándose”, decía esta semana Andy Haldane, execonomista del Banco de Inglaterra, en la cadena LBC.

Pero frente a lo que muchos asesores fiscales llevan meses sugiriendo, que están siendo testigos de un éxodo de miles de sus clientes hacia otros territorios más amables fiscalmente con los no residentes —Suiza, Italia, Emiratos Árabes Unidos o EE UU—, otros expertos sugieren que las amenazas son exageradas. Arun Advani, profesor en la Universidad de Warwick y uno de los principales expertos en materia de impuestos en el Reino Unido, ya ha señalado que cada año se van del país cerca de un 5% de los no-residentes, y que cuando ha habido cambios en el régimen, la cifra sube apenas al 10%. “La mayoría de los no-residentes ha venido al Reino Unido a trabajar. Tienen ingresos muy altos, sea como financieros, futbolistas o altos directivos. Este tipo de trabajos se pagan muy bien, mucho más que en otros lugares, con lo que para la mayoría de ellos no resulta razonable irse”, escribió recientemente Advani en el diario The Guardian.