Qué es la senda fiscal que Hacienda se abre a negociar tras pedirlo Junts

España tiene que cumplir cada año con un objetivo de déficit público que se reparte entre los cuatro niveles de la Administración: el Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y las entidades locales. En otras palabras, cada uno de estos subsectores tiene asignado un nivel de desequilibrio máximo que, al sumarse, da lugar a la referencia prevista para todo el país. La distribución de esas metas para los años 2025 y 2026, propuesta por el Ministerio de Hacienda y validada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en julio, ha hecho saltar de nuevo los planes del Gobierno, posponiendo una vez más la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y obligando al Ejecutivo a replantear con sus socios habituales los números que había diseñado. “No tenemos que tener ningún tipo de prisa si llegamos a un acuerdo”, dijo ayer a última hora de la tarde en el Senado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras confirmar que han reabierto el diálogo con los grupos que sostienen al Gobierno para intentar cerrar un nuevo reparto.

La senda fiscal en la que se incluye la distribución del déficit ya fue rechazada por primera vez a finales de julio por PP, Vox y Junts en el Congreso. Ahora, ante las perspectivas de sufrir un nuevo y duro revés en la votación que hasta ayer estaba prevista para este jueves, el Gobierno ha decidido aparcar la propuesta y se abre a negociarla con los catalanes para dar algo más de capacidad fiscal a la Generalitat y el resto de autonomías, como piden respectivamente las formaciones lideradas por Carles Puigdemont y Alberto Núñez Feijóo.

La retirada de la tramitación, afirmaban ayer fuentes de Hacienda, “es un ejercicio de responsabilidad de un Gobierno que mira por el interés general para alcanzar un acuerdo beneficioso para la defensa del Estado de bienestar”. Enfrente, añaden, están “quienes solo se mueven por cálculos electoralistas y partidistas, aunque eso suponga perjudicar los servicios públicos de todos los ciudadanos”.

La senda de estabilidad recoge los objetivos vinculantes de déficit público, deuda pública y regla de gasto para los siguientes tres años, en este caso para el periodo 2025-2027. Estas metas tienen que estar en línea con lo acordado con la Comisión Europea y condicionan los presupuestos de cada administración. Es decir, son necesarias para que pueda haber unas nuevas cuentas públicas. La senda que hasta ayer proponía el Gobierno marca que los números rojos del conjunto del sector público no puedan superar el 2,5% del PIB el próximo ejercicio, el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027. En este reparto —sin contar con la Administración central y la Seguridad Social—, las comunidades tendrían que registrar un déficit del 0,1% en cada uno de estos tres años, mientras que las entidades locales deberían lograr el equilibrio presupuestario o déficit cero.

Es la distribución propuesta por Hacienda la que ha suscitado las críticas del PP y Junts, quienes sostienen que las autonomías disponen de poca capacidad fiscal frente a una Administración Central que se quedaría con la mayor parte del margen disponible en esta corrección: un déficit del 2,2%, del 1,8% y del 1,5% en los tres años del periodo, según la senda planteada por Hacienda. El escenario que ahora se abre implicará la puesta en marcha de una negociación —previsiblemente con el partido independentista— dirigida a que las comunidades rasquen unas pocas décimas. Junts ha puesto sobre la mesa la posibilidad de concretar un déficit autonómico del 0,8%, ocho veces más del ahora planteado, si bien desde el Gobierno confían en que la propuesta no sea de máximos dado el poco margen del que se dispone, según fuentes del Ejecutivo.

El objetivo de aparcar la votación de la senda de gasto “es dar más tiempo a la negociación ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo”, se limitaron a decir ayer desde Hacienda. “El Gobierno quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar un pacto que sería beneficioso para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, añadieron mientras criticaban la postura de los populares. A la vicepresidenta Montero le ha sentado especialmente mal que el PP se niegue a dejar avanzar un planteamiento que obtuvo luz verde en el CPFF, donde están representadas tanto el ministerio como el grupo de las comunidades autónomas, cada uno con un 50% de peso en la votación.

En las últimas semanas, el Ejecutivo ha puesto toda la presión sobre la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo y ha expuesto a los cuatro vientos el sinsentido, dicen, que supone que el PP vote en contra de unos objetivos de déficit que benefician a las comunidades, gobernadas en su mayoría por ellos mismos.

Desde Hacienda argumentan que si el Congreso no aprueba una nueva senda fiscal, inmediatamente entraría a funcionar la actual, que es más estricta con las autonomías y los ayuntamientos. En la senda vigente, las comunidades tendrían que anotar en 2025 y 2026 un superávit del 0,1% cada año, mientras que las entidades locales tendrían que registrar un ahorro del 0,1% y el 0,2%, respectivamente. En cifras, según cálculos del Gobierno, perder el margen que se ofrece en la senda propuesta haría que estos dos subsectores perdiesen un margen conjunto de casi 12.000 millones de euros. “Es decir, la senda del Gobierno ofrece a las comunidades autónomas y los ayuntamientos una mayor capacidad de gasto. Sobre esa misma premisa seguiremos negociando para alcanzar un acuerdo”, apuntan desde Hacienda.