Sumar demanda al Banco de España en la Audiencia Nacional por no precisar los beneficios de las entidades por sus depósitos

Los bancos españoles se embolsaron cerca de 39.000 millones de euros antes de impuestos en 2023. Estos beneficios tan altos se deben al incremento de tipos de interés (que acaban de empezar a bajar) pilotado por el Banco Central Europeo para combatir la crisis de precios de los últimos años. Esto supuso un problema para el bolsillo de muchas familias, con más dificultades para acceder al crédito. A la vez las entidades se han beneficiado de la remuneración que les abona el Banco de España por sus depósitos, que en poco más de un año pasaron del -0,5% al 4%. Ante esta situación, Sumar exigió en febrero al organismo público que detallase las cantidades abonadas a cada entidad, petición que el Banco de España rechazó en base al secreto profesional. El grupo parlamentario anunció en mayo que denunciaría a la entidad por negar esta información y ha cumplido su advertencia este viernes.

Los diputados de Sumar Txema Guijarro, Carlos Martín y Manuel Lago han interpuesto una demanda al respecto ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. En el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se reclama al tribunal que “dicte sentencia anulando la resolución de denegación dictada por el Gobernador del Banco de España, de fecha 10 de junio de 2024, por vulnerar el derecho fundamental a obtener información de los diputados”.

El gobernador cuando Sumar inició este proceso, Pablo Hernández de Cos, habló del tema en mayo en el Congreso. “¿Por qué no podemos darle los datos individuales? Estamos sujetos al deber de confidencialidad [al respecto]. El Banco de España no puede hacer otra cosa que cumplirlo”, dijo en respuesta a las preguntas del diputado Martín, que este viernes ha cargado contra el rechazo del BdE: “En 2023 los bancos ganaron por esta vía [el dinero público que el Banco de España transfirió por depositar sus reservas en él] 8.000 millones de euros, lo que representó el 65% de sus beneficios en España. Como resultado, el Banco de España registró pérdidas en su cuenta de resultados que fueron compensadas con provisiones, y el ingreso de 2.000 millones que el BdE suele hacer anualmente en el Tesoro procedente de sus beneficios se redujo a cero. Esto supuso un importante menoscabo en las posibilidades de financiar políticas públicas”.

En la demanda, Sumar rechaza de plano que el Banco de España no pueda facilitar estos datos: “Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la información solicitada y relativa a las cantidades abonadas por el Banco de España a entidades de crédito en concepto de intereses por los depósitos realizados en el mecanismo de facilidad de depósito, no constituye información sujeta al deber de secreto profesional”. Cree que esto es así porque “la información solicitada no puede dañar, siquiera hipotéticamente, los intereses privados de los bancos depositantes”; porque “las cantidades pagadas por el Banco de España por el concepto referido deberían ser públicas”; y porque “la publicidad de la información solicitada no entorpece en modo alguno la función del Banco de España relativa al diseño y ejecución de la política monetaria”.

“El privilegio de los parlamentarios de acceso preferente a la información de las Administraciones públicas se justifica en la necesidad de que puedan ejercer sus funciones, entre otras, las funciones legislativas y de control al Gobierno”, agregan los demandantes, en cuya opinión el Banco de España “se ha limitado a señalar el carácter confidencial de la información solicitada, sin explicar por qué es confidencial o en qué medida puede dañar los intereses del Banco de España o de terceros”. En la misma línea, consideran que “no puede existir una presunción general de confidencialidad de todas las operaciones que realiza el Banco de España”.