Deberes del nuevo gobernador

Probablemente el nombramiento más político que ha decidido el presidente Pedro Sánchez ha sido el de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Su relevancia no deriva solo de ser la máxima autoridad del sistema financiero español sino pertenecer al Consejo del Banco Central Europeo, (BCE), la institución, que junto al Tribunal de Justicia, ejerce una influencia más efectiva sobre la vida de los ciudadanos.

Además de las tareas propias de supervisión bancaria, el Banco de España dispone del equipo de investigación más potente y solvente del país. Significa un gran responsabilidad la selección de los temas de estudio y la información financiera que se publica, tan decisiva para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos.

El Gobernador saliente, Pablo Hernández de Cos en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el pasado 7 de mayo, dejó una precisa lista de los siete mayores retos a los que se enfrenta la sociedad española: elevar la productividad, reducir el paro, garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, disminuir las vulnerabilidades de los más necesitados (especialmente en vivienda), abordar la transición ecológica, reforzar la resiliencia del sistema financiero y contribuir a la integración europea. Dedicó especial atención a “afrontar los múltiples desafíos que plantea la transición ecológica”, asunto por el que mostró más preocupación que muchos diputados. Un reto que destacó recientemente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Diversos estudios nos recuerdan periódicamente el grave retraso en la transición ecológica. Climate Economics sostiene que Europa necesita invertir 2,5 billones de euros hasta 2050 para asegurar la transición energética. Hasta el momento solo destina la mitad de estas necesidades. Los bancos europeos han dedicado 1,3 billones de dólares (1,17 billones de euros) a financiar industrias contaminantes desde 2015, según Les Amis de la Terre.

Destacadas asociaciones (Revo Prosperidad Sostenible, WWF, Asufin, Positive Money, Greenpeace y Amigos de la Tierra, entre otras) han escrito al nuevo gobernador para recabar su apoyo para “duplicar la financiación” necesaria para garantizar la transición ecológica.

Cuestión nuclear es también el retraso histórico en la aplicación de las políticas europeas de protección de los consumidores en asuntos vitales como los préstamos hipotecarios. En los cientos de miles de litigios de los últimos años, el supervisor al igual que el Tribunal Supremo y el Ejecutivo han ido a remolque de la UE. Han priorizado los intereses de las entidades a los de los ciudadanos. En materia de reclamaciones el criterio del supervisor todavía no es vinculante en España, aunque fue acatado por el 83,7% de los bancos en 2022, frente al 71% en 2018. Una deficiencia que Hernández de Cos señaló en 2019, al reclamar que las resoluciones del Banco de España deberían aceptarse por los bancos con carácter generalizado.

Escrivá tiene ante sí deberes de gran trascendencia económica y política. Lograr la rápida reducción de la financiación de actividades contaminantes y exigir el cumplimiento de la política europea de protección del consumidor, que según el Abogado General Maciej Szpunar “es la mejora cualitativa de las condiciones de vida en la Unión”.

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