Sánchez impone a Escrivá como gobernador del Banco de España pese al rechazo del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido seguir adelante con el controvertido nombramiento del actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España, a pesar de las fuertes críticas por el posible daño a la independencia del organismo y el rechazo del Partido Popular (PP), según han confirmado fuentes conocedoras de la negociación. La elección es una decisión personal de Sánchez, pese a todas las advertencias y las dudas sobre el posible impacto que tendrá esta designación sobre la reputación de la institución financiera. La Moncloa ha dado órdenes de no confirmar el nombramiento. Ni en el Ministerio de Economía ni en el de Hacienda, que ocupa la vicepresidenta económica, María Jesús Montero, han ratificado la decisión. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también ha evitado confirmar la designación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y se ha limitado a defender que la persona que ocupe el puesto contará con la mayor capacitación técnica.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defenderá mañana miércoles en el Congreso de los Diputados la idoneidad del nombramiento de Escrivá. En vísperas de esa intervención, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha expresado su rechazo absoluto a la designación del ministro, argumentando que su salto de la política comprometía la credibilidad del organismo. “No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde”, criticó Feijóo. Por su parte, Miguel Tellado, portavoz del grupo parlamentario de los populares en el Congreso, reiteró que su partido “no está dispuesto a cambiar cromos”, en referencia a que si el Ejecutivo no daba otra opción para presidir la institución, ellos no se sentarían a negociar el nombre del subgobernador, como es habitual en la renovación de los cargos del Banco de España.

El Gobierno quería negociar con Génova el nombre del subgobernador y estaba dispuesto a aceptar a la persona de su elección. De hecho, los populares habían previsto que fuera Eva Valle, jefa de la oficina económica de Moncloa con Mariano Rajoy. Pero esta posibilidad se ha cerrado por completo, pues Escrivá supone para ellos una línea roja. “No vamos a entrar en el juego de cambio de cromos. El Banco de España necesita al frente una persona independiente. Escrivá no lo es y no lo va a ser nunca. Si esa es la persona, solo estaría constando la voluntad inequívoca de colonizar todas las instituciones del Estado”, ha insistido Tellado.

La controversia no es menor. Desde que comenzaron las negociaciones informales para renovar la cúpula de la entidad, Sánchez solo puso un nombre sobre la mesa: José Luis Escrivá. El PP se ha negado en redondo desde el primer momento, no por falta de cualificación técnica, sino por la conveniencia política de que un ministro en activo dé el salto al banco central. Fuentes de la institución también han admitido que no es el preferido para encabezar el organismo, pero el Gobierno insiste en que es la persona idónea para el cargo, destacando su amplia experiencia en el ámbito financiero y su paso por instituciones como el propio Banco de España, el Banco Central Europeo, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Con este argumento bajo el brazo, el Ejecutivo ha tomado una decisión a escasos días de que venza el mandato de la subgobernadora, Margarita Delgado, que hasta el 11 de septiembre actúa como gobernadora en funciones, en sustitución de Pablo Hernández de Cos. Se prevé que Escrivá se incorpore de forma inmediata al organismo y participe en la próxima reunión del Consejo del Banco Central Europeo, programada para el 12 de septiembre. Esta será su primera intervención en máximo regulador que dirige la política monetaria del Viejo Continente. El ministro de Albacete tiene fama de ser una “paloma”, como se le llama coloquialmente a los perfiles menos ortodoxos en esta área, pues defienden bajadas de tipos de interés más aceleradas.

Fuentes del Gobierno recuerdan que el nombramiento de un ministro como Escrivá como gobernador no es una anomalía en Europa. Ya ocurrió así con el ministro portugués Mario Centeno y más recientemente con el austriaco Martin Kocher, que ha pasado de defender la cartera de Economía del ejecutivo de coalición, que lideran los conservadores de Karl Nehammer.

La Ley de Autonomía del Banco de España establece que el cargo de gobernador lo designa el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, entre quienes sean españoles y tengan reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios. Con carácter previo al nombramiento, el ministro de Economía comparecerá en el Congreso de los Diputados para informar el nombre de quien sustituirá a Pablo Hernández de Cos. Se trata de un paso obligado, según consta en el artículo 24 de la norma. Se prevé que el titular del ministerio, Carlos Cuerpo, acuda mañana a las 15:00 horas al Congreso y concluya así el trámite. A pesar de estos pasos formales, la tradición no escrita establece que el Gobierno elige al gobernador y el principal partido de la oposición decide el nombre del subgobernador, en un acuerdo entre ambos por los nombres. Algo que no ocurrirá en esta ocasión.

La imposición de Escrivá se percibe como una ruptura de los pactos de despolitización alcanzados hace poco con el PP, en un esfuerzo por recuperar la confianza en las instituciones. El acuerdo era evitar cualquier salto del Gobierno a organismos independientes como el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ahora, el nuevo gobernador se enfrentará al desafío de liderar en un entorno de creciente desconfianza por parte de una parte significativa de la clase política y de la opinión pública. Una de sus primeras tareas será reforzar los protocolos de independencia del organismo, para tratar de mitigar las preocupaciones que su nombramiento ha generado. Hace ya meses, en vísperas de este cambio en la cúpula, la entidad se autoimpuso, después de una auditoría, realizar análisis más recurrentes sobre la situación de las cuentas públicas nacionales.

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