Las pensiones privadas llegan a la construcción: “No es mucho, pero me dará para un viaje al jubilarme”

El plan de pensiones de la construcción ya es una realidad. La patronal y los sindicatos llegaron a un acuerdo el año pasado para crear un vehículo donde las empresas pudieran hacer aportaciones para que sus empleados acumularan un dinero que completara su pensión pública de jubilación. A fecha de 25 de agosto hay 524.000 trabajadores de 57.228 empresas que tienen este plan, con un patrimonio total de 108 millones de euros. Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), principal patronal del sector, se espera que llegue al millón de participantes en el corto plazo y alcance los 3.000 millones de euros en 2033. “No es mucho dinero, pero al menos me dará para pegarme un viaje y celebrar mi jubilación, cuando llegue”, explica David Casado, de 41 años, que trabaja en el departamento de pocería y alcantarillado de Aqualia (filial de FCC).

La CNC y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT pactaron en la negociación colectiva de 2023 que, además de una subida salarial, una parte de este incremento retributivo de los trabajadores iría a un plan de pensiones privado, gestionado por VidaCaixa (la filial de seguros y pensiones de CaixaBank). En concreto, sería un 1% del sueldo de 2022 (retroactivo), un 1% el segundo año (2023) y un 1,25% el tercero (2024).

Desde febrero, cientos de miles de trabajadores de la construcción ya han ido percibiendo aportaciones a su nombre. Las primeras, algo mayores porque se recoge el dinero pactado de años previos. “Tuvimos una reunión informativa, donde nos explicaron de qué iba esto. Luego nos mandaron una carta con nuestras claves en VidaCaixa, para que veamos el dinero que vamos acumulando”, apunta Casado.

La expansión de esta forma de ahorro para la jubilación a un sector como el de la construcción era una de las propuestas estrella de la reforma del sistema de pensiones privadas impulsada por el ex ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá (actual titular de la cartera de Transformación Digital y Función Pública). El Gobierno ha tratado con ello de desincentivar la utilización de los planes de pensiones individuales —por tener excesivas comisiones y dar poca rentabilidad—, a cambio de promover los planes de pensiones colectivos, que hasta ahora solo llegaban a empleados de grandes corporaciones y, durante unos años, a los trabajadores de la Administración General del Estado (entre 2004 y 2011, año desde el que los sucesivos Gobiernos no han aportado nada, pero sí lo pueden hacer los funcionarios). El objetivo es que estos planes privados colectivos lleguen a muchos autónomos y pequeñas compañías que nunca antes se habían planteado utilizar este tipo de producto financiero.

Tras el éxito del sector de la construcción, en la negociación de los convenios de la química, el metal, los grandes almacenes, agencias de viajes y corredurías de seguros han barajado, con mayor o menor determinación, este formato de ahorro para la jubilación. Sin embargo, “o mucho cambian las cosas o no parece que vayan a materializarse nuevos planes en estos sectores de forma próxima”, apuntan fuentes sindicales. Uno de los motivos para que estas conversaciones no lleguen a buen puerto es la reticencia dentro del sindicato Comisiones Obreras, donde ideológicamente se muestran abiertamente contrarios a los planes privados.

Juan Carlos Soriano es oficial de primera en la constructora Avintia, y presidente del comité de empresa. “Para la inmensa mayoría de los compañeros, esta es la primera vez que tienen un plan de pensiones”, reconoce. El sector de la construcción tiene unos niveles salariales relativamente bajos y mucha rotación lo que ha hecho que los trabajadores tengan difícil ahorrar. Ni con un plan de pensiones ni por otras vías. Soriano también echa cuentas y bromea: “yo ya tengo 54 años así que como mucho me va a dar para pasar unos días en Benidorm, y solo con el alojamiento incluido”.

Tanto Juan Carlos como David relatan cómo el recibimiento que tuvo esta medida entre los trabajadores del sector fue muy frío. La desconfianza y las reticencias eran la reacción más habitual. “Al principio nos lo tomamos mal, porque la gente prefiere el dinero en mano y no meterlo a un plan que no puedes tocar hasta dentro de años, pero poco a poco nos vamos acostumbrando”, apunta Casado.

Falta de cultura de financiera

Los recelos a destinar una parte del sueldo a un producto de ahorro-previsión no es una característica propia del sector de la construcción. En España, la fórmula tradicional de ahorro ha sido el ladrillo y, como mucho, los depósitos bancarios. De acuerdo con la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, menos del 30% de los hogares tiene contratado un plan de pensiones, y las cantidades acumuladas suelen ser bajas. Y, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), apenas el 10% de las personas que percibieron una pensión de jubilación recibió, además de la prestación pública, una privada.

Leonor Pablos, directora de Personas y Organización de la constructora ACR, explica que “la mayoría de los empleados no suele pararse a pensar mucho en el ahorro para la jubilación, y prefieren una mejora salarial a una aportación a un plan”. La directiva recuerda que en otros países como Suecia, Alemania o Reino Unido la previsión social complementaria está muchísimo más extendida, “en parte porque las empresas tienen más capacidad y en parte porque hay una regulación más proclive a este tipo de fórmulas”.

Además, como conejillo de indias que ha sido este sector a la hora de adoptar los nuevos planes, tras estos primeros meses de implantación, han surgido dudas entre los trabajadores y los propios promotores (empresas), pero sobre todo ha llevado a una reflexión a los sindicatos: el modelo de la construcción donde las aportaciones solo provienen de los trabajadores, que destinan al plan una parte de su subida salarial, no es el ideal y debe cambiarse.

Así lo opina el secretario general de la federación de la industria y la construcción FICA-UGT, Mariano Hoya, que próximamente deberá negociar las condiciones del nuevo convenio de la construcción. “UGT va a exigir que las empresas también aporten algo por sus trabajadores. Además de la parte de la subida salarial que se detrae a los empleados, la patronal tiene que entender que deben contribuir también”, apunta Hoya quien insiste en que este cambió será uno de los caballos de batalla en la negociación colectiva que viene.

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