Sindicatos y patronal negocian planes de pensiones privados para dos millones de trabajadores

Los planes de pensiones colectivos, reservados tradicionalmente para empleados de bancos, multinacionales, organismos públicos y grandes corporaciones, van a extenderse por el tejido productivo español en los próximos años. Patronal y sindicatos negocian la incorporación de este formato de ahorro para la jubilación (también denominado planes de empleo) en varios convenios colectivos. Los trabajadores englobados dentro de los acuerdos del metal, de grandes almacenes, agencias de viajes y corredurías de seguros —que suman más de dos millones de empleados— podrían tener una pensión privada con aportaciones de sus respectivas empresas en los próximos trimestres.

Fue el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien fijó la prioridad de que el ahorro colectivo para jubilación se desarrollara en el ámbito de la negociación colectiva, como la mejor vía para conseguir que los planes de pensiones lleguen a trabajadores de pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos. Y este mismo viernes el secretario de Estado de la Seguridad Social y pensiones, Borja Suárez, mantuvo una reunión con varios responsables sindicales en la que abordaron este asunto.

El sector que ha sido cabeza de lanza en este proceso ha sido el de la construcción. En julio de 2023, los sindicatos CC OO y UGT pactaron con la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) la constitución de un plan de pensiones simplificado —la nueva figura legal creada en la anterior legislatura—, que estará gestionado por VidaCaixa (filial de CaixaBank), donde las empresas irán realizando aportaciones en beneficio de sus plantillas. En concreto, un 1% del sueldo de 2022, otro 1% del de 2023 y un 0,25% del de 2024. Se trata de un producto que beneficiará de forma directa a más de un millón de trabajadores y puede llegar también a 400.000 autónomos. Se calcula que en un plazo de 10 años alcanzará un volumen de 3.000 millones de euros.

Tras este primer paso, otros sectores han empezado a mover ficha. La industria más avanzada es la del metal, que está negociando su próximo convenio colectivo que plantea incorporar un plan de pensiones de empleo simplificado en el que las empresas aporten para sus trabajadores. La patronal del ramo, Confemetal, ya ha concretado una propuesta a los sindicatos. Hasta 1,5 millones de trabajadores recibirán próximamente ofertas para planes de pensiones sectoriales, tanto empleados de la industria metalúrgica como de las actividades relacionadas (instalaciones, fontanería...).

Gregorio Gil de Rozas, directivo de la consultora de pensiones Willis Towers Watson, lleva meses de frenética actividad. “Hay mucho interés, tanto por parte de empresas como de sindicatos, pero también hay mucho desconocimiento sobre cómo funciona la figura del plan de pensiones, cómo son las aportaciones que se pueden hacer...”, apunta. Las plataformas de negociación sectorial, que reúnen a patronal y representantes de los trabajadores, recurren a este tipo de compañías para asesorarse sobre el proceso para lanzar planes de pensiones simplificados. Gil de Rozas considera que este “es el momento de los planes de pensiones de empleo” y que “la empresa o el sector que no lo tenga se estará quedando atrás”.

Sector de grandes almacenes

Otro de los convenios que podrían incorporar el ahorro colectivo para la jubilación es el de grandes almacenes, que reúne a compañías como El Corte Inglés, Carrefour o MediaMarkt. En total, más de 250.000 empleados. Aunque está vigente hasta diciembre de 2026, en la última negociación se incorporó un observatorio específico para analizar la inclusión de un plan de pensiones de empleo.

El sindicato mayoritario del sector es Fetico, con un 55% de representación. Su presidente, Antonio Pérez, es un convencido de la importancia de extender estas fórmulas de ahorro. “Fuimos nosotros quienes pedimos dejar la puerta abierta para incluir este plan de pensiones sin tener que esperar a que venciera el convenio”, recuerda. El año pasado, las negociaciones laborales se centraron en las subidas de sueldos para compensar la desbocada inflación, pero este año, según Pérez, “hay margen para que las empresas puedan plantearse hacer contribuciones a un plan colectivo para sus empleados”.

También es proclive a los nuevos planes de pensiones simplificados el sindicato Valorian, mayoritario en el sector de las agencias de viajes (más de 60.000 empleados) y en El Corte Inglés. Su presidente, Miguel Venegas, reconoce que están intentando que se incorpore el ahorro para la jubilación en el convenio de agencias, que vence a finales de 2024. “Creemos que es una buena forma de ayudar a los trabajadores a completar su pensión pública y también una vía de retención del talento”. Otro convenio que podría recoger la fórmula de los planes colectivos es el de la mediación de seguros (cerca de 80.000 trabajadores).

Fuentes de Comisiones Obreras, la representación laboral más importante en muchos convenios, reconocen que empieza a haber un viento de cambio a favor de este tipo de ahorro para la jubilación. José María Martínez, secretario general de la Federación de Servicios de CC OO, cree que “el mejor momento para constituir un plan de pensiones colectivos” fue “hace 20 años”, y el segundo mejor es hoy”. En las mesas de negociación donde están presentes, están defendiendo la generalización de este tipo de ahorro dotado por la empresa.

El mejor momento para constituir un plan de pensiones colectivo es hace 20 años. El segundo mejor es hoy”

Otros sectores que podrían abrir en los próximos meses el melón de la previsión social complementaria son el de hostelería —la Confederación Empresarial de Hostelería de España se ha mostrado a favor— y también el que impulsa la Asociación Retail Textil España (Arte), que agrupa a las grandes cadenas del comercio textil, como Inditex, H&M, Primark, Mayoral, Tendam y Hugo Boss. También se inclinan a ello las empresas adscritas al nuevo convenio de Marcas de Restauración Moderna (McDonald’s, Burger King, Rodilla, VIPS, Tagliatella...). “En este caso, el encaje es más difícil porque hay un alto nivel de rotación pero, precisamente, creemos que un plan colectivo podría ser un buen incentivo para sus empleados”, reflexiona José María Martínez, de CC OO.

Planes de promoción pública

Todas estas negociaciones muestran cómo la intención del Gobierno de impulsar este segundo pilar del sistema de pensiones empieza a dar sus frutos, aunque solamente en lo referido a los planes de pensiones simplificados (pensados inicialmente para pymes y autónomos). La otra figura que creó Escrivá, los fondos de pensiones de promoción pública, donde la administración tiene un importante peso en la comisión que controla la evolución de las inversiones, está teniendo más dificultades para arrancar.

La creación de estos fondos de promoción pública ha requerido más de dos años porque ha sido técnicamente complicada. El último paso para su arranque se dio a finales de diciembre pasado, con la inscripción de los 15 fondos abiertos por las cinco gestoras elegidas (Caser, Gestión de Previsión y Pensiones, Ibercaja, Santander y VidaCaixa).

De hecho, aunque ya se pueden adscribir, aún no se ha integrado ningún plan en fondos de promoción pública y fuentes del sector creen que será difícil que patronales, sindicatos y asociaciones profesionales lleven sus planes sectoriales a esos instrumentos. Con los planes simplificados, ya consiguen unas comisiones muy competitivas; y, a la vez, los agentes sociales mantienen un importante peso en la comisión de control que monitoriza el plan, lo que no ocurre con los fondos de promoción pública. “No hay incentivos para que estos planes se hagan en el seno de los fondos de promoción pública, que probablemente se quede relegado a los planes que hagan las distintas administraciones para los empleados públicos”, explican estas mismas fuentes. Esto complicará el objetivo del Gobierno de lograr que estos fondos gestionen 2.500 millones en tres años.

De hecho, esos instrumentos de promoción pública podrían terminar albergando sobre todo los planes colectivos de cualquier tipo de administración pública, pero para ello sería imprescindible que el Ministerio de Hacienda volviera a habilitar presupuestariamente a dichas administraciones para que retomen sus aportaciones a estos planes, recuerda el responsable de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CC OO, Carlos Bravo.

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