El Gobierno repartirá 867 millones entre las comunidades para impulsar la FP entre trabajadores y parados

La Formación Profesional (FP) se ha convertido en una de las grandes apuestas del Gobierno en su afán de diversificar la economía y reducir el abandono escolar y el paro juvenil. El Ejecutivo aprobará este martes, en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político, la distribución de más 867,28 millones de euros a las comunidades autónomas para acciones de FP dirigidas a la población activa, avanzan fuentes gubernamentales a EL PAÍS.

El grueso de la partida (696,5 millones), procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, se destinarán a oferta formativa para trabajadores desempleados. Otros 145,9 millones estarán asignados a formaciones de trabajadores ocupados. Los programas específicos convocados por las comunidades autónomas, tanto para trabajadores ocupados como para desempleados, contarán con 24,8 millones.

La distribución de este montante fue aprobada por las comunidades en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo dependiente del Ministerio. Andalucía será la comunidad más beneficiada con 137 millones, seguida de Cataluña (128), Madrid (110), la Comunidad Valenciana (96) y Galicia (72).

El número de alumnos de FP ha crecido un 35% desde que gobierna Sánchez, con 1.132.364 alumnos en el curso 2023-24. La legislatura pasada se crearon 250.000 nuevas plazas y el objetivo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que dirige Pilar Alegría, que además es la portavoz del Ejecutivo, es llegar a las 330.000 en la legislatura actual.

El presupuesto destinado a la FP se ha incrementado en un 865% desde 2019, con una inversión superior a los 6.500 millones de euros. Los datos resaltan que la FP ofrece una inserción laboral próxima al 90%. La población trabajadora que participa en cursos de FP se ha duplicado, pasando en solo dos años del 11,41% al 20%. Fuentes del Ejecutivo también resaltan que se han acreditado las competencias profesionales de más de un millón de personas, una cifra que espera doblar. Una de las prioridades que perseguía la ley en vigor era acelerar precisamente la acreditación de las competencias profesionales de millones de trabajadores, que pese a acumular años de experiencia laboral carecen de títulos que las reconozcan.

El Congreso aprobó la ley de FP vigente en diciembre de 2021 con el único voto en contra del PP. La norma aumenta el tiempo de formación en la empresa, impulsa el reconocimiento de las competencias profesionales de los trabajadores sin titulación y facilita la comunicación entre la FP y la Universidad. El Gobierno reivindica que con la ley de FP se está modernizando la rama educativa con mayor crecimiento de alumnado en los últimos años. Unos estudios considerados tradicionalmente de segunda fila frente a las carreras universitarias. La Moncloa, organizaciones empresariales y sindicatos, que apoyaron la nueva norma, consideraban clave la reforma de la ley para reducir la elevada tasa de desempleo juvenil, que se ha ido rebajando, pero sigue siendo encabezando las tasas comunitarias con un 27,7% entre los menores de 25 años, casi 13 puntos por encima del conjunto de la Unión Europea.

El bum de la FP tiene también sus sombras. Los centros públicos matriculan al 65,7% de los estudiantes de FP, aunque la última década su alumnado ha aumentado un 31,1% frente al 136,6% de los centros privados, un porcentaje que se dispara por encima del 450% si se tiene en cuenta solo a los centros privados no subvencionados, según un informe de CaixaBank Dualiza y Orkestra.

Acuerdo social

El fortalecimiento de la FP es una demanda compartida por los agentes sociales. Las principales organizaciones representativas de los empresarios, CEOE y Cepyme, abogan por esta vía de adquisición de conocimientos para cubrir las necesidades del mercado laboral. De hecho, tanto Antonio Garamendi como Gerardo Cuerva, líderes de ambas patronales, han alentado al Gobierno a estimular la formación profesional, no solo para formar a trabajadores que puedan ocupar los puestos de difícil cobertura actuales (principalmente aquellos de corte más técnico y con mayor demanda entre las pequeñas y medianas empresas), sino para preparar a la futura mano de obra en materias que serán fundamentales en un horizonte cercano, y que versarán alrededor de la inteligencia artificial.

Para los sindicatos, la adquisición de nuevos conocimientos y el reconocimiento de los mismos es también una forma de permitir a todos aquellos desempleados una oportunidad que les permita abandonar las listas del paro. Tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo, secretarios generales de UGT y CC OO respectivamente, han reclamado sistemas de actualización para los parados como fórmula para rebatir la denuncia, también recurrente en los últimos tiempos por parte de las patronales, sobre el aumento de vacantes en determinados sectores.

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