Los trabajadores de la Seguridad Social anuncian nuevas movilizaciones en septiembre

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la anterior legislatura, José Luis Escrivá, hizo malabares en mayo de 2023 para lograr frenar una revolución en la plantilla de sus funcionarios, que llegaron a convocar la primera huelga general en el sistema. Y lo consiguió. Los sindicatos desconvocaron el paro después de que Escrivá arrancara al Ministerio de Hacienda y Función Pública varios compromisos para la Seguridad Social en materia de personal. Ahora, más de un año después, CC OO, CSIF, CIG y ELA denuncian que los actuales responsables ministeriales “incumplen sistemáticamente el acuerdo que ellos mismos firmaron” y anuncian que retoman las protestas y movilizaciones.

Las citadas centrales sindicales, que representan a casi el 70% de los más de 23.000 trabajadores de la Seguridad Social en toda España, retomaron en julio las negociaciones para evaluar el cumplimiento de este compromiso, sin llegar a una nueva posición de consenso, apuntan fuentes sindicales. Por ello, tras el fracaso de estas conversaciones han decidido reanudar las protestas que hace un año casi les llevan a la huelga.

Las reivindicaciones tienen que ver fundamentalmente con las condiciones laborales de su plantilla. Aunque el equipo de Seguridad Social de la anterior legislatura creó más de 5.000 nuevas plazas en el organismo, parte de ellas fruto del acuerdo de mayo de 2023, los sindicatos se quejan de la lentitud con la que se están incorporando los nuevos trabajadores y, sobre todo, de que no se estén priorizando los procesos de promoción interna para cubrir las plazas. Además, las centrales convocantes —las principales en la plantilla, con la excepción de UGT— exigen “la convocatoria con carácter de urgencia de un macroconcurso para la cobertura de la totalidad de puestos de trabajo vacantes o con ocupación provisional”.

Ante el anuncio de protestas, en la Seguridad Social defienden que “el incremento de la oferta de empleo público, tras años de fuertes descensos de las plantillas por las políticas de recortes, han sido notorios en los últimos años”. Es más, recuerdan que las conversaciones con los sindicatos siguen en marcha: “Se han mantenido diversas reuniones, la última a finales de julio, y se han convocado grupos de trabajo sobre aspectos concreto para septiembre y octubre”, precisan en el ministerio.

Pero para los sindicatos los problemas de falta de personal persisten. “Además de lo que están tardando los procesos selectivos, alguno hasta tres años, una vez que el funcionario toma posesión de su plaza lo tenemos que formar los compañeros de más antigüedad durante seis u ocho meses, al tiempo que hacemos el trabajo”, explica el representante del CSIF en la Seguridad Social, Francisco Riesgo. A esto se suma que la tasa de reposición del organismo solo obliga a reponer las bajas que no se producen y no prevé creación de empleo neta por encima de las jubilaciones que se registren. “Si esto no cambia, aunque se repongan las bajas, en dos o tres años tendremos los mismos problemas de total caos en la atención al público que tuvimos hace dos o tres años”, añade el responsable sindical.

Dificultades con el teletrabajo

La otra gran cuestión incluida en el acuerdo de hace un año que está dividiendo a los responsables ministeriales y a los sindicatos es la puesta en marcha del teletrabajo en las entidades y oficinas de la Seguridad Social. El pacto que ahora los sindicatos acusan al Gobierno de incumplir determinaba que a partir del 1 de julio de 2023 se implantaría un día de teletrabajo a los empleados que lo solicitaran voluntariamente, siempre que las características de las tareas lo permitieran. A partir del 1 de enero de 2024 se podría llegar a dos jornadas de trabajo en remoto, con la misma exigencia de que lo aceptara el tipo de puesto.

Sin embargo, de momento, solo se permite una jornada, ya que, según fuentes de la negociación, la Seguridad Social ha llevado a cabo varios proyectos piloto en los que se ha puesto de manifiesto que el teletrabajo era incompatible con, por ejemplo, la atención al público. Pero los sindicatos insisten en reclamar “dos días semanales en todas las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, con vocación de ir ampliando los días a tres o más semanales, en línea con el modelo implantado para el resto del personal del Ministerio de inclusión con funciones de iguales o similares características”.

Entre el resto de reivindicaciones sindicales están la revisión de los complementos específicos y retribuciones ligadas al cargo, “dirigida a la totalidad de la plantilla sin excepción”; la creación de una Escuela de Formación y la implantación de itinerarios formativos; o a implantación de bolsas de trabajo específicas para el ámbito de la Seguridad Social, entre otros.

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