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El Gobierno prepara una oferta de empleo público récord para 2024 con 40.121 nuevas plazas

Solo UGT ha validado esta propuesta y el sindicato de funcionarios CSIF la rechaza porque no elimina la tasa de reposición, recorta plazas de personal laboral y no garantiza la ejecución de los plazos

oposiciones
Oposiciones a funcionario celebradas en Galicia.Óscar Corral
Raquel Pascual Cortés

El Gobierno tiente previsto aprobar en breve una nueva oferta de empleo público que supondrá un nuevo récord. Recoge alrededor de 40.121 nuevos puestos (la oferta de 2023 fue de 39.574) incluyendo tanto plazas de turno libre (nuevo acceso) como de promoción interna en la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. El texto aún no es definitivo y solo ha sido respaldado enteramente por UGT, por lo que las cifras finales que ha facilitado este sindicato podrían variar ligeramente antes de su próxima aprobación por el Consejo de Ministros. No obstante, fuentes del Ministerio de Transición Digital y para la Función Pública aseguran que “con este volumen de empleo, que incluye tanto la provisión de plazas de acceso por turno libre como de promoción interna, se garantiza la generación de empleo neto”.

Sin embargo, el sindicato de funcionarios CSIF ha rechazado el acuerdo porque “mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto, se pierden plazas de personal laboral respecto al año anterior y no garantiza la ejecución de los plazos”. Las centrales CC OO, CIG y ELA, también presentes en la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado (AGE), tampoco han respaldado la oferta del Gobierno para el empleo público estatal. Así desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, explican que su rechazo obedece a que la propuesta del ministro José Luis Escrivá “es, desde el principio de la negociación, pobre en términos cuantitativos y cualitativos” e impide recuperar efectivos y reducir el grave problema envejecimiento de las plantillas. Además, desde esta central acusan a los responsables gubernamentales de haberse negado a modificar las cifras en las sucesivas reuniones.

Pese al rechazo de la mayoría de las centrales que forman esta mesa, el Ejecutivo tramitará de manera inmediata el real decreto por el que se apruebe la oferta y será aprobado por el Consejo de Ministros antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así, las cifras definitivas aún podrían sufrir alguna variación antes de recibir el visto bueno definitivo del Ejecutivo, insisten fuentes de la negociación, que esperan la aprobación final de esta propuesta la próxima semana. En cualquier caso, según el borrador al que ha tenido acceso este diario, para el turno libre, se convocarán 20.840 plazas, frente a las 21.162 del año pasado. De estas destacan casi 15.000 puestos de funcionario, 2.124 de personal laboral o 2.525 de Justicia.

A estas casi 21.000 plazas del turno libre se suman los puestos de promoción interna de funcionarios en ejercicio. En este capítulo se sacarán como mínimo 10. 600 plazas, siempre según el citado borrador. Además, la oferta incluye nuevos empleos para las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (unas 6.520 en turno libre y más de 2.100 en promoción interna). Con todo, el total de la oferta de empleo público de 2024 se elevará, por primera vez, por encima de los 40.100 nuevos puestos.

Este año se mantendrá la denominada tasa de reposición, que ha limitado fuertemente la oferta de empleo público desde 2012 e impide la sustitución de todas las bajas en determinados sectores. El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, se ha comprometido a que dicha tasa no quede eliminada hasta 2025, pero los sindicatos han incluido en la negociación de este texto la necesidad de “superar” que la tasa de reposición sea el principal indicador que guía la elaboración de la oferta de empleo público.

En el documento elaborado por Función Pública se precisa que la oferta de este año se lleva a cabo en el marco de la prórroga de los Presupuestos de 2023, por lo que “continua la senda de recuperación del empleo público emprendida en años anteriores, no limitándose solo a reponer la pérdida de efectivos, sino también a posibilitar la generación de empleo neto”. Al mismo tiempo, se impulsará en su lugar la planificación de Recursos Humanos de la Administración General del Estado para una concreción más completa y orientada de la oferta de empleo público.

Según ha informado UGT, esta oferta también mantiene las medidas dirigidas a agilizar los procesos selectivos, que se prevé que se convoquen antes del 30 de noviembre de 2024, acumulada o separadamente con la oferta de 2023. Asimismo, apuntan que el documento mantiene el compromiso de reserva de un 10% de las plazas para la inclusión de personas con discapacidad, y de ellas un 2% se reservan para personas con discapacidad intelectual. Respecto a los procesos de estabilización, que afectan a más de medio millón de temporales en la actualidad, “el documento recuerda la necesidad de que finalicen antes del 31 de diciembre de 2024 para que se consolide la tasa de temporalidad por debajo del 8%”, indican desde este sindicato.

Todo esto no ha sido suficiente para sumar a un acuerdo sobre esta oferta a CC OO y a CSIF. Esta última central ha precisado este miércoles que las plazas que se van a ofertar no solucionan el déficit de 43.000 plazas que acumula la Administración General del Estado correspondientes al periodo 2010-2020 y advierten que esta situación se agravará porque el 60% de la plantilla se jubilará a lo largo de los próximos 10 años. Por todo esto, además de rechazar la oferta que ultima el departamento que dirige José Luis Escrivá, CSIF ha anunciado que se manifestará en Madrid el próximo jueves 27 frente al Ministerio de Hacienda —de quien dependen los empleados públicos— en protesta por el deterioro de las administraciones públicas y para exigir la última parte de la subida salarial pactada para este año.

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Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.
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