El puerto de Valencia adjudica las obras de su futura terminal norte por 592 millones de euros
La unión temporal de empresas formada por Acciona, Jan de Nul y Grupo Bertolín acometerá una obra que amplia la capacidad del recinto en cinco millones de contenedores
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha adjudicado este lunes las obras de construcción de su nueva terminal norte a una unión de empresas formada por Acciona Construcción, Jan de Nul y Grupo Bertolín. La nueva y polémica terminal de contenedores del Puerto de Valencia —que ha salido adelante a pesar de la oposición de sectores vecinales, ecologistas y políticos— tiene un presupuesto de 592 millones de euros y, una vez lista, ampliará la capacidad comercial del recinto en cinco millones de contenedores, que se añaden a los siete millones actuales.
La terminal se ubicará en aguas abrigadas de la ampliación norte, cuyas obras finalizaron en 2012, y tendrá una superficie que ronda las 137 hectáreas y los 1.970 metros de línea de atraque. La infraestructura contará con diseño, tecnologías y equipamiento de última generación, con una instalación totalmente electrificada, que permita atender los grandes buques portacontenedores en servicio, con elevados rendimientos tanto en las operaciones marítimas como terrestres, destacada la Autoridad Portuaria en un comunicado.
La terminal de cinco millones de contenedores estará completamente electrificada con energía de origen 100% renovable, un área de depósito totalmente automático y una terminal ferroviaria adyacente de 6 vías de 1.000 metros de longitud, que será la de mayor tamaño en España, y cuyas obras deberán completarse en 54 meses.
El Gobierno de España aseguró hace unas semanas el proyecto de ampliación, lo que pone fin a una espera de dos décadas en el imaginario empresarial y de la mayor parte del arco político valenciano, de más de una década desde el inicio de las obras, y de un año desde su aprobación por parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. La evolución de la ingeniería, las cuitas políticas, la magnitud de la infraestructura, y criterios y litigios medioambientales han sido algunas de las causas de esta demora.
Con el visto bueno del Gobierno sale adelante la licitación de la parte pública de la obra (dragado, muelle y relleno), a los que se sumarán más de 1.000 millones de euros que invertirá la naviera MSC, que se hizo con la concesión en 2019, para construir y operar en los nuevos 1,3 millones de metros cuadrados de terminal. Pese a que esta no será la mayor en superficie, la iniciativa sí supone la mayor inversión privada de la historia del sistema portuario español. La previsión es que conlleve la creación de 5.000 puestos de trabajo.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, insistió durante una de sus recientes visitas a la capital que el de Valencia es el primer puerto de España, el cuarto de la Unión Europea y está en la posición 20 del mundo en tráfico de contenedores. No en vano, canaliza el 40% del comercio exterior español de mercancía general en contenedor.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado a la salida del consejo el compromiso del Gobierno de España con una infraestructura que es “un motor económico” del que dependen miles de familias y que aportan mucho valor al PIB valenciano. Y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, añade que con esta obra la ciudad “despliega el potencial de su puerto porque progreso y sostenibilidad no están reñidos”, ha dicho.
Otras formaciones políticas, como Sumar y Compromís, se han opuesto a la ampliación. “Es un proyecto que se está intentando salir adelante en base a legislación ambiental totalmente desfasada, un proyecto que nace judicializado desde el origen y con una falta de seguridad jurídica flagrante”, ha criticado la portavoz de Compromís en Valencia, Papi Robles.
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