Una ampliación portuaria en el limbo

“Queremos que la Administración desista de hacer un proyecto que no responde a ninguna necesidad real de la economía y la sociedad valencianas. Y tiene efectos negativos muy importantes porque destroza el territorio”, defiende Pep Trasancos, portavoz de la Comissió Ciutat-Port, una plataforma de organizaciones ecologistas, vecinales y sindicales que lucha contra la ampliación norte del puerto de Valencia, iniciada con la construcción de un dique que está terminado desde 2012. Esta plataforma ha convocado el próximo viernes 16 de junio una manifestación en Valencia contra una obra que duplicaría su capacidad en tráfico de contenedores y movilizaría una inversión público-privada de más de 1.500 millones de euros.

El siguiente paso para culminar la ampliación es el proyecto constructivo de la terminal norte, a la espera desde diciembre de que el Consejo de Ministros lo autorice. “La información que tenemos es que el proyecto sigue en estudio”, dijo hace unos días el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Joan Calabuig. La propia vicepresidenta segunda del Gobierno español y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se opone a la obra.

Y mientras el Gobierno español se decide a autorizarlo, las elecciones autonómicas y locales del pasado 28-M han provocado un vuelco político en las principales instituciones de gobierno valencianas que, más que ponerlo en duda, reforzaría la realización del muelle norte. El PP, que puede gobernar la Generalitat con el apoyo de Vox, y el Ayuntamiento de Valencia en minoría respaldan una ampliación muy discutida medioambientalmente. El equipo de la virtual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no alberga dudas. “Instaremos al Gobierno de España a agilizar todos los trámites preceptivos para el inicio de las obras de la ampliación norte del puerto de Valencia, garantizando el cumplimiento de la normativa medioambiental”, responden a solo unos días de la investidura.

El debate sobre la envergadura de la obra portuaria y sus efectos sobre el medio ambiente ha enfrentado al puerto con organizaciones ecologistas, vecinales e incluso con partidos políticos como Unides Podem y Compromís, que han gobernado en coalición con los socialistas —favorables a una obra que tenga las garantías medioambientales—. La plataforma no ve la ampliación viable en una situación de emergencia climática que puede amenazar no solo las playas del sur de Valencia, en regresión, sino afectar incluso al Parque Natural de la Albufera, un humedal de agua dulce protegido, situado a tres kilómetros del puerto.

“Estamos en una época compleja para una aprobación inmediata [de la obra] pero creo que se es consciente de que la situación debe resolverse en cuanto las circunstancias lo permitan”, fue la reflexión del presidente del puerto de Valencia tras conocerse el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio próximo.

La protesta convocada por la Comissió Ciutat-Port el próximo viernes se decidió antes de elecciones y “aunque el panorama político ha cambiado, nuestro objetivo no lo ha hecho”, añade Trasancos. El portavoz sostiene que la única razón para construir esta terminal —con 137 hectáreas de superficie— es el interés de la naviera MSC —una filial construiría el muelle y lo explotaría—, que necesita más espacio en el puerto para sus operaciones comerciales.

“Queremos que el dinero del muelle norte se dedique a otras necesidades de los valencianos y exigimos que se derribe el dique porque actúa de auténtica barrera. Las playas al norte, como la Malva-rosa, vemos que se agrandan con los años, mientras las playas del sur tienen cada vez menos arena”, apunta Trasancos, que al igual que el resto de la comisión considera la lucha contra la ampliación algo transversal y no partidista. El dique, que costó unos 200 millones de euros y contó con fondos europeos, a partir del cual se construirá el muelle norte se terminó en 2012 pero la crisis paralizó lo que restaba de la ampliación. Ahora, con la emergencia climática y la guerra en Ucrania, el proyecto se pone cada vez más cuesta arriba pese a que la mayoría de las inversiones industriales en la Comunidad Valenciana no se entenderían sin la conectividad del puerto de Valencia. Ahí están las exportaciones de Ford o el proyecto de baterías de Volkswagen.

La oposición de la Comissió Ciutat-Port ha llegado a los tribunales. Han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el decreto del Ministerio de Transición Ecológica que otorgaba a la APV la capacidad de decidir como organismo autónomo si bastaba la Declaración de Impacto Ambiental de la ampliación de 2007. El tribunal suspendió cautelarmente la resolución ministerial, aunque fuentes del puerto insisten en que no afectaría a la ampliación porque Puertos del Estado, el órgano superior a la APV, es de la misma opinión a la luz de la normativa y los informes técnicos.

Los últimos recursos de la Comissió van contra el traslado de la nueva terminal de pasajeros, adjudicada a Baleària, de la zona norte a la sur del puerto, cerca del barrio de Natzaret, sin una declaración de impacto ambiental —la APV asegura que no es necesaria—, y contra el propio proyecto constructivo del muelle norte. Las posiciones están enconadas.

El próximo viernes una gran pancarta con el lema: No a l’ampliació del Port, encabezará la manifestación que partirá del paseo de la Alameda. La movilización ha sido apoyada por redes sociales por la cantante Eva Dénia, el escritor Rafa Lahuerta o el actor y presentador Arturo Valls. A la plataforma, que cuenta entre sus miembros con Per l’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en acció, El litoral per al poble o Fridays for future, se han adherido la Federació d’Ensenyament de CC OO, la Intersindical Valenciana y CGT, entre otras organizaciones. El alcalde de Valencia en funciones, Joan Ribó, de Compromís, anima a participar en ella desde sus redes sociales.

“Queremos que la manifestación sea lo más numerosa posible para hacerle ver al Gobierno que surja que la oposición a este proyecto no es de cuatro ni cinco sino que tiene un peso específico propio”, concluye el portavoz de Ciutat-Port.