Los sindicatos anuncian que el Gobierno aprobará el martes un alza salarial del 2% para los trabajadores públicos

El Gobierno aprobará el martes que viene una subida salarial del 2% a los tres millones de trabajadores públicos, según han anunciado este viernes en un comunicado conjunto CC OO y UGT. Este incremento, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, forma parte de un acuerdo plurianual y por ello ya se conocía la cifra. Sin embargo, Función Pública no confirma a este periódico si efectivamente el incremento se sellará en el próximo Consejo de Ministros. “Tanto ellos como Hacienda lo tienen más que hablado. Sabemos que irá al consejo del 25 de junio. Digan lo que digan lo tenemos confirmado”, dice Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos. CSIF, que rechaza el acuerdo en el que se enmarca esta subida salarial por considerarlo insuficiente, cree que el alza se debe a la manifestación que han convocado el jueves 27 de junio frente al Ministerio de Hacienda.

Este incremento, si se confirma, llega mucho más tarde de lo previsto. Ante la ausencia de unos nuevos Presupuestos para este año, el Gobierno y los sindicatos acordaron que la subida se aprobara en un decreto en forma de enmienda. La previsión era que dicha enmienda, registrada por PSOE y Sumar, se materializase en abril y que aplicara en la nómina de ese mismo mes o en el siguiente. Sin embargo, aún no se ha aprobado. “Somos conscientes de cómo transcurre la vida parlamentaria, de lo difícil que es sacar adelante cualquier cosa, y los empleados públicos no tenemos que estar pendientes de ello”. De ahí que, según explican los sindicatos, el incremento se vaya a aprobar en el Consejo de Ministros, sin especificar la vía elegida para ello.

Esta subida es una más de las ya aplicadas en los últimos años, en pleno huracán inflacionista y en base al acuerdo que suscribieron en 2022 los representantes de los trabajadores y el Ejecutivo. “En 2022 y 2023 se cumplieron los objetivos máximos recogidos en el Acuerdo Marco, lo que supone más del 7% de incrementos, a lo que habrá que sumar el 2% previsto para este año 2024, quedando pendiente posteriormente un 0,5% más si se cumplen los objetivos del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPC)”, decían recientemente las centrales en otra nota de prensa.

Ese 0,5% adicional, que no se confirmará hasta que termine 2024, pero que se reflejaría en las nóminas de forma retroactiva desde el 1 de enero, depende de la evolución de los precios. Aplicará, según el acuerdo de sindicatos y Gobierno, “si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024″. Esto es, si la inflación acumulada en estos tres años fuera mayor al 8%.

En España hay 2,97 millones de empleados públicos, según las últimas cifras de julio de 2023 recogidas en el Registro Central de Personal. Este incremento aplica a los trabajadores de toda la Administración pública, de la central a la municipal, pasando por la autonómica.

“Aunque tarde”, continúan UGT y CC OO, “se da un paso más en el cumplimiento del Acuerdo [Marco]. Todo ello después del trabajo realizado en las diferentes comisiones de seguimiento del Acuerdo y de la presión llevada a cabo por CC OO y UGT para hacer realidad el compromiso adquirido de la subida del 2,5%”. Los sindicatos destacan que siguen negociando “la jubilación parcial del personal funcionario y estatutario, con el objetivo de que se pueda cerrar el acuerdo antes del verano”.

“Con UGT y CC OO hay CERTEZAS [escrito en mayúscula], otros lo reclaman no siendo firmantes del Acuerdo”, añaden los sindicatos, en clara referencia al otro gran sindicato de funcionarios, CSIF. No participó en el pacto que establece en esta senda de subidas por considerarlo insuficiente: “La medida llega con seis meses de retraso y desde la firma del acuerdo salarial con CC OO y UGT, en octubre de 2022, los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 9,1%”.

La concentración del jueves, dice CSIF, “se produce para reclamar mejores condiciones laborales, la puesta en marcha de reformas pendientes, así como la mejora de la oferta de empleo público. El Gobierno y ambas organizaciones de clase se han apresurado a anunciar esta subida tardía (no solo fue un mal acuerdo, sino que además lo estaban incumpliendo), tras las presiones de CSIF”.

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