Las ofertas récord de empleo público apenas elevan la plantilla del Estado

La oferta de empleo público de 2024 marcará un nuevo récord: 40.121 plazas, más que nunca. La cifra aún no es definitiva, es la propuesta que el Ejecutivo ha trasladado a los sindicatos, pero fuentes de la negociación señalan que si hay variaciones serán nimias. Es una oferta ligeramente superior a la del año pasado, que ascendió a 39.574 y también fue la mayor hasta la fecha. En la misma línea fueron altísimas las de los años previos, lo que deja un total de 183.000 plazas oficialmente ofertadas (sin contar las de 2024) desde 2018, el primer año de Pedro Sánchez en el Gobierno. Sin embargo, la plantilla del Estado, la que se nutre de estas ofertas, solo ha crecido en 16.000 personas desde entonces. Es un aumento de un 3%, que ni mucho menos recupera el terreno perdido durante la crisis financiera. El altísimo flujo de jubilaciones explica la situación.

La plantilla estatal tocó techo en 2010, con 597.021 trabajadores. Entonces, aún con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, empezó una caída causada por la crisis financiera, que sometió a las cuentas públicas a un estrés sin precedentes en décadas. La contracción se profundizó durante la etapa de Mariano Rajoy, con un retroceso anual que llegó a ser de 26.605 empleados de 2013 a 2014. Por entonces, las ofertas públicas de empleo eran casi testimoniales, con entre 2.000 y 4.000 plazas al año.

Con la mejora de la situación económica, el PP potenció las ofertas y rozó las 21.000 plazas en 2017, lo que ni mucho menos compensó el desierto de los años anteriores. Esa época dejó el total en 512.577 empleados públicos en 2018, 80.000 menos que ocho años antes. “Las medidas que estamos tomando para fortalecer el empleo público llegan después de una década de fuertes recortes”, indica el Ministerio de Función Pública. “Aunque la tendencia ya se está revirtiendo, la creación de empleo neto de los últimos años no ha logrado todavía revertir la pérdida de empleo público acumulada por las medidas de austeridad poscrisis financiera”, señalan desde el departamento que dirige José Luis Escrivá.

Desde que Sánchez tomó las riendas del Gobierno en 2018, la oferta pública de empleo ha crecido cada año, con la única excepción de 2020 por la pandemia. Las 23.062 plazas ofertadas en la primera propuesta socialista son casi la mitad de las 39.574 de 2023 o las 41.000 que rondará la de 2024. Sin embargo, las plantillas apenas han mejorado desde entonces: entre 2018 y 2022 solo crecieron en 2.872 personas, un incremento minúsculo pese a que en esos años las ofertas rondaban las 30.000 plazas. La subida de 2023 respecto al año anterior es la mejor de los últimos años, con 12.741 empleos más.

59% mayor de 50 años

La principal razón por la que estas ofertas de empleo tan altas apenas mejoran la plantilla estatal es el caudal de salida que se da al mismo tiempo. “Aunque las cifras de las ofertas parezcan muy elevadas, la realidad es que básicamente sirven para cubrir las plazas de los que se están jubilando”, explica Verónica Carballo, portavoz de UGT Servicios Públicos en la Administración General del Estado. “Es un problema al que debemos encontrar solución, la edad media de la plantilla es altísima y solo estamos poniendo parches. Hace tiempo que avisábamos de que venía el lobo y ahora está dando el golpe”, añade la sindicalista.

Los datos avalan su análisis. El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas detalla la edad de suficientes trabajadores como para entender la dimensión del problema: de los 178.350 trabajadores de ministerios, organismos autónomos, agencias estatales y docencia no universitaria (son los cuerpos en los que el Ministerio de Función tiene datos etarios), el 59% tiene 50 años o más. Para poner en contexto esta cifra, en el conjunto del mercado laboral español este grupo de edad representa el 35%. “Además”, continúa Carballo, “sabemos que la media va a seguir subiendo en los próximos años”. Los empleados públicos estatales incluyen a los trabajadores de la Administración General del Estado, a los de la Administración de Justicia y los de los diferentes cuerpos de las fuerzas de seguridad y defensa.

Milagros Dorronzoro, secretaria de Negociación de CSIF, apunta a más razones que explican la debilidad de la creación de empleo estatal en los últimos años: “Hay unos retrasos tremendos en los procesos selectivos”. Pone como ejemplo la oferta de 2023, con buena parte de las plazas aún por convocar pese a que se deberían haber precisado antes que acabase el año. Su sindicato calcula que hay cerca de 50.000 plazas sin cubrir desde 2019. “La oferta de empleo de este año tampoco garantiza los plazos y la convocatoria se puede retrasar hasta 2025. Función Pública ha reconocido que hay miles de plazas (no concreta cuántas) que han caducado por una mala gestión y que no podrán volver a convocarse″, denuncia la representante de CSIF.

Tasa de reposición

La sindicalista de UGT explica que las tasas de reposición de este año son del 120% en los cuerpos con más necesidades, como la Seguridad Social, el Servicio Estatal de Empleo Público o la Dirección General de Tráfico, y del 100% en el resto. Esto quiere decir que en los departamentos más necesitados la plantilla puede crecer un 20% y en el resto se quedan como están, que entran tantos como salen. El ministro Escrivá se ha comprometido a eliminar la tasa de reposición, que, según su propio análisis, “promueve un crecimiento vegetativo de las plantillas”. En marzo dijo en el Congreso que quiere sustituirlo por un mecanismo con mirada plurianual, así como “un modelo nuevo de recursos humanos que permita desarrollar políticas de upskilling y reskilling (aprender nuevas funciones) permitiendo aprovechar al máximo el potencial de los empleados públicos y ofreciéndoles nuevas e interesantes posibilidades en sus carreras”.

El ministerio insiste en que entre 2013 y 2018 hubo el triple de bajas que incorporaciones, pero que desde 2021 esas salidas vienen siendo superadas por la entrada de trabajadores. “La transformación de la Administración que estamos acometiendo va a acelerar esa recuperación”, indica el ministerio, que cita varias medidas concretas, algunas en marcha y otras previstas: “La gestión previsional de efectivos (elaborar las previsiones de plantillas en función de la provisión de servicios públicos de calidad, y no en base a un crecimiento vegetativo como se hace tradicionalmente con la tasa de reposición), planificación de recursos humanos (ya aprobamos una Orden Ministerial en este sentido, Orden TDF/380/2024, de 26 de abril), acortamiento y mejora de los procesos selectivos, planes de incorporación de talento junior (MIR tecnológico, para facilitar el acceso de profesionales TIC con un mecanismo similar al de los médicos)…”.

Más empleados en otras Administraciones

La plantilla de empleados públicos se completa con los que trabajan para las Administraciones locales y para las comunidades autónomas, que no se incluyen en la oferta de empleo público que lanza el Gobierno. En julio de 2023 había 594.225 empleados en corporaciones municipales, ligeramente por encima de la Administración central, una cifra aún inferior a la máxima registrada, los 646.627 de 2011. Esta cifra tocó suelo en 2016 (547.825) y desde entonces ha recuperado casi 50.000 efectivos, un avance muy superior al de los organismos del Estado (desde entonces ha ganado unos 3.000 trabajadores).

A la vez, las plantillas autonómicas han crecido mucho más. Son las más importantes, dado que gestionan las competencias con más necesidad de empleo, como la sanidad, la educación y los servicios sociales. El sector sanitario ha crecido especialmente en los últimos años, sobre todo desde la pandemia. En su peor momento, en 2014, las plantillas autonómicas quedaron en 1.277.212 empleados. Desde entonces han crecido año a año ininterrumpidamente, hasta los 1.845.163 efectivos de 2023.

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