La Comisión Europea destaca la “mejora significativa” de la temporalidad por la reforma laboral y de la desigualdad por la subida del SMI

La Comisión Europea acaba de publicar un análisis del desempeño de España en empleo, capacidades e inclusión social. El documento señala problemas estructurales, como la altísima tasa de paro (12,1% en 2023, el doble que la media europea), el escaso éxito de las políticas activas de empleo, el desacople entre habilidades y necesidades del mercado, el exceso de sobrecualificados, el riesgo de exclusión social y la amenaza del precio de la vivienda. Pero también advierte tendencias a mejor: dice que la reforma laboral ha traído “mejoras significativas” en la proporción de contratos temporales y que las subidas del salario mínimo han contribuido a reducir “la desigualdad en ingresos”.

El informe de la Comisión destaca el problema que venía suponiendo para España la altísima tasa de temporalidad: “Desde los años noventa, la alta prevalencia del empleo temporal ha estado contribuyendo a una alta volatilidad del empleo y desigualdades de ingresos”. La proporción de contratos temporales marcó en el primer trimestre de 2024 un mínimo en este siglo del 15,7%. “La reciente reforma del mercado laboral ha traído mejoras significativas”, indica al respecto la Comisión. Antes de la aprobación de esta norma, que limita los escenarios en que las empresas pueden usar contratos temporales, el 25,6% eran de este tipo. “El alto porcentaje de contratos temporales se tradujo, entre otros aspectos, en tasas de pobreza laboral mucho más altas para los trabajadores temporales en comparación con los permanentes, así como en una menor acumulación de capital humano específico de la empresa y crecimiento de la productividad”, indica la Comisión.

Sin embargo, esta mejora no termina de trasladarse al sector público, donde estos contratos aún son un 29,5% del total, frente al 12,3% en la empresa privada, un mínimo histórico. “Los contratos temporales siguen siendo más del doble de prevalentes en el sector público que en el privado, la principal razón por la que España sigue estando 3,8 puntos porcentuales por encima del promedio de la UE en general (respecto a temporalidad)”, denuncia el Ejecutivo europeo, que señala la alta proporción de este tipo de contratos en el sector educativo y en el sanitario.

El Gobierno comunitario también diserta sobre los beneficios de las subidas del salario mínimo, que ha crecido un 54% desde 2018 hasta los 1.134 euros brutos en 14 pagas. Dice que el incremento de la menor retribución posible, las ayudas para combatir la inflación y la mejora de la cobertura del ingreso mínimo vital “contribuyeron a reducir la desigualdad de ingresos”. Eso sí, precisa que esta variable sigue siendo una de las más altas de la Unión Europea: “El 20% más rico de la población tiene unos ingresos que son 5,5 veces más altos que los del 20% más pobre [...]. La tasa de riesgo de exclusión social se mantiene alta, en un 26% y la pobreza infantil es particularmente alta”.

La Comisión destaca que el ingreso mínimo vital “está avanzando, aunque persisten desafíos en relación con la adecuación, cobertura y accesibilidad”. Indica que ha alcanzado “al 86% del grupo objetivo originalmente planeado”, una afirmación que no encaja con los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La Airef dice que un 58% de los potenciales beneficiarios no lo solicitan. “La cobertura actual solo representa el 20% de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social en España”, lamenta el informe, que también señala el problema de que se tomen en cuenta los ingresos del año previo para la concesión de la ayuda. “En 2022, se denegó el IMV al 69% de los solicitantes, en parte debido a que las verificaciones de elegibilidad se basan en los ingresos y la riqueza del año anterior, en lugar del año en curso”, sostiene el documento.

El informe destaca que “pese a las mejoras, la tasa de desempleo se mantiene alta en España” y que afecta especialmente a los jóvenes, los trabajadores mayores y los extranjeros. Para corregir este problema, la Comisión destaca la importancia de las políticas activas de empleo: “Aunque España ha aumentado el presupuesto dedicado a ellas un 40% entre 2020 y 2023, el gasto por desempleado sigue siendo bajo en comparación con la media de la Unión Europea”. La Comisión también subraya que la formación implementada por las oficinas públicas de empleo solo cubre una “pequeña porción” de los parados: un 6,6% en 2022. “Esto sugiere la necesidad de una mejoría en los servicios de estas oficinas”, indica el análisis.

Pocas vacantes, pero preocupantes

“Entre 2013 y 2022 la efectividad de las oficinas públicas de empleo para cubrir vacantes ha decrecido”, añade el análisis. Respecto a los puestos de trabajo sin cubrir, la Comisión destaca que España afronta “limitadas pero crecientes carestías de mano de obra”. Esto y el envejecimiento de la población, dice el informe, “podrían plantear cuellos de botella para el crecimiento y las transiciones verde y digital, si no se abordan adecuadamente”. Se destaca que la tasa de vacantes es del 0,9%, “muy por debajo del promedio de la UE (2,7%), pero por encima de los niveles previos a la pandemia (0,7% en 2019)”.

La Comisión cree que esta circunstancia y la alta tasa de desempleo “sugieren la existencia de desafíos de emparejamiento laboral”, que en buena parte se explican por el desacople entre las habilidades que requiere el mercado y las que ostentan los trabajadores. “Al mismo tiempo, España tiene una de las tasas más altas de sobrecualificación en la UE (3,9% frente al 22,2% en 2022), en un contexto donde uno de cada tres trabajadores con educación terciaria está empleado en trabajos poco cualificados (36% en 2020 frente al 2,2% en la UE)”. Para corregir este problema, el Ejecutivo comunitario anima a “aumentar la relevancia de los cursos de Formación Profesional”.

El informe también aborda los altos y crecientes precios de la vivienda en España: “Los desafíos de asequibilidad de la vivienda obstaculizan la integración social de los grupos desfavorecidos”. La Comisión subraya que “el aumento en los precios impide que los grupos vulnerables (por ejemplo, los jóvenes y aquellos en riesgo de pobreza) accedan a una vivienda adecuada, lo que crea barreras significativas para la inclusión social en ciertos casos e impacta en la capacidad para acceder al empleo y servicios básicos, como la salud y la educación”. En esa línea, destaca que “el bajo stock de viviendas sociales de España (2,5% frente al 9,3% en la UE) también tiene un impacto negativo en la falta de vivienda, con un promedio de 71,3 personas sin hogar por cada 100.000 habitantes”.

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