Extremadura es la comunidad que menos tarda en pagar a sus proveedores y Murcia la que más
El conjunto de las autonomías incumplió a cierre de 2023 con el plazo máximo de un mes que marca la ley para saldar las deudas comerciales
![Un hombre pasa por delante de un centro de salud en Madrid.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/FQ54W7M6BJBJNPOZ4Y7T5IAZVM.jpg?auth=f600e1aa5c409de6c23c2bfea1a40ff0115a9ec9bbb4560e864c699d48f19a81&width=414)
![L. D. F.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fb1242e32-aa76-4af4-87d9-a66838763646.jpg?auth=0622c9621829d3cd080ef61553c44f1da03f33a229e321f34e237d89ac37a163&width=100&height=100&smart=true)
Hay más de 45 días de diferencia entre el periodo medio de pago de la comunidad que más rápido salda las deudas con sus proveedores, Extremadura, y la que más se tarda, Murcia. Si la primera abonó sus pagos pendientes en 10,1 días promedio a finales de diciembre del año pasado, la segunda lo hizo en 56, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Otras seis autonomías incumplieron a cierre de 2023 el plazo máximo de un mes que establece la ley de morosidad para liquidar las deudas comerciales: Baleares (49,39 días), Aragón (43,66), Asturias (42,23), Madrid (42,11) y la Comunidad Valenciana (34,89). Entre las más ágiles, además de Extremadura, están Canarias (15,91) y el País Vasco (18,76).
En su conjunto, y aunque la mayoría de las comunidades liquidó a sus proveedores en menos de un mes, el periodo de pago de la Administración autonómica terminó el ejercicio en una media 30,5 días, una mejora con respecto al mes de noviembre, pero por encima del límite legal y del cierre de 2022 (26,68 días). En el ámbito sanitario, que supone un gran volumen en el caso de las comunidades, el plazo fue aún superior, de 37,60 días. Las demás Administraciones —central, entidades locales y Seguridad Social— sí se situaron por debajo del mes.
En el caso de la Administración central, el periodo medio de pago fue de 18,09 días en diciembre pasado, una reducción de 5,53 días comparado con el mes anterior. En el caso de las corporaciones locales, la media fue de 27,63 días —en términos trimestrales—, un resultado que también supone una mejora, mientras que para los Fondos de la Seguridad Social el plazo medio de pago en el último mes del año ha sido de 8,13 días.
La deuda comercial de las comunidades, es decir las operaciones pendientes de pago, superaba los 6.954 millones de euros a finales de diciembre. El grueso de ese importe se correspondía a operaciones corrientes, se contrajo con el sector sanitario y se generó en el ejercicio 2023. La ratio de operaciones pagadas fue de 27,72 días, un aumento de casi tres días con respecto a noviembre, compensado por un descenso de más de una semana, hasta los 34,31 días, en la ratio de operaciones pendientes de pago.
Retrasos
Para las comunidades no es lo mismo superar el plazo máximo legal de pago de 30 días de la normativa sobre morosidad que rebasar los 60 días que prevé la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). En este segundo caso se contemplan restricciones mucho más severas.
Las seis comunidades que en diciembre se saltaron el plazo de los 30 días —Murcia, Baleares, Aragón, Asturias, Madrid y la Comunidad Valenciana— deben incluir en su plan de tesorería cuánto van a gastar en liquidar a los proveedores cada mes para poder rebajar su periodo de pago. Además, tienen que comprometerse a medidas para subir ingresos y bajar gastos o de otro tipo que les ayuden a agilizar los trámites.
Sin embargo, ninguna de ellas ha pasado la barrera de los 60 días, un retraso que implicaría —si es reiterado—una suerte de intervención de las cuentas autonómicas por parte de Hacienda, con la aplicación de medidas “preventivas, correctivas” y, en última instancia, “coercitivas”.
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