Luis Planas: “Los agricultores han percibido el Pacto Verde como un despotismo ilustrado”

Luis Planas (Valencia, 71 años) está a punto de cumplir seis años como ministro de Agricultura, tiempo en el que se han sucedido una pandemia que paralizó la actividad económica, una escalada sin precedentes del precio de los alimentos y la entrada en vigor hace un año de una nueva Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027, clave para el futuro del campo en la UE y que está detrás de las actuales movilizaciones de los agricultores. Tras hablar con las asociaciones agrarias, el Gobierno español va a llevar este lunes al Consejo de Ministros de Agricultura de la UE un paquete de propuestas para simplificar las nuevas cargas administrativas que afrontan los beneficiarios de las ayudas agrícolas, flexibilizar algunas exigencias medioambientales y pedir más controles a las importaciones de terceros países que suponen competencia desleal.

En una entrevista en la sede del Ministerio en Madrid el pasado viernes, pocas horas después de que unos 500 tractores se concentraran a pocos metros, Planas admite que España no tiene una mayoría suficiente en Bruselas para sacar adelante las cláusulas espejo, que en los acuerdos comerciales permitirían exigir las mismas condiciones a las importaciones de terceros países que a los productos europeos. Pero asegura que, con “buenos argumentos e insistencia”, en la UE “se acaba ganando la batalla”. Además, el Gobierno reforzará los controles para cumplir la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe las ventas a pérdidas para evitar abusos entre pequeños productores. La cuestión es si las propuestas del Gobierno contentarán al campo y pararán las protestas.

Pregunta. Esta semana las protestas de los agricultores han llegado a la sede del ministerio. Llevamos tres semanas de movilizaciones. Usted dijo que había que escuchar a los agricultores. Ya lo ha escuchado, ¿qué ha oído?

Respuesta. He oído que hay preocupaciones muy serias sobre el presente y el futuro de la producción de alimentos. Lo que está pasando en España no es diferente de lo que está pasando en la casi totalidad de los miembros de la UE. Es un problema europeo, no nacional.

P. ¿Qué está pasando?

R. Principalmente dos cosas. Uno, que la producción sostenible de alimentos, la compatibilidad entre sostenibilidad y rentabilidad resulta difícil para muchos pequeños y medianos agricultores. Y dos, vemos que los agricultores y ganaderos consideran que su esfuerzo por proporcionar alimentos de calidad, cantidad y a buen precio está poco reconocido.

P. ¿Y escucha la UE a los agricultores?

R. Yo creo que ese es el espíritu de la propuesta que el pasado jueves presentó la presidenta [de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen], en el sentido de efectuar un diálogo europeo con los agricultores y con el sector rural. La Comisión Europea está reconociendo implícitamente que el proceso de adopción de la nueva PAC y el Pacto Verde no se hicieron de la mejor forma posible. En la elaboración de la nueva PAC se cruzó otro proceso, que no estaba previsto, que es la carga ambiental del Pacto Verde. Y ese injerto, del pacto verde en la PAC, se hace sin una discusión de fondo y eso ha generado bastantes problemas. Por eso, creo que los agricultores han percibido los objetivos del Pacto Verde como un despotismo ilustrado, como unas ideas impuestas desde arriba hacia abajo. Siempre he defendido que la única posibilidad de llevar a cabo ese tránsito a la sostenibilidad en la producción de alimentos es con los agricultores al lado.

P. Este lunes hay una reunión clave de los ministros de Agricultura en Bruselas. ¿Qué va a proponer España?

R. Voy a proponer un gran pacto rural para reconciliar a nuestro campo, para que tenga el reconocimiento económico, pero también del conjunto de la sociedad. Ese nuevo pacto rural necesita enfatizar los cinco pilares en que se basa la política agrícola común desde los sesenta: incremento de la productividad y de la innovación en materia de agricultura; mantenimiento de la renta de los agricultores; evitar oscilaciones radicales de los mercados agrarios; facilitar la seguridad alimentaria de los ciudadanos, y finalmente hacerlo a buen precio, a un precio razonable. Estos cinco elementos de la PAC originaria son perfectamente válidos; solo hay que ver cómo los declinamos.

P. ¿Cree que el sector agrario es un sector victimizado? La renta agraria y los márgenes del campo crecieron el año pasado. No hay ningún sector que tenga tanto apoyo público como el campo español. ¿Están sobreprotegidos?

R. En general los datos muestran que España es una potencia agroalimentaria y el sector es estratégico. Como ocurre en el resto de la economía, hay diferencias: tenemos grandes empresas, medianas, pequeñas, microempresas y autónomos… Hay realidades muy diferenciadas, en los márgenes de rentabilidad, en el enfoque de mercado, si es nacional o de exportación. Por ejemplo, en 2023 hubo 70.431 millones de euros en exportaciones agroalimentarias, cifras récord. Pero ¿exporta todo el mundo? No.

P. ¿La protesta del campo es básicamente patronal?

R. En España tenemos unos 260.000 agricultores por cuenta propia y el doble por cuenta ajena. Nos encontramos con varias realidades. Evidentemente las organizaciones agrarias son organizaciones patronales, pero los problemas son reales, fruto de la evolución de la sociedad. Estamos ante una revolución silenciosa, muy profunda, del sector agrario. Una revolución desde el punto de vista de la transformación de lo que se produce y de cómo se produce. Estamos ante un choque de placas tectónicas, ante un fenómeno sísmico social europeo. En el sector primario estamos viendo que el número de explotaciones agrícolas ha caído un 37% entre 2005 y 2022 en la UE. En España la disminución ha sido del 12,5%. Es algo que está pasando en toda Europa.

P. La Comisión publicó hace unos años un estudio que indicaba que el 80% de las ayudas van a parar al 20% de los productores. ¿Se corregirá?

R. Solo al final del periodo de la PAC se podrá ver hasta qué punto se ha conseguido ese elemento de progresividad.

P. Volviendo a las protestas, ¿cree que esconden un antieuropeísmo o anti cambio climático?

R. La problemática de la transición en el sector primario es real. El problema es que hay quien se intenta apropiar del campo. ¿El sector primario es un sector tradicional? En mi opinión no, pero es un sector de tradiciones y hay que respetarlo. Hay quienes juegan con ese elemento. En la agricultura española se aplican innovaciones para medir los niveles de humedad o usar drones para aplicar fitosanitarios, son pioneras en Europa. Pero a la vez se organizan procesiones para pedir al santo que llueva. Y para mí eso es una tradición muy respetable. A algunos les parece una práctica religiosa estrambótica, pero para mí es muy respetable. Evidentemente yo soy un político que toma decisiones basadas en la ciencia. Pero eso no nos debe hacer olvidar que quienes tienen que aplicarla son quienes viven en nuestro mundo rural. En España tenemos el 16% de la población que vive en el 84% del territorio y 84% de la población que vivimos en el 16% del territorio. Ahí no se puede establecer un muro entre unos y otros. Y ese es el problema de España y el problema europeo. Y en términos políticos, evidentemente es muy atractivo.

P. Estas protestas se han impulsado al margen de las organizaciones agrarias tradicionales, que desde fuera parecen arrastradas a las protestas para no perder influencia.

R. Hay de todo. Se habla mucho de los grupos de Whatsapp, que son un elemento de movilización, pero no de organización. Cualquier Administración pública, la Comisión Europea o el Gobierno de España necesitan interlocutores. ¿Les ha surgido una competencia a las organizaciones agrarias? Sí, y creo que es una realidad que todo el mundo tiene que asumir. Pero también es verdad que hay quien ha pretendido dinamitar desde un punto de vista político a las organizaciones agrarias. Evidentemente por eso la extrema derecha ha intentado pescar en este caladero.

P. Hemos visto a agricultores con pancartas con lemas políticos y contra la Agenda 2030.

R. La Agenda 2030 nada tiene que ver con eso. Es lucha contra la pobreza, lucha contra el hambre, pobreza infantil, educación y salud dignas. Cuando veo alguna pancarta en las protestas que piden derogar la Agenda 2030, pienso que quien está detrás puede o no ser un agricultor, pero su motivación no es agraria.

P. Las quejas reflejadas en las protestas se refieren a las importaciones.

R. En un país netamente exportador, ¿de qué se quejan los agricultores cuando hablan de importaciones? Una de ellas se refiere a las desigualdades en algunos elementos de la producción. Es lo que yo llamo las cláusulas espejo en la utilización de productos fitosanitarios. Y otra, por ejemplo, los costes laborales. Pero en esta segunda no creo que pueda haber un impedimento comercial. En alguno de los países del sur del Mediterráneo, el salario mínimo es igual que en países como Rumania o como Bulgaria. Una de las soluciones es impulsar la concentración de la oferta y la innovación. La producción agroalimentaria española no se caracteriza solo por el volumen, sino por la calidad. Y eso creo que es lo que tenemos que privilegiar. España no es un país low cost. No podemos proyectarnos como un país de bajo coste, porque no lo somos.

P. ¿Sufre el sector competencia desleal? ¿Se deben tomar medidas contra las importaciones?

R. Hay que tener en la cabeza una realidad: lo que piensan los consumidores. En unas elecciones, se utiliza la papeleta de voto para decir cómo queremos que sean las cosas. En el sector agroalimentario la papeleta de voto es el ticket de compra y el ciudadano manda. Pone el precio; el ciudadano elige lo que quiere y lo que no quiere. Y estamos apreciando cada vez más una diversificación de los gustos y las preferencias del consumo. Hay ciudadanos que piden que se le suministren ciertos productos los 12 meses del año. Quizás hay que tener la valentía, como están haciendo algunos en el sector de la restauración, de no utilizar productos fuera de temporada. Pero si queremos tener naranjas durante los 12 meses del año, entonces serán importadas. No nos equivoquemos, muchos de nuestros importadores son también nuestros exportadores. Consumir aguacates o naranjas todo el año solo se logra a través de importaciones. Por tanto, también ahí hay una decisión ciudadana.

P. ¿De la reunión de mañana en Bruselas se pueden esperar decisiones de calado?

R. Son medidas de gran complejidad técnica. He trabajado mucho con la Comisión Europea. Aunque leyendo sus papeles de los últimos días, se ve que la Comisión es una maquinaria formidable, pero a veces le falta alma política. España va a proponer que se simplifiquen algunos procesos. Hemos visto en este primer año de aplicación de la nueva PAC que hay ciertos problemas y que se necesitan ajustes. La Comisión también está reflexionando sobre una disminución del número de los controles, algo que hemos impulsado desde España. La cadena alimentaria es otro de los temas. En España hemos comprobado que prohibir por ley la venta a pérdidas funciona. Hemos sido pineros con esta ley, y vamos a pedir que se actualice la directiva. Y, por último, también voy a insistir en las cláusulas espejo, que es algo que vengo reclamando desde hace más de dos años. Hemos conseguido apoyos, como Francia, y tenemos el respaldo del Parlamento Europeo, pero aún no tenemos mayoría cualificada en el Consejo. Pero voy a insistir, porque mi experiencia europea me dice que con un argumento solvente y con insistencia se acaba ganando la batalla. Y estoy convencido de que esta la acabaremos ganando.

P. ¿Las cláusulas espejo no son proteccionistas? No se aplican por ejemplo en las importaciones de otros sectores.

R. La UE es uno de los polos regulatorios más influyentes del planeta, porque somos el mayor mercado de exportación e importación. Tenemos el acervo regulatorio más importante. Hemos situado los estándares ambientales muy altos. Ahora lo estamos incluyendo en los aspectos de sostenibilidad en nuestros acuerdos internacionales e incluimos un paquete básico de convenios sobre normas laborales. De igual modo podemos incluir normas relativas a la utilización de productos químicos o de antibióticos. Esto no tiene nada que ver con los costes salariales. Lo que estamos combatiendo es una desigualdad creada en la utilización de productos que son una ventaja competitiva, pero también que presentan riesgos, como el uso excesivo de antibióticos. Las cláusulas espejo no son un arma proteccionista, son un elemento importante para que la competencia sea leal.

P. Uno de los acuerdos comerciales más polémicos es el que tiene la UE con Marruecos.

R. El Gobierno español defiende un comercio internacional basado en reglas. La UE tiene numerosos acuerdos comerciales, entre ellos el acuerdo con Marruecos. Creo que lo que hay que hacer es cumplir estrictamente el acuerdo con Marruecos. Este incluye contingentes con tarifas reducidas de importación de determinados productos. También hay un objetivo cuantitativo que tiene que cumplirse. Uno de los puntos planteados a las organizaciones agrarias es el refuerzo de la vigilancia de la Unión Aduanera, para que los contingentes y los calendarios se cumplan.

P. Nuevos costes medioambientales, prohibición de vender por debajo de costes… ¿se tienen que acostumbrar los consumidores a que los alimentos sean más caros?

R. Un alimento tiene que valer lo que cuesta producirlo. Hay que tener en cuenta el conjunto de la cadena y normalmente entre el producto que se cosecha y lo que compra el ciudadano hay al menos entre 15 o 20 eslabones que intervienen en esa cadena de producción, que es más compleja de lo que la gente piensa. En ocasiones se simplifica en exceso. Un precio razonable para los ciudadanos es absolutamente necesario. Pero creo que los alimentos valen aquello que cuesta producirlos.

P. Pero durante dos años de crisis de precios de los alimentos, no se reforzaron los controles de la cadena, a pesar de que algunos, incluso desde el Gobierno, acusaron a los supermercados de estar forrándose. Desde el Ministerio se dijo que era un problema de inflación de costes y que la cadena funcionaba por lo general bien. ¿Por qué ahora sí se quiere reforzar? ¿Por la protesta del campo?

R. En la vida se aprende haciendo las cosas. Nadie nace sabio. Hay que mejorar las cosas todos los días. La ley de la cadena dio un paso adelante cuando se reformó en diciembre de 2021, sin el apoyo del PP. Los nuevos requisitos, además de prohibir la venta por debajo de costes, indican que los contratos por encima de los 1.000 euros deben estar por escrito. Es una auténtica revolución en un sector donde muchos tratos eran verbales. Hemos introducido un registro electrónico de contratos. ¿Qué pretendemos ahora? Primero, al crear la agencia estatal, elevamos no solo el nivel administrativo, sino la fortaleza de actuación. En segundo lugar, me he comprometido a los planes de inspección de oficio. Y revisar por ejemplo algunas cuestiones relativas a las sanciones, como la posibilidad de publicar el histórico de sanciones de alguna persona física o jurídica.

P. ¿Habrá más recursos para inspecciones?

R. Es nuestra voluntad. Pero la ley solo tendrá un mejor efecto práctico si hay una buena organización de la oferta. Es decir, nos hace falta que los productores se estructuren mejor.

P. ¿Impulsar una mayor concentración y organización en el sector primario?

R. Estamos intentando promover acuerdos de cooperación, de fusión, de integración. El sector agroalimentario español es atractivo para la inversión extranjera porque tenemos niveles de rentabilidad en algunos segmentos bastante altos, porque tenemos una dimensión no excesivamente alta y unos precios en las entidades relativamente bajos. Ha habido un interés de los fondos de inversión. Hay que impulsar el modelo cooperativo. En España tenemos 3.000 cooperativas, de todo tipo. Desde las que negocian un precio y lo ponen en el mercado para el eslabón siguiente a cooperativas con un modelo empresarial más desarrollado. Este es un modo de estructuración de la de la oferta, pero también cabe la posibilidad de estructuración por parte de empresas privadas o través de organizaciones de productores, o bien a través de las interprofesionales, que funcionan muy bien. Un buen ejemplo es el plátano de Canarias y sus campañas de promoción. Para mí es un modelo de referencia a nivel nacional e internacional.

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