Patronal constructora y sindicatos se unen para reclamar un cambio en la contratación pública

Con discrepancias en alguna materia y acuerdo en lo fundamental. Así se han presentado este martes la Confederación Nacional de la Construcción (CNC, la patronal mayoritaria del sector) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en una comparecencia conjunta para exigir al Gobierno un cambio radical en el actual sistema de contratación pública. Este, consideran, perjudica a empresas y trabajadores (el acento depende de si la denuncia la hace la patronal o los sindicatos), pero también a las Administraciones, que acaban con un porcentaje significativo de licitaciones que quedan desiertas. Los empresarios ponen el foco en la Ley de desindexación de la economía española que el PP aprobó en 2015 y acabó con un sistema estable de revisión de precios que permita repercutir un aumento de costes. Los sindicatos suman, además, la Ley de contratos del sector público, también de la época de Mariano Rajoy, porque dicen que provoca una “subasta” a la baja en las ofertas que se acaba traduciendo en peores condiciones laborales.

Para la CNC, que ha actuado como anfitriona de la convocatoria en su sede de Madrid, el punto de partida es grave. El presidente de la organización, Pedro Fernández Alén, ha señalado que España ha vivido un “bienio de oro” para la contratación pública. Con el impulso de los fondos europeos, cada año se han lanzado convocatorias por alrededor de 30.000 millones. Pero la sensación es agridulce porque no todo se está materializando. La patronal lleva tiempo denunciando que muchos concursos no se llegan a ejecutar porque las condiciones económicas los hacen inviables para las empresas. Según el último informe de Oirescon, el organismo independiente del Gobierno que vigila la contratación pública en España, en 2022 quedaron desiertas el 9,9% de las licitaciones. Y en el caso de las concesiones (contratos para la prestación de servicios) esta circunstancia afectó al 20,5%.

El contexto de subida de costes por la inflación y otros factores como las subidas salariales, ha dicho el presidente de la patronal, “está haciendo que se reduzcan las ofertas que se presentan a las Administraciones y que en muchas de las licitaciones las empresas renuncien, desistan o las abandonen”. Por eso Fernández Alén ha pedido recuperar y mejorar mecanismos como el sistema de revisión de precios extraordinario que decayó hace un año, pero, sobre todo, volver al “de antes de 2015″. Es decir, un modelo “estable en contratación pública, con índices de revisión de precios que fije el Ministerio de Hacienda basándose en el INE”. “Lo que no tiene sentido es que no haya un sistema en el que si se dispara el petróleo o el aluminio no se revise el precio del contrato y se compense a quien tiene que ponerlo”, ha añadido.

Los sindicatos coinciden en la necesidad de reformular la contratación pública por las consecuencias negativas que tiene sobre las condiciones laborales de muchos trabajadores. Pero han puesto el énfasis sobre la ley de contratación. Mariano Hoya, secretario general de UGT-FICA, ha calificado esa norma como “lo más preocupante” porque cree que provoca que “el que licita más bajo se lleva el contrato” y eso está llevando a “servicios públicos cada vez más devaluados y peores”.

Por parte de CC OO del Hábitat, su secretario general, Daniel Barragán ha insistido en que la reforma de las leyes de desindexación y de contratación pública son “un paquete indisoluble” para los sindicatos. Barragán ha insistido en que se dan demasiados ejemplos de “contratación pública poco ética, que se convierte en una oscura subasta porque la ley lo permite”. Y en ese sentido ha reivindicado un cambio legal para “marcar un mínimo por debajo de lo cual no se puede licitar”.

Diferencias entre las partes

Las divergencias entre patronal y sindicatos afloran en lo esperable. Además del encarecimiento de materiales y costes como la energía, en los últimos años también ha subido el precio de la mano de obra, sea como consecuencia de la escasez de la misma en la construcción o de los sucesivos aumentos del salario mínimo. Los empresarios han pedido que los sistemas de revisión de precios incluyan estos aspectos y los representantes de los trabajadores han incidido en que unas condiciones salariales “dignas” y la seguridad laboral son innegociables.

Pero frente a los ministerios de Hacienda y de Economía, a los que competencialmente les correspondería reformar la legislación actual en contratación pública, ambas partes están dispuestas a mostrar unidad de acción. “Si nos piden un acuerdo a nosotros, en una semana tienen un papel encima de la mesa”, ha asegurado el presidente de la CNC. Barragán, de CC OO, ha secundado ese llamamiento: “Cuando nos ponemos de acuerdo patronales y sindicatos mayoritarios es por algo”, ha reflexionado. “Lo tenemos claro porque es positivo y razonable; y además es algo sano tanto para la economía empresarial como la de los trabajadores, y creo que también para las Administraciones”, ha concluido.

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