Trabajo modificará los supuestos en los que las empresas pueden despedir a un empleado con invalidez permanente

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que su departamento impulsará “con carácter inmediato” la revisión de los supuestos en los que normativa laboral española permite el despido de trabajadores con una invalidez permanente. “Son modificaciones que afectan a la vida de la gente”, ha señalado Díaz, tras adelantar que esta revisión legal se abordará en un espacio independiente respecto de la reforma global del despido que también ha planteado su Ministerio.

“Con carácter inmediato, desde Trabajo vamos a ejecutar una modificación legislativa para que las personas con una invalidez permanente no sean inmediatamente despedidas al adquirir esta condición”, ha adelantado Díaz durante su intervención en la clausura de las jornadas El futuro del empleo, el empleo con futuro, organizadas por el sindicato UGT. “Estas modificaciones, como la reforma del artículo 49 que se aprobó ayer [en la que se retiraba el término disminuido por persona con discapacidad], afectan a la vida de las personas, y en los próximos días se va a producir esta modificación legislativa que afectará a un colectivo muy importante en España”, ha defendido.

El anuncio se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia conocida este jueves, considerase “contraria a la directiva europea” la normativa española que permite la rescisión inmediata de la relación laboral de un trabajador en situación de invalidez permanente. Sin embargo, la vicepresidenta Díaz no se ha referido a este pronunciamiento como motor de la propuesta del cambio que impulsará su departamento de manera inmediata, sino a las reclamaciones que viene realizando de manera recurrente el Comité Español de Representantes de Personas con Incapacidad (CERMI).

En su pronunciamiento —derivado de una consulta elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por el despido de un trabajador que perdió su empleo tras fracturarse un pie—, el TJUE destaca que una normativa nacional en materia de Seguridad Social “no puede convertir la discapacidad del trabajador en una causa de despido”, sin que el empresario esté obligado, con carácter previo, a prever o mantener ajustes razonables para permitir a dicho trabajador conservar su empleo, ni a demostrar, en su caso, que esos ajustes constituirían una carga excesiva para él”.

Al mismo tiempo, Díaz ha explicado que se trata de una reforma que se celebrará con mayor urgencia que la reforma global del despido que también encabeza Trabajo —aunque ha explicitado que ”también se definirá en el marco del diálogo social”— y que busca aumentar las indemnizaciones en los despidos improcedentes, por considerar que el sistema actual no cumple con el principio de reparación que exige la normativa europea. Un planteamiento que capitanearon desde un inicio los sindicatos UGT y CC OO, que presentaron una demanda contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, y cuya resolución está prevista para el primer cuatrimestre del año.

Salarios abusivos

La vicepresidenta segunda también ha replicado a las acusaciones de “populismo” lanzadas por el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, después de que Díaz considerase “elevadísimos” los salarios de los directivos de las empresas, y promoviese un debate al respecto. “Si queremos que los directivos de este país se vayan fuera de España, si queremos que el talento se vaya fuera de España, si queremos perder el tren, si lo que queremos no es crear riqueza, sino repartir la pobreza, pues juguemos ese partido”, indicó Garamendi.

“No hemos propuesto ninguna media al respecto de las retribuciones abusivas de los empresarios”, ha comenzado aclarando Díaz. “Sino que nos hemos referido a los datos que evidencian la distancia retributiva que existe entre los trabajadores y sus directivos: los presidentes ejecutivos de las empresas del Ibex 35 tienen unas retribuciones que son 174 veces más altas que las de sus trabajadores. Y estoy segura de que si la representación de los trabajadores estuviera presente en los Consejos de Administración esto no pasaría”, ha denunciado Díaz. “Tenemos que poner el foco en los salarios abusivos, y no en los mínimos”, ha concluido.

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