El ingreso mínimo vital solo llega al 5% de las personas sin hogar

Más necesitados y también más olvidados. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la red última de protección creada en 2020 para alcanzar las capas más vulnerables de la sociedad, solo llega al 5% de las personas sin hogar que tendrían derecho a percibirlo. Detrás de esta lacra hay un enorme problema de desconocimiento y barreras de acceso: muchos potenciales beneficiaros no lo solicitan porque no saben que existe o porque creen que se les denegaría. Si la cobertura se ampliara a todos los individuos sin hogar que cumplen con los requisitos, el gasto adicional para las arcas públicas sería de 130 millones —frente a los cerca de 2,3 que se emplean ahora—, una cantidad ínfima comparada con los más de 4.300 millones pagados en 2023 para la ayuda. A cambio, se lograría una espectacular disminución en la desigualdad de partida del colectivo, de hasta un 80%.

Estas son las principales conclusiones de un estudio elaborado por Nuria Badenes, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales (IEF). “Aunque la intuición indique que aquellos con más necesidad deberían solicitar el IMV con mayor probabilidad, en el colectivo de personas sin hogar se ha constatado que los costes de solicitud son tan elevados que no compensan las ventajas potenciales de su percepción”, destaca el documento.

Así también lo confirman distintas entidades sociales, como Cáritas. “El IMV es un derecho necesario e imprescindible y entendemos que se aprobó durante la pandemia en un contexto difícil. Pero pedimos que se cambie. El grado de complejidad de los requisitos de acceso es extremo, se exige muchísima documentación y no hay oficinas abiertas donde asesorarse presencialmente”, lamenta Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política de la organización. Todas estas trabas, si ya son de por sí una carrera de obstáculos para una familia vulnerable, se convierten en barreras infranqueables para las personas sin hogar.

El IMV se aprobó en 2020 a toda prisa como salvavidas para socorrer a los más desamparados en un momento de máxima necesidad. Su objetivo declarado es “la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza extrema”, ya que pretende garantizar una renta mínima a los más indefensos. Por eso es compatible con otros ingresos y prestaciones siempre que no se rebase una determinada cuantía. La urgencia en diseñarla, sin embargo, provocó fallos que limitaron su alcance y que en parte fueron subsanados con una flexibilización en los requisitos de acceso. De hecho, las personas sin hogar inicialmente no tenían derecho a la ayuda.

Pese a las mejoras introducidas, el IMV está lejos desplegar todo su potencial, como ha manifestado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en un informe que le ha valido un encontronazo con el Ministerio de Seguridad Social. El organismo concluyó que solo el 35% de los posibles perceptores cobró la ayuda en 2022. Constató, además, que de las 470.000 familias que cumplen los requisitos el 58% no la solicitó y destacó el elevado número de revisiones y solicitudes de devolución. La Seguridad Social, por su parte, no ofrece el saldo vivo de beneficiarios —solo el número de personas que en algún momento cobró la ayuda, 2,1 millones a cierre de 2023—, ni datos sobre cuántas personas sin hogar lo reciben.

Badenes construye su análisis en torno a los datos de la última Encuesta sobre personas sin hogar del INE, relativa a 2022 y uno de los pocos estudios que arroja luz sobre el colectivo. El organismo estima que hay unos 30.000 individuos en esta condición, una cantidad potencialmente infraestimada porque solo se consideran los municipios de más de 20.000 habitantes. La investigadora calcula que más del 90% de ellos cumpliría con los requisitos para cobrar el IMV y sin embargo no lo percibe. Las rentas mínimas de inserción, gestionadas por las comunidades autónomas, tampoco tienen gran penetración: un 86% de los encuestados asegura que no recibe ni estas ayudas ni el IMV.

Bajando a las causas de esta baja cobertura, un 12% asegura que no solicita las prestaciones por desconocimiento; un 56% porque cree que no cumple con los requisitos, una situación que en ambos casos tiene que ver con la falta de información y que se replica en otros países entre los estratos más vulnerables de la sociedad. Y eso se produce aunque el 84% de los encuestados haya tenido contacto con un trabajador social en el último mes. “La difusión del funcionamiento de las prestaciones económicas —y en concreto del IMV— a través de estos trabajadores [...] podría constituir una vía de disminución de los costes de información”, sugiere el trabajo de la investigadora del IEF.

Un estudio realizado por Hogar Sí añade que el 93% de las personas sin hogar no accede de forma autónoma a la información sobre el IMV. Miryam Martín Alonso, adjunta en Unidad de Soluciones de la asociación, puntualiza que el empadronamiento supone una de las mayores dificultades para el colectivo a la hora de tramitar la ayuda: “No tanto para aquellos que viven en una institución, pero sí para las tantísimas personas que se encuentran en la calle”. Tampoco es fácil para quienes tienen acceso a una vivienda, bien porque muchas veces no tienen contrato, bien porque la convivencia con la unidad familiar no les permite percibir el IMV. “También existe una dificultad en entender la realidad de las personas en situación de calle, que muchas veces no tienen ni acceso a la documentación”, añade.

Para poder cobrar el IMV se exigen, entre otras condiciones, haber residido legalmente en España durante un año, no superar ciertos niveles de renta y patrimonio, tener más de 23 años —con excepciones, a las personas sin hogar no se le requiere—, respetar los requisitos fijados para las unidades de convivencia y contar con la documentación necesaria para acreditar la identidad y la condición de vulnerabilidad. El importe máximo para un beneficiario individual es de unos 600 euros mensuales en 2024, que va creciendo en función del número de personas que integran el hogar.

Paradójicamente, los más necesitados, que son aquellos que recibirían una ayuda mayor, son los que menos probabilidad tienen de presentar la solicitud, debido a una situación de desarraigo más profunda, según reflexiona Badenes mientras desgrana los principales hallazgos de su estudio. Asimismo, a más tiempo en la calle, menos personas piden la ayuda, mientras quienes tienen la opción de dormir en un piso presentan un 51,6% más de probabilidad de percibirla. Los hombres tienen la mitad de probabilidad que las mujeres de pedirla; hay más posibilidades que la tramiten las personas que usan drogas; quienes buscan trabajo multiplican por 2,6 la probabilidad de tramitarla frente a quienes no lo hacen.

Miguel Lozano, trabajador social del albergue San Juan de Dios, situado en Madrid con una capacidad para unas 120 personas y gestionado por la red Faciam, confirma parte de estos supuestos. “Podemos acreditar la situación de sinhogarismo a quienes viven aquí y acompañarles en la tramitación de la ayuda, pero si tienen permiso de trabajo, su principal prioridad es buscar un empleo porque la cuantía del IMV es muy pequeña”, explica. “El problema es cuando nos encontramos con personas que nunca han pasado por los servicios sociales o han hecho la solicitud antes de llegar. Puede ser una locura porque no les llegan los requerimientos”. Entre las principales trabas menciona el requisito del empadronamiento y que se tengan en cuenta los ingresos percibidos el año anterior como límite de renta.

El estudio de Badenes también calcula cuánto se reduciría la desigualdad si todos los potenciales beneficiarios sin hogar cobraran el IMV. Aunque el impacto es reducido, al tratarse de cifras pequeñas, el margen de mejora es abrumador, de casi un 80% a nivel nacional —el índice de Gini pasaría del 0,625 actual al 0,503, donde 0 es la total igualdad y 1 la máxima desigualdad—. Sin embargo, cree que la cobertura de la prestación no aumentará si el nivel de desinformación sigue tan elevado. “No hay que diseñar nuevas prestaciones, sino hacer que las que hay funcionen”.

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