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España plantea un recorte anual de la deuda para cerrar un pacto sobre las reglas fiscales de la UE

El Gobierno asume la exigencia de Alemania para que los países rebajen su pasivo en un promedio de un punto del PIB cada año a cambio de hacerlo en varios ejercicios

La vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Economía, Nadia Calviño, la semana pasada durante su viaje a Nueva York.
La vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Economía, Nadia Calviño, la semana pasada durante su viaje a Nueva York.Angel Colmenares Ángel Colmenares (EFE)
Manuel V. Gómez

La negociación de las reglas fiscales podría por fin ir acercándose a su fin. Y una prueba irrefutable de eso es que ya asoman los objetivos numéricos mínimos en los ajustes fiscales que tendrán que asumir todos los países. Se trata de una exigencia y una línea roja de Alemania, que hasta ahora se había evitado plasmar en cualquier propuesta para que esa discusión no bloqueara el resto de la negociación. La oferta que España ha puesto sobre la mesa en vistas a la reunión de ministros de Finanzas de este viernes (Ecofin) plantea una rebaja media de al menos el equivalente a un punto de PIB en el volumen de deuda de los países que cargan con mayores pasivos a lo largo de sus planes de ajustes, que se pueden prolongar de cuatro a siete años. También apunta a que se fijará un objetivo de déficit del 1,5% del PIB, sensiblemente por debajo del límite máximo del 3% que marcan los tratados, para los países que no estén bajo ningún procedimiento de tutela de Bruselas, según la propuesta que el equipo que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.

Las cifras que ha planteado España, a quien le toca coordinar las negociaciones por presidir el Consejo de la UE durante este trimestre, no son definitivas. Habrá que esperar a la reunión que se celebrará en Bruselas, en el llamado Ecofin, para ver si hay acuerdo y si estos números se confirman. No obstante, fuentes de la negociación señalan que, al menos, las cifras referentes a la rebaja de deuda están bastante asentadas, pues han sido muy debatidas en las últimas semanas. La reducción mínima de un punto en su pasivo para los países que tengan una deuda superior al 90% del PIB fue puesta sobre la mesa por parte de Berlín antes de que la Comisión Europea lanzara su propuesta y fue muy mal recibida tanto por Bruselas como por los países más partidarios de la flexibilidad en las normas (Francia, España, Italia o Portugal).

Pero Alemania no ha cejado en su empeño. Finalmente se habría alcanzado un punto de encuentro al incluir que esa rebaja mínima anual de un punto sea una media a lo largo del periodo de ajuste y, por tanto, pueda distribuirse a lo largo de los años. Para los Estados con deudas que oscilen entre el 60% y el 90% del PIB, la rebaja tendrá que ser de medio punto. Fuentes de la negociación quitan hierro a estos objetivos con el argumento de que las simulaciones hechas para llegar a estos números apuntan que es una meta sencilla de cumplir.

También ha sido clave para que Alemania acepte tocar las reglas fiscales que se fije un objetivo de déficit en los presupuestos por debajo del 3% al que apunta como tope máximo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, nombre oficial de las reglas fiscales. Ese objetivo sería del 1,5% para los países “en circunstancias económicas normales”, es decir, que ya han cumplido con los planes de ajustes y, por tanto, se supone que están fuera de los procedimientos de corrección que contemplan las normas para los países que superan los volúmenes de deuda y déficit contemplados en los tratados de la UE.

La reforma de las reglas fiscales que puso sobre la mesa la Comisión Europea, después de un largo debate entre Bruselas y los Estados miembro, se basaba en un principio: planes de ajustes fiscales a medida para los países más endeudados de cuatro años con posibilidad de extender hasta siete si el país concernido aceptaba hacer reformas e inversiones que aumentaran su potencial de crecimiento. Para definir esas sendas, Bruselas calcularía cuál es la sostenibilidad de la deuda del país y extraería una regla de gasto por la que los desembolsos estructurales (sin contar el gasto en intereses y partidas coyunturales como parte del seguro de desempleo) presupuestarios no podrían superar los ingresos. Partiendo de este punto, la capital concernida y el Ejecutivo comunitario negociarían el contenido del plan y los compromisos para su extensión de tres años más. El pacto debería ser sancionado por el Consejo de la UE, o lo que es lo mismo, por los ministros de Finanzas en el Ecofin.

Límites a los trajes a medida

Ese principio se mantiene, pero la insistencia alemana ha introducido límites a esos trajes a medida conforme se avanzaba en las negociaciones. Primero fue la imposibilidad de que las reformas y las inversiones pactadas se dejaran para el periodo final del ajuste y que los países que superaran el 3% del déficit en sus presupuestos anuales deberían recortarlo a una velocidad anual de, al menos, el 0,5%. Ahora han llegado estos objetivos mínimos de rebaja de deuda y el de déficit.

Sobre estas líneas generales discurrirán las negociaciones el jueves y el viernes próximos. Es probable que lleguen resistencias de Italia, que lleva semanas advirtiendo que las negociaciones se están escorando demasiado hacia el lado alemán. No obstante, el borrador actual de los textos legales de la reforma contempla una de sus demandas: que en la primera ronda de los planes de ajuste se tenga en cuenta para su extensión de cuatro a siete años los compromisos del plan de recuperación de cada país, lo que facilita este paso considerablemente.

Si finalmente hay fumata blanca, fuentes de la negociación indican que habrá un pacto político y no un acuerdo total sobre los textos legales. Esto no supone, en principio, que vaya a haber más negociaciones, solo que algunos países tendrán que remitir los documentos pactados a sus parlamentos antes de darles el visto bueno formal.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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