La industria de defensa en España facturó el año pasado 12.135 millones, un 16% menos que en 2019 pese al auge del sector
Las empresas tienen a 210.000 personas en nómina y ofrecen una de las remuneraciones más altas de la industria, con una media de 3.522 euros, según un estudio de la patronal Tedae
El aumento del presupuesto público en Defensa, que el año pasado suscribió varios créditos extraordinarios y este ejercicio ha aumentado la partida un 26%, todavía no se refleja en las ventas de la industria del armamento, según se desprende de un informe presentado este martes por la patronal Tedae y elaborado por KPMG. En su conjunto, la facturación del sector en España en 2022 (incluida la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio) se situó en 12.135 millones frente a los 14.101 millones de 2019, un 16% por debajo. Desde 2020, el crecimiento se sitúa, de media, en un 6,3%.
Por subsectores el comportamiento ha sido dispar, como señaló este martes Begoña Cristeto, responsable de Industria en KPMG: “En seguridad ha aumentado un 34%, (la facturación es de 246 millones). El segundo más dinámico es el sector espacial, con un crecimiento del 14% y una facturación de 1.065 millones. Le sigue el aeronáutico (civil y militar) con un avance del 11% y 8.789 millones en ventas”, señaló. En la industria naval, con Navantia como referencia, las ventas alcanzaron los 1.200 millones, un 16% menos. La industria de la defensa terrestre, que representa el 11% del total, facturó 824 millones con una caída del 6%.
El conjunto de empresas aumentaron un 4% el empleo el año pasado, logrando una contratación de 211.000 personas (empleo directo e indirecto), el 24% mujeres. Es, señaló Cristeto, un empleo cualificado y bien pagado, con un coste salarial medio de 3.522 euros (la media nacional está en 1.907), por encima de la remuneración que pagan industrias como la automoción o la química. Con estas cifras, la contribución de las empresas de armamento al PIB nacional se sitúa en el 1,3%, en cálculos de la patronal, y su peso en el PIB industrial es del 6%.
Ricardo Martí Fluxá, presidente de Tedae, donde se integran Airbus, Indra o Sapa, reflexionó sobre los nuevos acontecimientos (en referencia a las guerras de Ucrania e Israel), que han hecho ver cómo está en juego la seguridad de las naciones y cómo éstas deben mantener, dijo, sus valores de “libertad y seguridad”. Por su parte, el teniente general Fernando José López del Pozo, director de política de Defensa, explicó los esfuerzos del Gobierno para ejecutar el incremento del gasto público de este año y destacó que la administración, los centros de investigación y las empresas deben hacer “un equipo sinérgico” para conseguir desarrollar la nueva estrategia industrial de la defensa. Una estrategia para la que la industria realizó unas inversiones en I+D de 1.169 millones, superior a la cifra de 2019.
El impacto fiscal de la defensa, también desgranado en el documento, es bajo en términos de recaudación de IVA, ya que la mayoría de los ingresos se obtienen vía exportaciones. Tedae calcula una recaudación del Estado en 2.610 millones vía IRPF de los trabajadores y por el impuesto de sociedades. También calcula una contribución total, incluidos efectos directos, indirectos e inducidos, de 17.392 millones de euros en el PIB.
El teniente general Fernando Miguel García y García, jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE), recordó que la defensa viene de un escenario presupuestario de “mucha austeridad”, y que ahora deben hacer más y más rápido. “Tenemos una situación óptima para catalizar un nuevo ciclo inversor. Hay una oportunidad de crecimiento espectacular. Si en la época anterior de austeridad hablábamos de colaboración pública privada con un espíritu voluntarista, ahora tenemos que ser deterministas para que los nuevos programas se desarrollen mucho más rápido y la entrada en servicio, operación y mantenimiento tenga un ciclo de vida integral”. Los Presupuestos Generales del Estado incluyen una asignación para este año de 12.827 millones, y se suman al compromiso adquirido por España para conseguir en el año 2029 una inversión en Defensa equivalente al 2 % del PIB nacional.
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